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Las similitudes y las diferencias entre dos regímenes políticos de un mismo país, fundados ambos sobre la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado—, no son esencialmente diferentes, pero sí tienen variaciones en cuanto al respeto de las libertades políticas, los derechos sociales y humanos de la ciudadanía. Este gobierno, en cuanto a estructuras, no es distinto a los precedentes, pero es menos respetuoso de los derechos constitucionales.

Veamos sólo la Seguridad Social. Se instauró en la etapa somocista y aún se repite la mentira de que fue obra de su vocación por la justicia social. El somocismo aprovechó con fines políticos una demanda inicial del sindicalismo. Fueron dos las demandas históricas de los trabajadores organizados que el somocismo hizo suyas: el Código del Trabajo y el Seguro Social. El primero lo manejó con fines reeleccionistas el fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, entre 1944-1945, y el segundo, Luis Somoza Debayle, entre 1957-58.

Con el control del Estado, las clases dominantes lo hacen funcionar de acuerdo a sus planes políticos –que no verdaderos programas— y sus gobiernos se permiten ensombrecer, postergar y hasta ignorar el papel de los trabajadores con sus luchas por el progreso y la justicia social. Durante años, los gobiernos hacen resistencia con la represión o la demagogia a las demandas obreras, hasta que llega el momento en que se ven forzados o porque les conviene, a aceptarlas. Luego, las presentan estructuradas en proyectos de ley, como si fueran frutos exclusivos de su interés social.

Pero sus proyectos, además de que desnaturalizan lo esencial de las demandas obreras, cuando se convierten en leyes pasan a ser letra muerta en la práctica, y de cuya morosa aplicación se encarga el aparato burocrático de los gobiernos. Es la misma historia del Código del Trabajo y de la Seguridad Social.

El Seguro Social es una conquista laboral de avanzada, pero ha sido burlado al gusto de los gobiernos y de la clase patronal. Los Somoza lo utilizaron como su caja chica; el Seguro Social, primero atendió a los trabajadores estatales, y después a los de la empresa privada. Los afiliados al Seguro no eran muy numerosos, y ahora tampoco cubre a todos los trabajadores.

Con la creación del Sistema Único de Salud en los 80, se pretendió darle al servicio de la salud pública un carácter universal, es decir, para todo el pueblo, para todo ser humano que lo necesitase. No obstante, por diversas causas, se terminó perjudicando a los afiliados al Seguro Social. Con los gobiernos de entre 1990 y 2007, el Seguro Social sirvió como su caja chica, y fue saqueado durante el gobierno de Alemán. Ahora, también es la caja chicha del gobierno que, igual a los anteriores, no paga la enorme deuda del Estado con el Seguro Social, hace inversiones oscuras en negocios ligados a personas e instituciones del oficialismo.

Bajo gobiernos neoliberales se privatizó el servicio médico del Seguro Social, enriqueciendo a empresarios que no tenían relación con la medicina, quienes fundaron las Clínicas Previsionales, las cuales reciben una cantidad mensual de dinero para atender a un determinado número de afiliados. Pero no todos esos afiliados se enferman en el mismo mes, y a quienes se enferman no les proporcionan el medicamento de alto costo –que se suponen son más efectivos—, ni les atienden algunas “especialidades”. Clínicas que comenzaron en casas particulares, las han convertido en grandes complejos clínicos.

A estos negocios con el Seguro Social se sumaron elementos del gobierno orteguista. Altas figuras del oficialismo participaron en la rapiña y fundaron su Clínica Previsional con préstamos del mismo Seguro Social. Y Daniel Ortega nunca pensó eliminar ese carácter privado que le dieron los gobiernos burgueses.

Ahora, Daniel Ortega, bajo la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, asume la reforma del Seguro Social que gobiernos neoliberales no pudieron hacer. Y con su retórica seudo socialista, el gobierno del supuesto segundo período de la revolución, le está haciendo el mandado al organismo insignia del sistema capitalista imperial. El reverso de este absurdo es que el FMI, a su vez, le está ayudando a Ortega a construir una sociedad “cristiana, socialista y solidaria”, cuando, de hecho y sin equívoco posible, se trata de un neoliberalismo con máscara “revolucionaria”.

Este gobierno, además de tener complacidos a los capitalistas locales con la “sanidad” macroeconómica, de coquetear con los inversionistas en la industria de zonas francas (enclaves de bajos salarios) y mantener una política tributaria pro capitalista, ha orientado a su agente comercial, Bayardo Arce, a reiniciar la ofensiva neoliberal contra el Seguro Social.

Y con la misma receta que el FMI le había dado a los gobiernos neoliberales para reformar el Seguro Social: jubilación a los 65 años, en vez de 60; 1500 cotizaciones para tener derecho a jubilarse en vez de las 750. El organismo empresarial, Cosep, se muestra complacido, como con todo lo que hace el orteguismo, porque es lo que los capitalistas no pudieron hacer con sus gobiernos neoliberales. Con una sola oscura objeción: que las reformas “no sean demasiado ambiciosas”. Pero no se le conoce opinión en contra de lo demasiada onerosa de la reforma para los trabajadores. En verdad, a quienes les corresponde oponerse es a los sindicatos, lo cual no se asegura, dada la condición de dependencia servil que la mayoría de los líderes sindicales tienen ante Ortega.

En toda época y bajo cualquier gobierno neoliberal –incluso el de la máscara orteguista— ha existido una situación social contraria a los trabajadores. Interesa tenerlo presente, porque es una realidad que exige respuestas sociales activas y permanentes para superarla, y eso jamás se logrará con Ortega, un neoliberal más, aunque enmascarado.