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Ph. D.  IDEUCA


Los países de América Latina, progresivamente, han incorporado la visión de derechos en la educación. Nicaragua lo hace desde hace poco. Tal enfoque, si bien es de aplaudir, aún encierra amplios desafíos difíciles de percibir.

Las políticas educativas con enfoque de derechos pueden ser vistas en tres dimensiones: Como la decisión de lograr el Derecho a la Educación en general; un segundo escalón se materializa enseñando los derechos humanos, piedra angular de los currículos educativos; el tercer paso supera el mero conocimiento para hacer de los derechos objeto fundamental de la práctica cotidiana del centro educativo.

Esta perspectiva permite ver la educación, no como una mera concesión u obligación constitucional, sino como un derecho natural con el que todos nacemos, y que ha sido reiterado por la Declaración Mundial de los Derechos Humanos y múltiples escenarios mundiales y regionales que luchan para que tales derechos tengan carta de ciudadanía en los países, encarnándose de forma activa en las sociedades. Lograr que tales derechos se hagan efectivos exige luchar para que los educandos se desarrollen integralmente como personas y puedan participar activa y críticamente como ciudadanos en el centro educativo y la comunidad.

La política del derecho a la educación, para ser realmente efectiva, debe traducirse en que los educandos que culminan modalidades o niveles educativos, apliquen en su actuación familiar, comunitaria y social, los derechos que han aprendido y practicado en el centro educativo, defendiendo los derechos de las mujeres y la niñez; los derechos del ambiente, de los animales; el respeto a la vida y la libertad de pensar y decidir de quienes les rodean. Cuando en la familia y la comunidad este respeto no se siente, cuando en el accionar político los partidos no lo evidencian, se desnudan dos realidades: La mínima efectividad de la educación, y la existencia de un Currículum Oculto de instituciones y autoridades que promueven antivalores, mostrando  contraejemplos en su actuación perversa e implícita contra los derechos establecidos en el Currículum de la educación oficial y las leyes del país. Al final, este Currículum Oculto calará hasta los tuétanos de los jóvenes, arrastrándoles a imitar actuaciones de poder, dominación, irrespeto, opresión, represión y violencia.

El centro educativo constituye la célula viva fundamental y esencial del quehacer educativo. En él se concretan las políticas e intencionalidades curriculares. La transformación curricular realizada hace tres años, responde a esta perspectiva, e incluye en sus contenidos y ejes transversales algunos de los derechos más relevantes. No obstante, es obvio que la brecha entre estas intenciones del Currículum Prescrito y el Currículum Aplicado en las aulas es aún muy amplia, en tanto no se enseñan los derechos ni se ponen en práctica lo suficiente.

Es fácil caer en la trampa de declarar la educación como un derecho general, sin arribar a una auténtica educación en derechos y a no ponerlos en práctica en el laboratorio del centro educativo. Siendo así, urge que la sociedad y el Estado logren concertar y aplicar políticas conducentes a que la educación abra, efectivamente, sus ventanas al conocimiento de todos los derechos y, sobre todo, a que estos se ejerciten en una práctica educativa compartida. Cuando esto no se logra, la educación envía un mensaje dual a los educandos: lo importante serán los derechos como lemas, pero no su práctica.

La calidad de la educación que se colige desde una perspectiva de derechos, trasciende la mera calidad de indicadores de conocimientos y destrezas, para lograr que los educandos edifiquen sus vidas con valores y actitudes reales, siendo personas de calidad para su familia, la comunidad, el país.

Son múltiples los ámbitos en que los actores educativos deben interactuar en una dinámica envolvente de derechos. Algunos ejemplos pueden ayudar:
-Desde la gestión de Dirección, su conocimiento y aplicación del Currículum, su capacidad de gestión y liderazgo en valores; búsqueda de amplia participación y consenso, priorizando la prevención y corrección de toda forma de violencia; dinamizando la Consejería Escolar, instrumento clave de prevención y cumplimiento de derechos, denunciando y corrigiendo todo lo que aparte de ellos; velando por un currículum de calidad, pertinente para los educandos y sus familias; impulsando transformaciones pedagógicas auténticas que tengan los derechos como principio de su actuación; afianzando competencias y calidad en el aprendizaje; y propiciando un clima psicosocial con respeto y promoción de capacidades y derechos.

-Desde la gestión pedagógica del Profesorado: Afianzando su conocimiento del currículum y los derechos, vertiendo transversalmente en sus actitudes su vivencia con los estudiantes y la comunidad; superando toda forma de exclusión, represión u opresión; favoreciendo, respetando y potenciando la diversidad, y aportando una educación de calidad.

-Desde los estudiantes y padres de familia, organizándose para demandar el cumplimiento de sus derechos, aportando crítica y propositivamente a la vida del centro; participando para lograr una educación de calidad y el cumplimiento de los derechos; superando todo aquello que violente derechos, generando actitudes de respeto, conciliación, superación de la violencia; respeto a su cuerpo y al de los otros, desarrollando una educación sexual sana, contribuyendo a erradicar toda forma de imposición, de violencia y de manipulación.