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Es patente la confusión existente en el país entre dos paradigmas: La Educación como Inversión, o como Derecho Natural. Su aclaración puede contribuir a que la lucha por la Educación como Derecho se haga efectiva.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida en 1948, trazó la proclama de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales. Posteriormente, en 1966,  la ONU proclamó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sus Protocolos Facultativos habilitan al individuo para interponer casos y demandas ante las cortes internacionales. Esta Declaración contempla la integralidad de todos los derechos, con un mismo nivel de importancia. Dicho Protocolo especifica los derechos de los Estados, en particular, en algunos de sus artículos: “La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad”. Reconoce el carácter multidimensional y multiplicador del derecho, y ve la educación como un derecho humano intrínseco, natural, medio indispensable para realizar otros derechos.

El Artículo 11 aclara que, si bien la educación ha sido clasificada de distintas maneras, como derecho social, económico y cultural, es todos estos derechos al mismo tiempo. La educación es un epítome de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos.

Entre las obligaciones de los Estados se puntualizan cinco aspectos fundamentales: a) Reconocer la enseñanza primaria como obligatoria, gratuita y asequible para todos; b) la enseñanza secundaria y superior deben ser generalizadas y accesibles para todos, por implantación progresiva; c) fomentar e intensificar la educación fundamental de personas que no recibieron o concluyeron el ciclo completo de educación primaria; d) proseguir de forma activa el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos, implantar un sistema de becas y mejorar constantemente las condiciones materiales y el cuerpo docente; e) garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, sin discriminación.

De estos enunciados se colige que el Estado tiene tres funciones sustantivas: Respetar el Derecho, absteniéndose de obstaculizarlo; protegerlo, tomando las medidas para impedir  obstáculos externos; y ejecutar el derecho, tomando las medidas correspondientes para que se cumpla. La Educación como Derecho posee carácter multidimensional, legislativo, administrativo, presupuestario, judicial, social y educativo.

Responder a este cometido, por parte del Estado, va mucho más allá de una declaración de intención y algunas acciones que aportan a su cumplimiento. Supone dar a conocer los recursos necesarios para garantizar el Derecho; evaluar el tamaño del compromiso financiero, en respuesta a normas técnicas exigidas por este Derecho. Desde 2007, se promulgó la política desde la perspectiva del Derecho a la Educación, no obstante, la misma no cuenta con el respaldo que amerita este paradigma. Es  requisito imprescindible que el Estado visibilice la brecha existente entre la disponibilidad presupuestaria y lo que demanda cumplir este Derecho. Por ello no bastará cumplir con mejorar el acceso, sino también ofrecer una educación adaptable y aceptable en pertinencia y significatividad para todos.

Frente al financiamiento de este Derecho, hay dos paradigmas en conflicto; uno se rige por el discurso estándar de la economía con el concepto de “capital humano”, relacionado con el estado de salud y educación con la productividad, y sus efectos en el crecimiento económico, comprendiendo al ser humano en su capacidad de aportar bienes y servicios. En su base, se ubica la noción de educación como mercancía, como un servicio que cualifica la capacidad productiva individual con miras a rendimientos futuros. Este discurso, con afán de rentabilidad, lucha por mercantilizar la educación pública.  En contraste, el paradigma de la Educación como Derecho supera este reduccionismo. Si bien importa que la persona se eduque y se proyecte en la producción y el desarrollo, es mucho más que ello. La visión se soporta en dos pilares que la justifican: la noción de dignidad humana, según la cual el individuo necesita de condiciones para desarrollarse como persona, y si no existen, quedará reducida a mero instrumento del desarrollo, del mercado; el otro soporte es la noción de democracia, en tanto la condición para la cohesión social es que todos los individuos tengan los mismos derechos, lo que se logra, principalmente, por la educación.

Cuando el Gobierno se apoye en este segundo paradigma, se logrará desarrollar la “racionalidad fuerte” de la Educación como Derecho. Mientras sólo se emita un discurso favorable, pero sin el aval de los recursos y condiciones requeridos, todo se limita a una “racionalidad débil” de la Educación como Derecho. Desde esta perspectiva, la Educación es una condición necesaria para la Dignidad Humana, la que, a su vez, hace posible la cohesión y gobernabilidad democrática. En tanto la sociedad entera tome conciencia de este nuevo paradigma de la Educación como un Derecho Natural y no una dádiva, debe concertar con el Estado el cumplimiento de las condiciones presupuestarias y de eficiencia necesarias.

Sólo así, será posible conjugar y exigir el cumplimiento efectivo y con calidad de una Educación como Derecho.