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Si bien, en 1948 fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la actualidad ha sido difícil trascender la visión nominalista y declaratoria de estos, para que podamos ver en ellos la plataforma y potencialidad para desarrollar una sociedad, cultura y coexistencia humana que se base activamente en ellos.

La experiencia demuestra que las personas desconocen sus derechos básicos. Esta situación no solo se presenta en sectores que tienen limitaciones de acceso a la educación básica y universitaria, sino que también se reproducen en grupos profesionales.

El desconocer que somos personas sujetas de derechos implica que el irrespeto y violación de estos, será un denominador común a lo largo de nuestro desarrollo personal.

Costa Rica ostenta el nivel educativo más alto de Centroamérica y uno de los mayores del resto de Latinoamérica. Consecuentemente ha apostado por la educación como un medio para “salir del subdesarrollo”, lo cual no necesariamente ha resultado en la potenciación del desarrollo humano; por el contrario, con la mayor presencia del fenómeno de globalización, las trasnacionales buscan constantemente países con la mano de obra mejor calificada para instalar sus fábricas, lo que rara vez se traduce opciones de trabajo digno para las personas.

Esto contradice el hecho de que la educación en general haya sido considerada y proclamada por muchos autores y jerarcas como uno de los mejores medios o instrumentos de movilidad social para las personas en el contexto capitalista.

En Costa Rica, la educación fue declarada desde hace décadas como “gratuita y obligatoria” hasta el nivel de Secundaria, y, si bien la deserción ha disminuido, es claro que las acciones de corte asistencial llegan a un límite de sostenibilidad, lo que podría ocasionar un efecto de rebote sobre la población en épocas de crisis financiera.

Asimismo, se ha hecho evidente que la conclusión de los estudios secundarios no garantiza en ninguna medida el acceso a la Educación Superior, la cual pone en duda las proclamadas posibilidades de movilidad social, al enfocarse la educación como un fin y no como un medio.

El desafío de consolidar la educación como un derecho que se manifiesta en la praxis social y no solo en un escrito requiere garantizar ciertas  condiciones previamente; por ejemplo, equiparar la calidad de la educación, de tal forma que todas las personas puedan acceder satisfactoriamente a servicios básicos, recursos científicos y tecnológicos, laboratorios, bibliotecas, instalaciones deportivas, personal docente suficiente y de calidad, así como sistemas de becas, comedores escolares, transporte y demás elementos que garanticen el acceso a una educación de calidad.

Aunado a lo anterior, se hace necesaria la ampliación de los sistemas de cobertura de educación hacia la población adulta, de tal forma que accedan en igualdad de condiciones a la educación en cualquier modalidad formal o no formal existente.

El acceso a la educación es un elemento del desarrollo humano del que depende la inclusión de las personas en la sociedad o por el contrario, la exclusión del sistema social. Por lo tanto, se erige como un ámbito fundamental del ser humano que requiere de un abordaje equitativo, de calidad y que logre integrar aspectos cognoscitivos, afectivos, sociales y conductuales que están ligados intrínsecamente al aprendizaje. Al mismo tiempo que requiere de transformaciones culturales en materia y percepción de derechos humanos, que persigan una sociedad en la cual se garantice el máximo desarrollo del potencial humano y la apertura de oportunidades coherentes con la realidad social histórica y actual de nuestros países y regiones.

*Directora Social Utpmp-CR