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La idea de que la comisión de un delito bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias con efectos análogos puede atenuar o incluso eximir la responsabilidad penal del sujeto, ha generado reacciones de asombro y desasosiego en amplios sectores de la sociedad nicaragüense. Así se ha rechazado abiertamente la posibilidad de que los estados de intoxicación por bebidas alcohólicas puedan tener un efecto atenuante (y menos aun eximente), pues en ese caso – razonan – se produciría la paradoja de que al sujeto sobrio que comete un delito de violación, por ejemplo, habría que aplicarle un tratamiento penológico más severo que al sujeto que lo ejecuta en estado de ebriedad, lo que conduciría lógicamente a que el delincuente, antes de cometer el delito, ingiera una buena dosis de alcohol para después alegar en su defensa que al momento de cometer el hecho se encontraba influenciado por la ingesta de tales bebidas.

Planteado de esta forma, es comprensible la zozobra que genera la afirmación de que una persona en estado de ebriedad puede invocar éste para obtener efectos eximentes o atenuantes; sin embargo, el análisis de la embriaguez (letárgica, plena o semiplena) como causa de inimputabilidad no debe partir de la consideración de que todo estado de intoxicación por consumo de alcohol o drogas conlleva per se a la exención o atenuación de la responsabilidad penal, pues para apreciar o no estos efectos es necesario determinar el origen e intensidad de la afectación. Con esto, es evidente que –tal y como hemos manifestado en otras ocasiones – somos partidarios de incluir la intoxicación por consumo de alcohol u otras sustancias dentro de las circunstancias que eximen (art. 34.2 CP) o atenúan (art. 35.2 CP) la responsabilidad penal, aunque normalmente a los estados de embriaguez suelen atribuírsele tan sólo efectos atenuantes. A continuación expondré brevemente el fundamento de esta postura.

Las causas de inimputabilidad, tradicionalmente enfocadas en las anomalías psíquicas (v. gr. la esquizofrenia), el trastorno mental transitorio o las alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (sordomudez), son circunstancias que inciden negativamente en la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a dicha comprensión. En otras palabras: si una persona imputable es aquella que puede motivarse por las normas jurídicas, de manera que es capaz de comprender la ilicitud de su conducta, el sujeto inimputable es aquel que carece de esa capacidad de motivación, es decir, no comprende el alcance negativo de su conducta frente al ordenamiento jurídico y, aunque llegara a comprenderlo, no es capaz de conducir su comportamiento con arreglo al nivel de comprensión efectivamente alcanzado. Desde esta perspectiva, pues, hay que admitir que –aunque no se trate de una enfermedad mental propiamente dicha – los estados de perturbación mental (graves, moderados o leves), provocados por la ingesta de bebidas alcohólicas, han de ser tomados en cuenta para modular la responsabilidad penal del sujeto; no obstante, es preciso aclarar que los estados de simple excitación derivados del consumo de alcohol se consideran irrelevantes a efectos penales (Mir).

De esta forma, aunque históricamente algunas legislaciones comparadas han reconocido  la incidencia de los estados de embriaguez en la comisión de delitos, lo cierto es que dicha circunstancia no siempre ha tenido un tratamiento uniforme, pues en unos casos se ha establecido la posibilidad de asignarle un carácter de eximente o atenuante, en otros el de simple atenuante y, finalmente, como circunstancia atenuante o incluso agravante de la responsabilidad penal. En cuanto a la legislación nicaragüense, el CP/1974 parecía retomar la segunda solución, esto es, admitir que los estados de intoxicación por alcohol sólo podían atenuar la pena (art. 29.5),aunque bien podía interpretarse que la embriaguez (plena) estaba recogida como eximente en el art. 28.1 CP, cuando hacía alusión a la “grave alteración de la conciencia”. En la actualidad, el CP/2008 no recoge expresamente los estados de embriaguez ni como eximente ni como atenuante; sin embargo, entiendo que pese a no estar contemplada de manera explícita, la embriaguez sí es una causa de inimputabilidad que puede reconducirse al “estado de perturbación”, plena o disminuida, a que aluden los arts. 34.2 y 35.2 CP/2008. Incluso podría interpretarse que la embriaguez plena tiene efectos eximentes cuando alcanza la categoría de trastorno mental transitorio (art. 34.1 CP).

Ahora bien, como hemos apuntado, no todos los estados de embriaguez pueden generar  efectos atenuantes o eximentes, sino solamente aquellos que no han sido provocados para cometer el delito o que debieron prever su comisión, siendo necesario por tanto atender al origen e intensidad de la embriaguez para determinar su relevancia. Así, por su origen la embriaguez puede ser preordenada al delito, voluntaria, imprudente o fortuita y, atendiendo a su intensidad, la embriaguez suele clasificarse en letárgica, plena, semiplena o la simple excitación. A la embriaguez preordenada al delito no se le confieren efectos atenuantes ni eximentes, en virtud de la construcción denominada actio libera in causa, también recogida en el art. 34.1 y 2 CP, según la cual el trastorno mental transitorio o los estados de perturbación provocados intencionalmente para cometer el delito no eximirán en ningún caso de pena. Por su parte, la embriaguez letárgica o plena sin intención de cometer delito alguno constituyen eximentes, la semiplena una atenuante y la simple excitación –como hemos dicho – es irrelevante.

Esta distinción es bastante oportuna para evitar soluciones paradójicas como la expuesta inicialmente, aunque hay que admitir que en muchos casos son los problemas probatorios los que harán dudar al momento de asignar a la embriaguez uno u otro efecto. Por lo demás, habrá casos en los que la solución es menos dudosa, así por ejemplo, en el ámbito de la violencia doméstica, el sujeto que ingiere licor con la finalidad de golpear a su pareja no puede invocar su estado para obtener un tratamiento penológico más benigno; tampoco podrá beneficiarse de la embriaguez cuando, pese a no ser buscada con el propósito de delinquir, era previsible o debía preverse que en tales condiciones el sujeto suele tornarse violento, al punto de inferir malos tratos habituales a los miembros de su familia. Del mismo modo, la persona que provoca un accidente automovilístico debido a su estado de ebriedad no podría ampararse en esta circunstancia para eximir o atenuar su responsabilidad penal, aunque –a diferencia del ejemplo de la violencia doméstica – el resultado producido (lesiones o muerte) se imputaría normalmente a título de imprudencia, ya que en el ámbito de la circulación quienes conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas suelen buscar de propósito el estado de ebriedad propiamente dicho, no así el resultado lesivo finalmente producido.

Pese a esto, también debe admitirse que en otros supuestos la embriaguez sí podrá incidir en la responsabilidad penal del sujeto, atenuándola o eximiéndola, según el origen e intensidad de la perturbación ocasionada por la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que el principio de culpabilidad (art. 9 CP), consagrado como límite de la potestad punitiva del Estado, supone una doble exigencia: que no hay pena sin culpabilidad y que la pena ha de ser proporcional al grado de culpabilidad, lo que en el ámbito de la embriaguez como causa de inimputabilidad se traduce en la incapacidad (plena o disminuida) del sujeto para comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a dicha comprensión.

*Becario Postdoctoral de la Universidad de Alcalá, España
Prof. de Derecho penal (UCA)