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Mucho se ha discutido si la actual Directora General de la Policía Nacional podría ser renombrada por el Presidente de la República en el cargo por otro período de cinco años, una vez se le venza el período por el que fue nombrada. Algunos han opinado que es posible ya que el sistema jurídico lo permite; otros, justificando el trabajo desempeñado por la Jefa Nacional lo ven con buenos ojos, sobre todo porque la persona de la actual Directora General, representa un punto de equilibrio social; por su parte otro sector, sobre todo miembros activos de la Policía, han manifestado que son obedientes de las decisiones del Presidente de la República, y que como están supeditados a la autoridad civil, cumplirán lo que él decida.

Podrían existir muchas más razones que le den méritos suficientes a la actual Directora General de la Policía Nacional, entre las que están las de índoles políticas, como para que se estime conveniente para la tranquilidad social, que sea renombrada en su cargo, pero como lo que debe respetarse en un Estado Social de Derecho, es precisamente la ley, no sería posible, o mejor dicho, no sería conveniente jurídicamente el omitir la norma jurídica, y obviarla en detrimento de los derechos de ascenso que tienen los otros miembros de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional. En todo caso, debemos atenernos al espíritu de la ley, y actuar en correspondencia, sobre todo, es el Presidente de la República el primer ciudadano obligado en respetar la ley y hacer que todos la respetemos.

Para tener un contexto jurídico concreto me permitiré formular un bosquejo sobre el tema en cuestión en base a lo establecido en la Ley No. 228 “Ley de la Policía Nacional”:

El Director General es nombrado por el Presidente de la República, entre los miembros de la Jefatura Nacional, teniendo como requisito ostentar el grado de Comisionado General. Dicho Director tendrá una permanencia de cinco años en el cargo y concluido dicho período pasará a retiro. El retiro es la salida de los Oficiales regulado por la Ley No. 228, pero estando en retiro podrán ser llamados por el Presidente de la República para cumplir misiones específicas en casos extraordinarios.

Visto lo antes expuesto, no cabe duda de que la actual Primera Comisionada debe retirarse una vez concluido su período, porque así lo dispone la ley. Para su cargo no hay prórroga, o re nombramiento, es una situación especial y debe cumplirse en todo su expresión. La intención del legislador es una sola: Vencido su período debe pasar a retiro. La Ley No. 228 es clara cuando determina qué cargos podrían prorrogarse y en ellos, sobra decir que, no está el cargo de Director General. En todo caso se debió incorporar tal situación en una reforma a la Ley No. 228.

Es importante resaltar que la Jefatura Nacional como órgano de dirección, está conformada por el Director General, tres subdirectores Generales y el Inspector General. Los subdirectores y el Inspector General deben ostentar el grado de Comisionado Mayor o Comisionado General.

El sometimiento de la Policía Nacional a la autoridad civil del Presidente de la República, no significa bajo ningún pretexto, obedecer órdenes contrarias al Estado Social de Derecho; no es justificable tampoco que se diga que como no hay recursos económicos para asumir el costo del retiro de la Directora General, mejor nos quedamos con ella por otro período.
Para todos es sabido, que la actual administración presidencial se ha caracterizado por transgredir el orden jurídico a todos los niveles, poniéndose en perspectiva que “el fin justifica los medios”, pero la verdad es que no debería ser así la política del gobernante, sino cumplir con el sistema jurídico.

Otro asunto que se considera a nivel social es que de pasar a retiro la actual Jefa Nacional se corre el riesgo de que el que sea electo por el Presidente de la República, tenga públicamente inclinación política partidaria hacia el partido de gobierno, lo que arrojaría por la borda todo el trabajado de profesionalización que se ha venido realizando en la Policía Nacional, dejando entonces de ser apolítica, apartidista y no deliberante. Eso sería catastrófico porque se convertiría, aun más, en un instrumento armado para el control de los disidentes del régimen.

Siendo objetivos, en muchas delegaciones departamentales de la Policía Nacional se respira la ideología del gobierno de turno y así se ha hecho ver en los murales que a lo interno de las estaciones policiales se han creado por efectivos policiales.
Cada miembro de la Policía Nacional tiene el derecho ciudadano de simpatizar con alguna ideología política partidaria, eso no está en discusión, lo negativo es que se convierta a la Institución Policial en un medio más de control ciudadano y en un cuerpo armado subordinado a las intenciones del partido de gobierno, intenciones que quizás no serían del bien común.

*Abogado y Notario