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Hace diecisiete años, un nueve de agosto de 1994 la Organización de las Naciones Unidas ONU se reunió para conmemorar la primera reunión del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en educación y sanidad desde un enfoque multicultural, clave para la sobrevivencia indígena. Además esta fecha en la ONU fue declarada como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Al hablar de pueblos indígenas nos referimos a los más de 370 millones de personas que habitan en setenta países del mundo y que, a pesar de sus diferencias étnicas, culturales y de procedencia geográfica, comparten una serie de aspiraciones comunes.

Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, los indígenas carecen de atención básica para la salud; de acceso a la educación; de control sobre la tierra y de falta de protección de sus derechos a la propiedad intelectual y cultural.

Todo ello hace a estas poblaciones más vulnerables y víctimas fáciles de la pobreza, los desplazamientos, las violaciones de los derechos humanos y de la marginación económica y social. Qué decir de las mujeres indígenas que son aún más vulnerables que los varones y están sujetas a una triple marginación: son mujeres, son indígenas y son pobres.

Aquí en Nicaragua una de las aspiraciones de los pueblos indígenas en el ámbito de la legislación ordinaria es el reconocimiento al sistema de organización, la protección al patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, artístico y cultural, el respeto a la propiedad comunal, los recursos naturales, así como las prácticas de la medicina natural tradicional, los conocimientos y tecnologías indígenas.

Hoy en día, lo más relevante de la lucha es la aprobación de la Ley de Autonomía de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, cuya decisión se encuentra en manos de los diputados que conforman la Asamblea Nacional.

Según informaciones de los dirigentes indígenas, uno de los obstáculos para que la propuesta de Ley no logre su aprobación es que algunos diputados son propietarios de grandes extensiones de tierra y la aprobación de la ley les afectaría por cuanto violan los derechos de los indígenas a hacer uso de los territorios ancestrales.

Desde la época precolombina, los pueblos indígenas eran los legítimos dueños de la tierra y sus territorios, concebidos como el entorno físico, cultural y ambiental, que permitía una relación armónica con la madre naturaleza.

Como todos sabemos estas tierras fueron arrebatadas por los invasores españoles que en el período colonial implantaron un régimen de terror y etnocidio de más de setenta millones de indígenas a lo largo y ancho de América Latina. Sin embargo, aunque parezca algo insólito, la corona española vendió a través de los conocidos títulos reales una parte de los territorios a los pueblos y comunidades indígenas, derecho que actualmente, es reconocido en el Art. 5 de la Constitución Política de Nicaragua

Muchas de estas propiedades comunales cuentan con suelos aptos para la agricultura (caso de la comunidad indígena de Sébaco y Matagalpa), ricos en minerales (Miskitos y Mayangnas), así como en recursos forestales en Telpaneca, Mozonte y San Lucas, lo que convertía los territorios indígenas en zonas atractivas para las elites y las empresas estadounidenses.

En este sentido, los pueblos indígenas demandan la aprobación de una Ley de autonomía, sin injerencia del Estado y que sean las autoridades indígenas quienes controlen la situación del territorio y rechazan todo proceso de neo colonización de sus territorios.

Cabe mencionar que la ratificación del Convenio 169 de la OIT, por el gobierno de Nicaragua, sumado a la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, debería permitir que la Ley de Pueblos Indígenas del Pacifico y Centro Norte de Nicaragua sea consultada ampliamente desde las bases comunitarias, en el marco de la implementación de estos instrumentos internacionales, para garantizar su coherencia con los derechos establecidos y reconocidos en los mismos.

Para los dirigentes indígenas la propuesta de la ley todavía contiene grandes vacíos, que pone en peligro la existencia de los pueblos puesto que legitimaría figuras y estructuras colonialistas impuestas por la colonia; como por ejemplo, las Juntas directivas; deslegitimaría o reduciría a figuras decorativas de vitrina (folklóricas) a las autoridades tradicionales, organizaciones propias ancestrales y permitiría la injerencia, manipulación de grupos de poder que violan el derecho a la libre determinación y la autonomía indígena.

La Ley debe garantizar el reconocimiento y revalorización de las raíces indígena originaria de toda la humanidad y pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. Para construir un futuro hay que aprender del pasado que sigue presente entre nosotros en la presencia de los pueblos indígenas que en todo el mundo han preservado formas de vida en armonía con la naturaleza.

Por otro lado, contribuir en el desarrollo de las capacidades de las autoridades indígenas, para incidir de manera más efectiva en el ámbito municipal, identificando los aspectos en los cuales se requiere promover cambios a fin de mejorar el entorno político para el impulso de un modelo de desarrollo adecuado a las particularidades culturales de los pueblos indígenas.

También la Ley debe establecer la educación laica, gratuita, bilingüe, intercultural, para educar a las nuevas generaciones en los valores culturales y fomentar el amor al territorio indígena. de los pueblos indígenas. Escribir la historia del despojo de las tierras a las comunidades, para conocer como han adquirido las tierras los ocupantes extraños de tierras indígenas.

La agenda de los pueblos indígenas, del Pacífico, Centro y Norte no termina aquí, falta mucho camino que recorrer. En este sentido demandan de la OIT y otras instituciones de cooperación solidaria a apoyar y acompañar en un proceso de diálogo y formación-capacitación dirigida a las instituciones del Estado, con énfasis en las municipalidades, por ser estas últimas con quienes mayores problemas han tenido históricamente y más han atropellado sus derechos, plantean el dialogo, para establecer una nueva forma de relación entre los pueblos indígenas - municipios y el Estado.