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I.- Contexto histórico. Cada cierto tiempo se renueva el interés por el tema de la censura, un interés legítimo en un país donde sus gobernantes no acaban de aceptar el libre funcionamiento de los medios. Desde el origen del diarismo nicaragüense, (1884), nacimos marcados por este mal. Las desavenencias entre Alselmo Rivas y Rigoberto Cabezas, fueron ocasionadas por desacuerdos políticos. El resultado final se tradujo en la desaparición del Diario de Nicaragua, primero en su género. Ni Adán Cárdenas ni Vicente Cuadra soportaron las críticas formuladas por el joven liberal Rigoberto Cabezas.

Su compañero de fórmula, el conservador Anselmo Rivas, no hizo nada para evitar el retiro de la ayuda económica precipitando su cierre. El drama es mayor. Nuestro paisano inevitable, Rubén Darío, elogia la prensa que vitorea a Cárdenas y entre el liberal Rigoberto Cabezas y el liberal Rubén Darío habían más coincidencias que divergencias. Este sino trágico acompaña al periodismo nicaragüense.

Una revisión concienzuda del comportamiento de los gobernantes, revela que unos más y otros menos, han actuado contra la existencia de los medios y la integridad física y emocional de los periodistas. Para prevenir equívocos aclaro que no puede establecerse un paralelismo entre el gobierno de Violeta Chamorro y la conducta asumida por la generalidad de quienes han ocupado la primera magistratura del país. Nunca mostró vocación por entorpecer su labor. Con conocimiento de causa y de manera autocrítica reconozco que la tentación por frenar a medios y periodistas va más allá de todo límite.

Ni conservadores, ni liberales, ni sandinistas ni gobernantes sin partidos han buscado un acomodo con la prensa. Tampoco los medios están libres de tirar la primera piedra. Su carácter partidario u oficialista inclina la balanza a favor del partido o alianza política con la que se identifican. Los medios no funcionan ni por abajo ni por arriba de la sociedad.

En la Nicaragua contemporánea, con la escasa autonomía de los poderes del Estado, los medios se han convertido en un contrapeso indeseable para los gobernantes. Los plazos establecidos para magistrados electorales y de la Corte Suprema de Justicia no se respetan.

El Presidente de la República busca la reelección sin importarle los candados establecidos en la Constitución Política. La condescendencia con que actúan los cuerpos castrenses y policiales, contralores, fiscales y procuradores, son un desafío cotidiano para medios y periodistas. Sería iluso pensar que medios y periodistas van a renunciar a fiscalizar la función pública. Arriesgarían demasiado, traicionarían la razón de su propia existencia. La falta de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado ha venido a ser compensada por los medios. Su labor resulta incomoda para gobernantes y funcionarios. Son hostilizados y asediados, objeto de censuras y represalias.

II.- Una mirada necesaria. Toda aproximación al tema de la libertad de expresión pasa por una mirada histórica retrospectiva. Su ejercicio real consignado en la Ley fundamental de la República ha sido una conquista difícil, teñida de sangre, cárceles, exilios, decomisos, multas e incomprensiones. El aporte sandinista al desarrollo de los medios de comunicación fue haber desfondado el paralelismo libero-conservador. El somocismo consintió a regañadientes la existencia de la prensa obrera, una prensa marginal, sometida a persecución, cierres y de circulación limitada. Siempre fue mal vista y nunca permitieron que la clase obrera fundara medios de circulación diaria, menos que contaran con alguna radioemisora.

La aparición del diario El Pueblo fue efímera. Acusados de padecer un radicalismo de izquierda fue clausurado de manera abrupta y sus periodistas fueron a parar a la cárcel.

La censura posterior determinada por la guerra de baja intensidad, que asigna a los medios un rol significativo en la contienda bélica impuesta por el injerencismo norteamericano, se extendió innecesariamente y se practicó a troche y moche. Una cosa era proteger al país de la agresión armada y otra, aspectos vinculados con abusos de poder. Una de sus nuevas formas viene a ser la falta de entrega publicitaria a medios críticos de la gestión sandinista.

Las descalificaciones, agresiones verbales y físicas forman parte de los asedios contra el periodismo durante los últimos cinco años. Un acoso que todavía no cesa. La negativa de entregarle a los medios la publicidad oficial ha sido una constante histórica. Una vez instalado en el poder, el partido político que antes reclamaba por su entrega más allá de cualquier connotación político-partidaria, reedita las prácticas de sus antecesores. Todo indica que las fuerzas políticas no están interesadas en cerrar este ciclo de intolerancia y censura indirecta.

La situación ha tendido a agravarse. En vez de fortalecer los medios en manos del gobierno, durante los últimos años han sido debilitados o sacados del  aire. El expresidente Alemán fortaleció Radio Nicaragua. En consonancia con gobiernos anteriores la convirtió en parte de su plataforma política. En la historia política de Nicaragua, los medios en manos de los gobernantes no funcionan como medios estatales, sus operaciones quedan circunscritas dentro de la égida del Presidente de la República. Con el regreso al poder del Comandante Ortega, esperábamos que oxigenara Radio Nicaragua. El presidente Enrique Bolaños la debilitó, entrando en una agonía irreversible. Como ocurre en el resto de países latinoamericanos, no realizan inversiones en equipo, personal técnico y periodístico. La radio dejó de ser la emisora oficial del Estado. No cumple ninguna función. Bolaños todavía fue más allá. Sacó de circulación Canal 6 y jamás se preocupó por restablecer su señal.

III.- El mal persiste. Durante los años 80 la emisora en manos del Ejecutivo se convirtió en la más escuchada del país. Logró trasmitir en tres frecuencias con programaciones diferentes. En una época que la crítica de los medios estaba vetada, la emisora del Estado se convirtió en una voz crítica, sentando el precedente de ser la primera vez que la emisora oficial, ocupaba el primer lugar como la emisora más escuchada del país. El giro dado por Ortega ha sido de 180 grados. Su interés fundamental ha consistido en hacerse de sus propios medios. La disponibilidad que goza en la televisión (VHF) lo convierte en empresario con enorme solvencia financiera. Los Canales 4, 8 y 13 son administrados y dirigidos por sus hijos. Tampoco ha mostrado interés por relanzar la señal de Canal 6. Más bien ha fortalecido el modelo comercial tradicional.

Para garantizar el funcionamiento de las televisoras que dirigen sus familiares, el gobierno dedica la totalidad del pastel publicitario a la expansión y fortalecimiento de su propio aparato mediático. En contravención con la Declaración de Chapultepec, de la cual el Comandante Ortega es uno de sus firmantes (2001), administra la entrega publicitaria y de frecuencias radioeléctricas, como premio a sus amigos y como castigo a sus críticos. Todas las demandas solicitándole una distribución más equitativa de frecuencias y publicidad han sido desoídas. Si existe un campo que el mandatario no transige ha sido en el ámbito mediático. Los medios que recibían publicidad y ejercieron su derecho a disentir, les fueron retirados todos los anuncios. El más lesionado ha sido 100% Noticias bajo la conducción de Miguel Mora. El canal dejó de gozar de pautas gubernamentales, luego de protestar por despojarle de sus principales cuadros y llevárselos a Canal 13.

Algunos medios y periodistas pensaban que la campaña electoral, serviría como pretexto para que el gobierno asumiera una política de comunicación más amplia. Su posición ha sido invariable. Pese a las objeciones recibidas de EL NUEVO DIARIO y La Prensa y los reclamos públicos de Noticias 12 y TV Noticias, mantiene cerradas las puertas a periodistas que laboran en estos medios. En un gesto digno, Noticias 12 demandó públicamente un trato diferente de parte del gobierno. Su protesta estuvo soportada en la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP).

Una vez más el instrumento jurídico no sirvió de nada. El monitoreo realizado por la Fundación Chamorro sobre el cumplimiento de la LAIP se ha convertido en un ejercicio sin resultados prácticos, pero de una enorme significación ciudadana. Cada vez que los funcionarios se niegan a informar, queda de manifiesto el ejercicio unilateral y autoritario que hacen del poder.

IV.- Balance preliminar. Al entrar a los últimos tres meses de su gestión, el gobierno está reprobado en sus relaciones con medios y periodistas. Su falta de interés por discutir en la Asamblea Nacional la nueva Ley de Telecomunicaciones fue una decisión encaminada a meter en cintura a medios audiovisuales con frecuencias vencidas. Prefirió mantener la espada sobre su yugular para prolongar su agonía. Aun con estos tropiezos, la mayoría de medios han sido consecuentes con su labor informativa. La posposición de la aprobación del nuevo estatuto jurídico que regulará los medios radioeléctricos no presagia nada bueno. Si las nuevas bancadas parlamentarias no cambian de actitud y se muestran proclives al prebendarismo y la cooptación, lo quieran o no, resultarán perdedoras. Medios y periodistas, con todas sus equivocaciones y errores, son los únicos que podrían hacer la diferencia en materia de libertades ciudadanas.