•  |
  •  |

La tendencia hacia la urbanización es un fenómeno demográfico mundial. Entre las principales razones está la pobreza, y entre los efectos negativos la pérdida de oportunidades para el desarrollo productivo y sociocultural rural. En nuestro país por cada 10 habitantes seis viven en las áreas urbanas. No obstante, las tendencias de la matrícula no parecen tener clara esta realidad.

La matrícula de Primaria ha venido cambiando su composición urbana-rural. Esta era bastante balanceada al inicio de la década anterior, hasta ser hoy de seis estudiantes rurales por cada 10.

En cambio, la matrícula de Secundaria, aunque ha disminuido su casi totalidad urbana, es todavía de casi ocho estudiantes urbanos por cada 10. ¿A qué lógica obedece esto? ¿Es solamente el reflejo de un sistema que ha respondido a la demanda natural de grupos poblacionales sin articularse a un plan o visión de desarrollo? ¿O se trata de una estrategia?

Pensemos un poco. Ha crecido la matrícula rural de Primaria y esto evidentemente genera demanda de educación Secundaria y tecnológica en el mediano plazo, la cual a todas luces el sistema educativo actual no está en condiciones de responder.

¿O se ha venido haciendo una selección como resultado de los procesos migratorios internos, mediante la cual la población candidata a educación media, técnica y profesional será la población joven urbana? Con este escenario, la población adolescente y joven rural queda destinada a tener bajos niveles educativos.

Las propuestas de desarrollo nacional conocidas coinciden en priorizar el sector agropecuario con una visión de desarrollo agroindustrial y rural integral. Entonces, ¿qué tan viable es esta visión si no está articulándose coherentemente al sistema educativo para ir gradualmente formando los recursos humanos calificados, tecnológica, profesional y humanamente para ese desarrollo? Ya que si consideramos que solamente los adolescentes y jóvenes urbanos tendrán formación tecnológica y profesional, es un poco ilógico pensar que se les trasladará o regresarán al campo –en los casos de migrantes internos- con un perfil formado en las ciudades.

Otro escenario es el de construir un desarrollo desarticulado, dejando la labor de mano de obra no calificada a las personas del campo, y que el trabajo calificado sea en industrias urbanas. Esta visión reproduce la cultura de ciertos grupos empresariales en países receptores de nuestros compatriotas migrantes, y choca con el derecho humano a la educación calidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes tanto urbanos como rurales. Por tanto, las matrículas deben guardar una relación directa con la proporción de poblaciones en edades de estudio urbanas y rurales.

Sin embargo, sea que se priorice la agroindustria, el turismo, las energías renovables, las comunicaciones o las manufacturas. Sea que las localizaciones de las cadenas productivas y de servicios socioculturales estén en las áreas rurales o urbanas, tengan mayor peso en uno o en otro sector. Lo importante y necesario para un desarrollo equilibrado, es contar con una estrategia que se articule con un sistema educativo para todas y todos; y viceversa, un sistema educativo coherente a la visión del desarrollo.

Quizás convenga realizar un estudio de las áreas rurales que discrimine la mano de obra no calificada realmente requerida para próximas fases productivas, y la población requerida para la tecnificación y profesionalización del desarrollo industrial urbano y rural.

Creo que ambas realidades caben en un modelo de desarrollo, en el cual las prácticas productivas sean parte de los procesos de formación general, técnica y profesional.

Es clave que se reconsidere la composición de la matrícula urbana-rural. Esta debe ser más acorde con la composición de la población que demanda cada nivel educativo; pero también previendo la apertura de nuevas modalidades y niveles educativos adonde estas poblaciones van quedándose rezagadas y, por ende, también corren el riesgo de ir rezagándose en las oportunidades de desarrollo que también requiere de ellas.

Se trata de organizar mejor el sistema educativo para responder al derecho a la educación de todas y todos, y también de que las propuestas de desarrollo incluyan al sistema educativo, no como un componente de asistencia social, sino como la estrategia que asegure su continuidad, su reproducción y su sostenibilidad.