•  |
  •  |

De lo que resuelva la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) denegando o cancelando prestaciones a los asegurados o beneficiarios, se podrá impugnar por medio del Recurso de Revisión el cual se interpondrá en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto, ante la misma Presidencia Ejecutiva, teniendo éste un término de veinte días a partir de la interposición para resolverlo. La interposición será por escrito cumpliendo los requisitos que establece la norma. Recordemos que el recurrente no solo podrá ser el asegurado activo o cesante, pensionado o jubilado, sino la viuda, huérfanos y ascendientes u otros dependientes, conforme sean tenidos como beneficiarios.

Si el Presidente Ejecutivo no le da lugar al recurso de revisión, el agraviado tiene el derecho de interponer el Recurso de Apelación, el cual se interpondrá en un término de seis días ante el órgano que resolvió el Recurso de Revisión, después de notificado. La Presidencia Ejecutiva deberá remitir el recurso junto con su informe al superior jerárquico dentro de diez días, siendo este el Consejo Directivo del INSS, quien deberá resolver dicho recurso en un término de treinta días a partir de su interposición.

De lo que resuelva el Consejo Directivo, que es la última instancia administrativa para estos efectos, el recurrente tenía la opción de hacer uso de la vía jurisdiccional ante el Juez del Trabajo competente; es decir interponer la demanda laboral con acción de seguridad social, competencia que le fue otorgada al Juez del Trabajo conforme el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Poder Judicial (Arts. 275 y 49 respectivamente).

Las prestaciones que se podían demandar ante el juez del Trabajo, por parte del asegurado o beneficiario del INSS podría ser que se le otorgue pensión por vejez, invalidez, incapacidad, viudez y/o de orfandad, de serle negado por el INSS; o por complemento de otorgamiento de la pensión por estimar que le fue mal calculada o porque no le fueron tomados en cuenta períodos cotizados; puede demandar que le sea otorgada alguna asignación familiar o ayuda asistencial por invocar que le asiste el derecho;  que se le reajuste el valor de su pensión en curso de pago; demandar porque el INSS le  canceló una prestación; o porque se le suspendió el goce de la misma.

En sentencia dictada por la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, a las once y treinta minutos de la mañana del veintiséis de agosto del año dos mil dos, la que conoció en segunda instancia de la demanda interpuesta en contra del INSS con acción de pago de complemento de pensión de vejez y otros conceptos, en lo que respecta al “Agotamiento de la vía Administrativa”, dijo en lo conducente: “…Requisito procesal del agotamiento de la vía administrativa...Norma General:   Como norma general en materia de control por los órganos jurisdiccionales de la legalidad de la actividad administrativa, tenemos que para formular demandas en materia de Seguridad Social ante el Juez de lo Social, es requisito indispensable que los interesados interpongan reclamo previo ante la entidad gestora. Es pues presupuesto procesal que antes de entrar a conocer del asunto litigioso en la vía jurisdiccional, este deberá de haber sido planteado en la vía administrativa y deberá haber agotado ésta, lo que efectivamente a criterio de esta Sala así ocurrió…”

El Juez del Trabajo era la instancia dentro del procedimiento para el otorgamiento de alguna prestación en seguridad social, en casos en que el INSS no le de lugar a la pretensión del derechohabiente. Este proceso judicial de la demanda se realizaba igual  como se tramita la demanda laboral con todas sus características procesales que en la práctica es lento y desgastante, y una vez dictada la sentencia del Juez, favorable o no, se está sujeto a la interposición del recurso de apelación y en tal estado el asunto pasaba a la competente Sala Civil-Laboral del Tribunal de Apelaciones (ya no existe la Sala Laboral). Esto al final significaba la inversión de tiempo de hasta dos años en promedio, y dinero en el caso, sobre todo para los derechohabientes del sistema.

Todo ese calvario procesal vino a ser derogado por la creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, el cual es un órgano de segunda y ultima instancia laboral, con jurisdicción y competencia a nivel nacional, siendo su sede en la Capital de la República, por lo que una vez integrado y en funcionamiento, además de la unificación del conocimiento de los recursos de apelación en materia laboral, lo que conllevará a la existencia única de la jurisprudencia laboral a nivel nacional, dicho Tribunal, a partir de la entrada en vigencia de la ley, conoce también en apelación de las resoluciones que dicte el Consejo Directivo del INSS. Todas las pruebas aportadas por las partes durante el procedimiento administrativo serán suficientes para resolver, salvo que el Tribunal dicte alguna providencia para mejor proveer. Ordena la Ley que ante una resolución del Consejo Directivo del INSS, las personas afectadas, pueden recurrir de amparo en caso de que durante el procedimiento administrativo se violenten derechos consagrados en la Constitución Política; o bien acudir ante el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.

Lo anterior significa un ahorro procesal esencial ya que se resolverá el reclamo en menor tiempo y con mayor eficacia, al no tener que someterse a los trámites ordinarios de un juicio en primera instancia ante el Juez del Trabajo, cuando se trate de asuntos en donde estén de por medio la garantía de prestaciones del sistema, o la aplicación indebida de sanciones administrativas.

*Abogado y Notario