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Carlos Tünnermann Bernheim

Para abordar objetivamente la problemática de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que el gobierno central y el FSLN están organizando, es necesario partir del régimen jurídico que en la actualidad regula la participación ciudadana, legítima aspiración del pueblo nicaragüense, en contra de la cual nadie se ha pronunciado. Mucho se equivocan, entonces, quienes piensan o suponen que abogar por la participación ciudadana democrática y pluralista es adoptar una posición contraria a la participación y, mucho menos, es transformarse en “enemigo del pueblo” o “conspirador antigubernamental”.
Al contrario, defender la participación democrática y pluralista es defender un derecho fundamental del pueblo nicaragüense, consagrado en nuestra Constitución Política en sus artículos 2 y 50.
El artículo 2 claramente establece que el Estado nicaragüense se organiza como una democracia representativa, en la cual: “El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”. Este mismo artículo reconoce también el ejercicio de la soberanía nacional, que reside en el pueblo, de manera directa a través de dos instituciones, el referéndum y el plebiscito. Más adelante, en el artículo 50, nuestra Carta Magna establece que: “Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”.
Este precepto constitucional se desarrolla precisamente en la Ley Nº 475, “Ley de Participación Ciudadana”, del 19 de diciembre de 2003. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional tras un largo proceso promovido por la sociedad civil organizada, que demandó la reglamentación del principio constitucional de la participación ciudadana y elaboró el correspondiente proyecto de ley, negociando luego con la Asamblea Nacional. La existencia de esta Ley representa uno de los éxitos más notables de la sociedad civil, que no está dispuesta a dejarse arrebatar fácilmente una conquista que demandó varios años de luchas, debates y gestiones cívicas.
En su artículo primero, la Ley de Participación Ciudadana señala que su propósito es “promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ella al fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la Constitución Política de la República”.
El artículo 7 de la Constitución define a nuestra República como “una república democrática, participativa y representativa”, cuyos órganos de gobierno son “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral”. No habla de ningún otro Poder que los ya mencionados, por lo que afirmar que “el Poder Ciudadano es la expresión de la democracia directa” carece de asidero constitucional. Las únicas expresiones de la democracia directa que contempla la Constitución son el referéndum y el plebiscito, como vimos antes.
La Ley de Participación Ciudadana creó varias instancias de participación, a través de los Consejos de Desarrollo Departamental y Municipal, así como las Asociaciones de Pobladores. A su vez, la Ley de Municipios, en su artículo 36, establece que estas entidades “promoverán y estimularán la participación ciudadana local”, mediante mecanismos e instancias de participación, entre los que destacan los Cabildos Municipales y la presencia de los pobladores en las sesiones de los Concejos Municipales.
Finalmente, la Ley 290 facultó al Presidente de la República a crear los Consejos que juzgue convenientes como instancias intersectoriales de comunicación y articulación, que no manejarán presupuesto. El problema surge al pretenderse que los Consejos del Poder Ciudadano tengan facultades para constituirse en un nuevo Poder: el Poder Ciudadano, al cual deban supeditarse los poderes constituidos del Estado y las autoridades electas popularmente, como lo son los diputados, los alcaldes y los Consejos Municipales. Darle a estos Consejos facultades de tal naturaleza, sería fuente de constantes conflictos e incluso conducir a situaciones de ingobernabilidad, principalmente a nivel municipal, donde ya afloran serias resistencias al funcionamiento de los CPC.
El FSLN, como partido político, tiene perfecto derecho a organizar las estructuras partidarias que estime conveniente, de acuerdo con la Ley Electoral. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es pretender que tales estructuras sean expresiones de la democracia directa para el ejercicio del Poder Ciudadano, con las atribuciones que intenta darles, según aparece en documentos de educación sandinista, puestos en circulación.
Lo atinado y conveniente, en todo caso, sería perfeccionar los mecanismos legales ya existentes, para fortalecer la participación ciudadana democrática, libre y pluralista, en vez de dejar de lado toda la institucionalidad ya creada para sustituirla por otra forma de organización, con evidentes señales partidarias, donde es fácil advertir una estructura piramidal, que buscará como legitimar sus propias decisiones a través de una aparente “democracia directa”.