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El 5 de septiembre de 2011 se debería producir, en el 32 aniversario de la fundación de la Policía Nacional el quinto cambio de jefatura en el marco de la Ley. El primero fue en 1992, se basó en el decreto 45-92 que fue la primera norma orgánica y los siguientes, desde 1996, han sido sustentados en la Ley 228 (31/7/1996). Corresponde al Presidente de la República Daniel Ortega, designar entre los Comisionados Generales, al nuevo Director General y ascenderlo a Primer Comisionado para que asuma el mando policial por cinco años.

La Policía es un producto histórico, social y político, sus características actuales y evolución dependen de las decisiones tomadas, y las consecuencias futuras, de las que se tomen ahora. Los resultados y avances de estas décadas son de la jefatura colectiva, el consejo de dirección, la escala de mandos, oficiales, suboficiales y policías sobre quienes descansan las decisiones estratégicas y operativas, la gestión, el servicio y las acciones cotidianas.

Fue asumida por René Vivas la “transición institucional” (1990 – 1992),  una siguiente etapa que podríamos llamar de “definición normativa e institucionalización” (1992 – 1996) le correspondió empujarla a Fernando Caldera, el arranque de la “modernización, desarrollo y cooperación internacional” se dio durante la administración de Franco Montealegre (1996 – 2001) y la “continuidad institucional” y en algún sentido la profundización  de los procesos iniciados, a Edwin Cordero (2001 – 2006) y Aminta Granera (2006 – 2011?).

La Policía ha enfrentado durante estos 32 años reconocimientos y críticas, avances, éxitos y errores de actuación que, aunque han afectado en ocasiones la confianza social, la continúan manteniendo en aceptables niveles de prestigio y profesionalización que es necesario preservar e incrementar ante la realidad cada vez más compleja por las características del fenómeno delictivo y de inseguridad que enfrenta.

El nombramiento del director(a) general de la Policía ha sido y seguirá siendo  fundamentalmente una decisión política del Presidente de la República a partir de algunas restricciones que la Ley establece. Lo común en los relevos de la jefatura policial ha sido, a diferencia del Ejército en donde el sustituto es el Jefe del Estado Mayor, que las expectativas internas y sociales no han acertado y quien ha sido favorecido con la decisión gubernamental no ha coincidido con el(a) candidato(a) más mencionado(a) inicialmente.

En 1992, la sustitución de René Vivas fue decisión de Violeta Barrios con el fin de relevar a los mandos guerrilleros históricos. La opción interna de sustitución fue de los Comandantes Juan José Úbeda o Cristian Pichardo, sin embargo, a última hora se concretizó desde el gobierno el nombramiento de Fernando Caldera.

Para relevar a Caldera en 1996 se consideró nombrar al Cmdo. Gral. Eduardo Cuadra, fundador de la Policía, sin embargo, debido  a la juventud del candidato y la experiencia que en la formulación normativa de la Policía tuvo Franco Montealegre, la decisión de doña Violeta se inclinó a este último, duplicando, según lo permite la ley, el periodo como Subdirector General al primero.

La sustitución de Montealegre en 2001 barajó inicialmente dos opciones: Eduardo Cuadra (Subdirector General) y Eva Sacasa (Inspectora General).  Cuadra, debido a inconformidad del gobernante Dr. Alemán por el “caso Narcojet”, fue trasladado durante los últimos años a un cargo regional en la lucha contra el narcotráfico y aunque tenía opción legal al nombramiento, quedó fuera de la consideración del mandatario. Inesperadamente la decisión recayó en Edwin Cordero (Subdirector General).

En la administración de Cordero, las alternativas más mencionadas para  sustituirle fueron Francisco Bautista (Subdirector General) y Ana Julia Guido (Subdirectora General). El presidente Bolaños decidió en agosto de 2002 nombrar a Aminta Granera, quien era Jefa de Managua. La decisión arbitraria del expresidente de destituir a Francisco Bautista dejó como opciones de relevo a Ana Julia y Aminta, optando por nombrar a la última.

La sustitución de Granera al vencerse su periodo ha presentado en los últimos años la posibilidad de promoción de Francisco Javier Díaz o Róger Ramírez. En el primer caso, tal posibilidad es la oportunidad que un fundador de la Policía asuma, por primera vez en el marco de la Ley, la jefatura. Ambos son oficiales con idoneidad profesional y personal. Con menor frecuencia se menciona a Javier Maynard. Desde un comentario público de la Directora General (marzo 2011) y el discurso del presidente Ortega el  19 de julio, se ha especulado que su periodo sea ampliado.

Aunque lo más conveniente desde la perspectiva  institucional es que el relevo se ejecute en el momento previsto por Ley, en todo caso si se prolonga por corto plazo, durante la etapa pre y post electoral, será la primera vez en las últimas dos décadas, que el Presidente que nombra al nuevo Director es candidato y posible ganador en las elecciones generales (según  encuestas), por lo que no debería causar traumas relevantes en la Policía. Una dificultad adicional para tal decisión es que la actual Directora General ha pasado la edad límite. El argumento legal a utilizar, interpretado de manera flexible y extensiva, es no designar al nuevo mando y dejar un tiempo de hecho a la Directora General actual en funciones, recurriendo al artículo 201 de la Constitución Política de 1987, similar a lo aplicado para Magistrados de la CSJ, CSE, Contraloría  y Procuraduría de DH.

En septiembre, como necesario relevo, pueden retirarse cuatro comisionados generales (con cinco años de nombramiento o 55 de edad) y a otros comisionados mayores,  lo que permitirá que sean ascendidos nuevos oficiales generales y superiores. Al iniciar 2012, el Presidente tendrá, en el caso de no nombrar en el tiempo previsto (5/9/2011) al nuevo Director, a un grupo de comisionados generales distinto al actual como opciones al máximo cargo policial. Si se designa Director a principios de 2012 y se respeta el tiempo de cinco años, se modifica el traslape de la Ley 228: quien nombraba era el Presidente saliente; si es así, en futuro, a menos que haya reforma legal, será el Gobernante entrante quien designará a la jefatura policial, lo cual es común en América Latina, con la particularidad que casi en ningún país hay tiempo fijo para el ejercicio del cargo pudiendo el Ejecutivo cambiarlo en periodos de dos a tres años, lo que requiere una institución muy profesional, para evitar desajustes por los cambios, y una clase política gobernante madura y responsable, para reducir el riesgo de manipular los nombramientos.