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El incidente en que se vio involucrado el periodista Eduardo Enríquez, que afortunadamente no desembocó en otra tragedia, puede ser leído de distintas formas, en dependencia del espectro político en que se ubique el lector. Lo importante es que permita abrir un debate público sobre la forma en que se manejan las “caravanas” en nuestro país, pues retrata una situación que le puede ocurrir a cualquiera, sin distingo de color político. Desde la época de Somoza, pasando por el gobierno revolucionario de los 80 y las administraciones sucesivas, las caravanas de seguridad han provocado graves incidentes, en varios casos con saldos mortales. Por ello urge prevenir ahora, antes que lamentar otra vez mañana.

Enríquez fue detenido por dieciséis horas, acusado de haber provocado un encontronazo con una caravana de seguridad personal que encabezaba el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. La Policía le acusó de obstrucción de la autoridad, de poner en riesgo la vida de los policías que protegían a Roberto Rivas y de conducir en estado de ebriedad, cargo que fue negado por Enríquez.

Lo que admitió Enríquez, cuya actuación debe juzgarse estrictamente en su carácter de ciudadano y no de periodista, es que sostuvo una fuerte discusión verbal con una caravana de seguridad que le interrumpió el paso en la zona de Metrocentro, y que tuvo una segunda discusión, exaltadas ambas partes, en el semáforo del hotel Hilton. Y luego fue objeto de una persecución por los agentes de seguridad hasta que finalmente lo detuvieron con disparos de armas de fuego que impactaron la llanta de su vehículo.

Pero, ¿por qué la Policía dispara a un vehiculo cuyo conductor no ha hecho uso de la fuerza contra la autoridad, y lo más que tuvo fue un altercado verbal? ¿Acaso no es ese un abuso de  autoridad, que pudo haber derivado en una tragedia como ha ocurrido en el pasado? ¿Es esta una práctica común de parte de los efectivos policiales que forman parte de la seguridad personal?  

Y lo que ocurrió después de ese incidente, revela una cadena de abusos empezando por la detención ilegal de Enríquez, una vez que fue plenamente identificado, y las autoridades habrían detectado que ni estaba armado ni pretendía atentar contra la vida de Roberto Rivas o de los policías. Pero, además, una vez en la cárcel en vez de facilitarle un contacto con sus familiares y su abogado, lo que hizo la Policía Nacional fue exponerlo al escarnio de los medios de comunicación oficialistas. Y aquí estamos ante otro problema, porque si la Policía Nacional quiere informar sobre una alteración al orden público que considera relevante, lo lógico es que llame a todos los medios de comunicación, en igualdad de condiciones, pero únicamente convocó a la televisión oficial y los medios del partido de gobierno, para que dieran una versión interesada de de los hechos, y de paso denigrar a un ciudadano que también es un periodista crítico del gobierno. Y uno se pregunta quien le da esas órdenes a la policía de Managua, y por que las acatan con tanta diligencia, a diferencia de lo que pasa cuando otras personas ponen denuncias de que han sido víctimas de agresiones o abusos por partidarios del gobierno.

Pero, bueno, afortunadamente, el liderazgo de la Policía Nacional decidió dar marcha atrás con este operativo, y el martes al mediodía desistieron en su amenaza de procesar judicialmente a Enríquez y lo dejaron en libertad sin cargos, solo con una multa de tránsito.

Supongo que el ciudadano Eduardo Enriquez sacará sus lecciones sobre este incidente. Pero al margen de sus propias responsabilidades como conductor, este caso notorio por la visibilidad del personaje involucrado, debería servir para plantear un debate público sobre cómo se ejercen los servicios de “seguridad personal” por parte de la Policía Nacional.  

Bastaría una audiencia pública convocada por la Policía, la Asamblea Nacional o a través de cualquier medio de comunicación independiente, para recabar el testimonio de centenares de conductores que han tenido alguna experiencia con estas “caravanas”. Seguramente habrá honrosas excepciones, pero se podrían documentar decenas de casos de cómo estas caravanas de seguridad se conducen en calles y carreteras con excesiva prepotencia y abuso de poder, apartando a los vehículos de forma arbitraria.

Habría que preguntarse, además, si acaso no existe un exceso de fuerzas y medios destinados para estas caravanas que se han convertido en uno de los símbolos del poder sin límites de este gobierno. Al funcionario más poderoso del país se le han contado hasta 30 vehículos en una “caravana”, haciendo esperar a largas filas de vehículos ante un semáforo en verde. Y aunque seguramente algunos justificarán este exceso de medidas de seguridad por tratarse del Presidente, ¿cómo se explica el despliegue de recursos para otros funcionarios e incluso allegados al partido de gobierno, que no son funcionarios públicos, que reciben esta protección policial en sus vehículos y casas particulares? ¿Cuántos recursos invierte el estado en estos servicios --incluidas las fuerzas de seguridad paralelas-, y cómo ha evolucionado el presupuesto de “seguridad personal” en los últimos años, mientras crece el delito en otras áreas?

Por último, y probablemente esto es lo que más interesa a los ciudadanos, la Policía Nacional está obligada a rendir cuentas y cada vez lo hace menos y de forma más deficiente. ¿Cuáles son las prerrogativas de las fuerzas de seguridad de estas “caravanas”?, ¿Cuál es el código de conducta que deben seguir ante los ciudadanos?, para que éstos sepan a que atenerse. Y sobre todo, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos, que se sienten atropellados y no tienen ante quien reclamar?

Estas son sólo algunas preguntas que deberían empezar a debatirse con urgencia, antes de que se produzca una nueva tragedia que lamentar. Los conductores tienen la palabra.