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Un gobierno para todos no existe en ningún lugar del mundo. Sería un gobierno sin contradicciones, con una ilusoria armonía social, fuera de los intereses reales de los distintos sectores sociales.

Conceptualmente, todos los gobiernos deberían tratar a los ciudadanos por igual. Es decir, con tal consigna formal de un gobierno para todos, la técnica propagandística no ofrece algo distinto a lo que formalmente está establecido en el ordenamiento legal de la nación. Es igual que levantar la Constitución en cada esquina mientras se avanza por las calles, con la esperanza de que la gente acuda a votar al ver la Carta Fundamental.

Pese a la Constitución, el sistema, en los hechos, es discriminatorio. En un país marcado por la desigualdad, la necesidad de cambio se debe dirigir a la inmensa mayoría atrapada por la pobreza.

Donde el 80 % de la población vive en estado de pobreza y el 45.1 % en pobreza extrema, agravada por los índices de desigualdad, ¿qué significa la consigna “Un gobierno para todos”? Una fuerza distinta tendría la consigna: “¡Un gobierno para los desempleados y hambrientos de este país! Y, más concreto aún: ¡Un gobierno de los trabajadores!

Un gobierno para todos es una consigna ambigua y esotérica como “Pueblo Presidente”. Tan falsa como ésta, pero, menos halagadora. Ambas, sin embargo, salen de una mente igualmente burócrata, sin idea alguna sobre las aspiraciones de las masas.

En los hechos, había que comprometerse, como haría un partido de los trabajadores con reducir los índices de desigualdad humana. De dieciocho países de América Latina - que es la región más desigual del mundo -, Nicaragua ocupa el onceavo lugar, con un coeficiente de Gini de 0.47. El PIB percápita, para colmo de males, es tan sólo el 34 % del PIB percápita promedio de América Latina.

O sea, que se unen, en Nicaragua, la desigualdad y el atraso extremo, para generar una situación explosiva, con elevados índices de pobreza.

El valor de los escasos bienes producidos es acaparado por una minoría insignificante. El 10 % más rico sistemáticamente acopia el 48.8 % de la producción nacional; mientras el 10 % de los más pobres recibe tan sólo el 0.7 % (setenta veces menos). La estructura jurídica sobre los bienes de producción y sobre la carga impositiva, no sólo traba el desarrollo, sino que, aún con crecimiento económico, no disminuiría la pobreza de las amplias mayorías.

Esta realidad es la que habría que atacar con prioridad. Un movimiento de los trabajadores tomaría decisiones muy distintas a lo que un tecnócrata concibe como plan del gobierno para todos. La solución urgente de los graves problemas de sobrevivencia que enfrentan los sectores más empobrecidos, conlleva planes de acción de los trabajadores que afectarían, por fuerza, los ingresos del 10 % más rico de la nación.

El índice de desarrollo humano (IDH) utiliza cuatro indicadores para su cálculo: esperanza de vida al nacer, años esperados de instrucción, años de educación promedio e ingreso nacional bruto per cápita. Nicaragua tiene un índice de desarrollo humano de 0.565, con el cual, ocupa el puesto 115 de 169 países en el mundo (Haití ocupa el puesto 145, y treinta y seis de los últimos puestos los ocupan países de África que, desafortunadamente, padecen condiciones infrahumanas heredadas del sistema colonial). Con sólo distribuir con mayor igualdad social la riqueza en este país, se mejoraría este índice de desarrollo humano. Pero, para ello, es inevitable un conflicto social de intereses contrapuestos, que no pasa por “un gobierno para todos”.

De ahí que el plan de gobierno propuesto por la alianza PLI desde una visión política ambigua, resulte completamente falso, irreal, irresponsable. El señor Edmundo Jarquín se descalifica a sí mismo, profesionalmente, al elaborar este cúmulo de deseos como si fuese un plan.

Un planificador serio, primero observa los límites y las restricciones a la planificación. Buena parte de las restricciones al cambio provienen de grupos sociales de poder, que se benefician con el statu quo. De manera que un plan de gobierno que ataque la pobreza carece de sentido, si antes no hay un plan político de toma efectiva del poder y de transformación de la estructura jurídica sobre los medios de producción.

Quien pretenda transformaciones progresivas debe desentrañar en la realidad económica y social los factores materiales, ideológicos y humanos que contribuirían al progreso, y los factores retrógrados que contribuyen al atraso. Y deberá tomar partido en las contradicciones sociales, en lugar de tirar un capuz sobre la realidad para hacer creer que ésta se puede transformar con sólo que el tecnócrata retire su manto.

Para el PLI, la siguiente lista de objetivos ideales sería un plan de gobierno:

• El plan del gobierno para todos es reducir drásticamente la pobreza, para ello, generará empleos, y se incrementará el salario real de forma sostenida. Atraerá inversiones. Mejorará y ampliará los programas sociales. Los jóvenes, que serán preparados técnica y profesionalmente, tendrán trabajo bien remunerado. La economía crecerá el doble. Con lo cual, crecerán los recursos fiscales y el gasto social. Se ensanchará la base empresarial. Se ampliará la capacidad productiva y el crecimiento en la productividad. Se duplicará la producción de granos básicos.

Habrá más productividad en ganadería y leche, conforme la vocación de suelos. Se invertirá en la gente. Se fortalecerá el capital humano. Todos los niños permanecerán en el sistema educativo, garantizándoles salud y nutrición. Se formarán profesionalmente los docentes, con programas de actualización y superación. Habrá acceso de toda la población a la educación y a la salud de calidad y de calidez. La cobertura educativa se universalizará. Se promoverá que los jóvenes practiquen por lo menos un deporte. Se apoyará la creación artística en todas sus manifestaciones. Aumentará drásticamente el acceso al agua potable.

Se reducirá la tasa de mortalidad materna e infantil. Se asegurará la erradicación del hambre. Disminuirá el costo de la vida Se asegurará la sostenibilidad del sistema de seguridad social y la atención integral al adulto mayor. La medicina tendrá un énfasis preventivo. Se invertirá en infraestructura educativa, en carreteras, puertos, generación de electricidad con fuentes renovables (se culminarán los proyectos de Tumarín, Yeyé, Larreynaga y Pantasma). Habrá acceso al crédito. El desarrollo será ambientalmente sostenible, con incentivos fiscales a la reforestación. Se recuperarán los bosques. Se combatirá la mala disposición de la basura. Habrá grandes proyectos de inversión, con economías de escala. Se eliminarán odiosos desequilibrios entre el campo y la ciudad. Se incrementará la cooperación internacional. Se mantendrá el financiamiento petrolero venezolano.

Se ampliará el acceso a mercados y la transferencia tecnológica. Se racionalizará el sistema de exenciones y exoneraciones, se ampliará la base tributaria y se reducirán las tasas impositivas.

Jarquín confunde un plan, con metas y objetivos. Y tales metas y objetivos los confunde, a su vez, con deseos, sin vincular su posibilidad con la realidad. La seriedad de un plan de gobierno parte, no sólo de la correlación política de las fuerzas sociales, sino, de su factibilidad técnica y financiera.

Para colmo, dentro de la lista inmensa de los deseos del PLI, habría que agrupar algunos en múltiples planes específicos, intermedios, que, a su vez, se vincularían entre sí en una ruta crítica de actividades terminales del conjunto del plan, compuesta de hitos con una secuencia en el tiempo, que exigen un control de costos y del tiempo real de ejecución de las tareas.

Por ejemplo, en Nicaragua la población menor a 19 años asciende al 51 % de la población, mientras este sector representa el 29 % en América Latina. De manera, que tendríamos que destinar un porcentaje del PIB seis veces superior al porcentaje promedio latinoamericano, para atender al 40 % de la población en edad escolar, en condiciones de enseñanza similares.

Es decir, en lugar de deseos, el proceso complejo de diseñar y de ejecutar un plan de gobierno, requiere integrar de manera dinámica la capacidad de planificación, de organización, de dirección y de control, para cumplir con el tiempo y con los costos, en función de los recursos disponibles (que varían, debido a las incertidumbres tanto externas como internas).

El plan del PLI es una lista mágica que saneará a voluntad las deficiencias de la sociedad.

Por ahora, en un proceso electoral viciado, tanto por la candidatura inconstitucional de Ortega como por la planificación del fraude, la consigna central es la de votar sólo si un partido se compromete a convocar a un referendo inmediato para remover de los Poderes del Estado a los cuadros orteguistas y alemancistas que han hecho un uso partidario indebido de los recursos públicos; arrestar y enjuiciar a los corruptos, a los cómplices de la Corte Suprema de Justicia, del Concejo Supremo electoral y a los funcionarios negligentes de la Fiscalía de la República, de la Contraloría y de la Policía Nacional. A recuperar todos los bienes sustraídos ilícitamente. Y a convocar a elecciones a una Asamblea Constituyente para reordenar la estructura jurídica del país, a fin de combatir planificadamente la pobreza.