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El día 25 del mes en curso, y con la asistencia del Presidente de la Red Mundial de Academias de Ciencias, Dr. Howard Alper, la Academia de Ciencias de Nicaragua emitió un importante “Mensaje a la Nación”.

La Academia estimó oportuno aprovechar el inicio de la actual campaña electoral para llamar la atención de la sociedad nicaragüense sobre la importancia que tienen la educación y el conocimiento para el desarrollo del país y, en tal sentido, la Academia invita en su Mensaje a los candidatos a la Presidencia de la República y a los Diputados que compiten en el proceso electoral, no solo a que reconozcan el papel prioritario de la educación y el conocimiento para el desarrollo humano sostenible, sino a “declarar su compromiso por mejorar la inversión en dichas áreas, y a impulsar un diálogo para la conformación de un verdadero Proyecto de Nación en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación”.

La Academia tiene presente el anhelo de los nicaragüenses de vivir en condiciones que permitan una vida plena, productiva y en armonía con la naturaleza, pero reconoce que “las capacidades educativas, científicas y tecnológicas que puedan contribuir a crear esa realidad son mínimas en Nicaragua”, por la insuficiencia del compromiso del Estado con estas áreas, que no han sido aprovechadas “como verdaderos motores del desarrollo”.

La debilidad del compromiso del Estado con esos auténticos impulsores del desarrollo se comprueba por el hecho de que Nicaragua es el país del continente americano que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación. El Mensaje, acertadamente, señala que el desarrollo científico-tecnológico de un país hunda sus raíces en la existencia de un sistema educativo de calidad.  “La  educación en ciencias, señala la Academia, desde los primeros años de la Educación Básica, sería la semilla más preciada para aportar a un desarrollo, con sustento endógeno y base firme en la investigación científica, desde las necesidades del país”.

A las consideraciones anteriores, la Academia agrega otra muy consistente con nuestra realidad: “Salvo raras excepciones, tradicionalmente la ciencia y la tecnología han sido ignoradas por los gobiernos del país. Ha sido gracias a los aportes de Organismos No Gubernamentales, personalidades y agencias de cooperación, que se ha logrado instaurar, con las universidades a la cabeza, una incipiente institucionalidad científica, y gestar el embrión del sistema nacional de ciencia y tecnología”.

La Academia hace ver que la Autonomía Universitaria ha sido, desde 1958, una condición determinante de los avances que desde entonces han logrado, en medio de grandes limitaciones, las universidades, la investigación y el desarrollo independiente. Y pese a ello, cinco décadas después “la autonomía universitaria, afirma la Academia, está siendo vulnerada en algunas universidades, lo que amenaza no solo a la autonomía, sino también al despliegue de su pleno potencial, con el grado de libertad que requiere el quehacer científico”.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Academia, lúcidamente, propone a los candidatos, los siguientes puntos:  a) “Que las autoridades que resulten electas asuman, como prioridad, concertar políticas educativas y de financiamiento pertinentes, elevando el presupuesto para Educación al 7% del PIB”; b) “Que junto a lo anterior, sean incorporados métodos y técnicas modernas orientadas a la indagación en la enseñanza de la ciencia, mejorando la preparación científica, pedagógica y didáctica de los educadores (as)”; c) “Que se implemente un Proyecto de Nación en ciencia, tecnología e innovación, que permita dar un salto cualitativo en el avance de la economía, la educación, la salud, el medio ambiente y la generación de energías limpias y amigables con el ambiente”; d) “Que la inversión anual en ciencia, tecnología e innovación se aproxime gradualmente al 1% del PIB, recomendación internacionalmente aceptada, y que se corresponda con un desarrollo económico sostenido”; e) “Que se consolide la institucionalidad científica existente y, en particular, que se refuerce al CONICYT y las universidades investigadoras, para que cumplan sus objetivos y fortalezcan sus vínculos con los tomadores de decisiones, posibilitándoles su rol asesor sobre los asuntos de mayor trascendencia del país”; f) “Que se reivindique la Autonomía Universitaria y el rol de las instituciones de Educación Superior, como actores imprescindibles de la evolución social y democrática del país. Ante la actual complejidad socio-política, las universidades deben promover el intercambio de ideas, la pluralidad política y el respeto a la libertad de expresión”.