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La verificación es una etapa importante del proceso electoral. La Ley Electoral la establece como un derecho y un deber del ciudadano cuando estipula que estos deben inscribirse o verificar su inclusión en el Padrón Electoral en la Junta Receptora de Votos donde le corresponde votar, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el período que para tal efecto señale el Consejo Supremo Electoral (Artículo 45 de la Ley Electoral).

Consecuente con esta disposición, en los procesos electorales anteriores, el CSE ha habilitado cuatro domingos para que la ciudadanía acuda a las Juntas Receptoras de Votos a verificar si aparece en el Padrón Electoral, o para informar sobre su cambio de domicilio e indagar sobre la Junta Receptora de Votos donde le corresponderá votar, de acuerdo con su nuevo domicilio.

Extrañamente, y quién sabe con qué propósito, para este proceso electoral, el CSE decidió calificar la verificación ciudadana como “un procedimiento meramente administrativo”, contrariando lo establecido en la Ley. Además, según el artículo 48, quienes deben asumir la conducción de la verificación son las Juntas Receptoras de Votos y no simplemente empleados del CSE, y peor aún, si estos, como ocurrió en muchos casos, son militantes del FSLN o miembros de los CPC, a quienes los vecinos identificaron plenamente, según las denuncias hechas en los medios.

Y tienen que ser las JRV quienes lleven a cabo la verificación desde luego que el Art. 49 de la Ley Electoral dispone que son estas las que evalúan las pruebas de identidad de los ciudadanos, decisión que no debe quedar en manos de simples empleados administrativos del CSE.

Esta vez el Padrón Electoral no fue colocado en la parte exterior de los Centros de Votación, lo cual dificultaba al ciudadano conocer cuál era su JRV donde debía verificarse, ya que hay Centros de Votación donde funcionan varias JRV. Las explicaciones que dio el CSE, para justificar la ausencia del Padrón, no fueron convincentes.

En el pasado, el CSE daba adecuada publicidad a las fechas de la verificación, lo que no ocurrió así en esta ocasión. Todo se limitó a anunciarla en una rueda de prensa. El CSE no invirtió ni un centavo en publicidad. Fueron más bien algunos partidos políticos, como la Alianza PLI-UNE, quienes lo hicieron.

Pero se dieron otros hechos aún más insólitos, que justifican el calificativo de “remedo”, con que encabezamos este artículo. Estos fueron: No permitir la presencia de los fiscales de los partidos en los locales de verificación, a quienes tampoco se les entregaron sus respectivas credenciales, pese a que la verificación es parte del proceso electoral y la Ley manda que los fiscales de los partidos estén presentes en todas las etapas del proceso. Por supuesto, que tampoco se permitió la presencia de observadores. Incluso, se han reportado varios casos de agresiones físicas o verbales e intimidación policial contra los observadores de IPADE y Ética y Transparencia que se acercaron a los locales.

A los pocos ciudadanos que se verificaron no se les entregó la colilla o constancia que siempre se ha entregado y que sirve de garantía para que el ciudadano el día de las votaciones, en el caso que se le haya borrado del Padrón Electoral, pueda exigir que se le permita votar en esa JRV. Y más grave es la situación de los que reportaron cambio de domicilio, ya que sin la respectiva constancia le pueden montar la estrategia del “ratón loco”. El artículo 55 de la Ley Electoral obliga a que al ciudadano inscrito se le entregue una constancia de su inscripción.

En algunas zonas rurales los encargados de la verificación estuvieron diciendo a los campesinos que quien no se verificara no podría votar, lo que es absolutamente falso. El ciudadano, aunque no se haya verificado, con su cédula de identidad, debe presentarse a votar en su respectiva JRV y nadie le puede impedir que deposite su voto.

Quienes nos verificamos pudimos constatar la raquítica asistencia de ciudadanos y ciudadanas que acudió a verificarse, en buena parte por la falta de publicidad del CSE. Es, por lo tanto, increíble que ahora el Presidente del CSE califique de exitosa la verificación y afirme que el 53% de los inscritos en el Padrón Electoral se verificó. Si el Padrón ha sido establecido por el propio CSE en 3.8 millones de ciudadanos, eso significaría que más de 1.7 millones de nicaragüenses concurrió a los Centros de Votación. Pero nadie vio semejante asistencia que, en realidad, no pasó de un 18% del Padrón, como máximo, según la estimación de IPADE. Salvo que millares de conciudadanos se hayan presentado en forma invisible.