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Las causas de la crisis económica y financiera que padecemos en Europa y en los Estados Unidos, fundamentalmente, empiezan cada vez a estar más claras. Para unos, la razón del desbarajuste es de naturaleza económica, exclusivamente: la culpa es de los bancos y de las entidades financieras en general. Para otros la responsabilidad hay que buscarla en los entes de control. También hay quien piensa, no sin cierta razón, que en la etiología de la crisis hay una cierta participación de todos: agentes económicos, agentes económicos y políticos. Desde luego, sin el concurso de la ciudadanía por conseguir créditos e hipotecas jamás soñadas que el mundo financiero ofrecía de forma irresponsable es probable que la bola de nieve, que la burbuja, no se hubiera formado. Y sin burbuja o sin bola de nieve, no habría problema.

En realidad, a poco que estudiemos con cierta tranquilidad lo que pasó, podremos concluir que si la regulación hubiera cumplido su finalidad, buena parte de los desaguisados producidos no hubieran podido ser perpetrados. Si la autorregulación en materia de banca de inversión, iniciada por Clinton, no hubiera campado a sus anchas, los sofisticados prototipos de ingeniería financiera no habrían hecho acto de presencia. Si las normas jurídicas hubieran impedido que determinadas concertaciones de especuladores evitaran poner en jaque la deuda de Estados soberanos, los rescates no habrían sido necesarios. Si la función de supervisión, vigilancia, verificación o acreditación de las autoridades reguladoras en la materia hubieran funcionado, probablemente el mal se podría haber atajado a tiempo.

En 2007, muchas voces autorizadas de expertos y analistas advirtieron lo que estaba por venir. Fueron calificadas como pesimistas y agoreras, insensibles a la necesidad de facilitar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Los partidos políticos, no se puede olvidar, deudores de importantes cantidades a los bancos, fueron, en buena parte, objeto de tratamiento privilegiado al condonarse, en algunos casos de manera escandalosa, millonarios créditos. La regulación no funcionó adecuadamente, la banca se lanzó, a golpe de alucinantes comisiones, a excitar el deseo más material de la condición humana ofreciendo créditos tan virtuales como imposibles de liquidar en el futuro. Y la gente común, sobre todo esa clase media que ahora está desapareciendo, entró al trapo como consecuencia del triunfo del consumismo insolidario inoculado desde las terminales del capitalismo salvaje. Los bonus, salarios desproporcionados y otras lindezas, adornaron el paisaje financiero mientras comenzó una sucesión de quiebras y fraudes sin parangón.

En mi opinión, la crisis económica y financiera que sufrimos en la actualidad tiene un obvio trasunto político y moral. La política, la rectoría de los asuntos generales con arreglo a parámetros de racionalidad y de justicia ha brillado por su ausencia. La ausencia de líderes y estadistas ha imposibilitado que se llegara al fondo de la cuestión y se tomaran decisiones pensando en el bienestar de las próximas generaciones. Más bien ha prevalecido el obsesivo deseo de permanecer y conservar la poltrona y, por ello, la ceguera ante la realidad de las pésimas condiciones de vida de millones de ciudadanos.

Unos ciudadanos a los que se les ha endosado la factura de la crisis. Subidas de impuestos, reducción de salarios al personal al servicio de la Administración pública y congelación con tendencia a la baja de las pensiones han sido las recetas que están aplicando gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Los ciudadanos, pues, asisten estoicamente a una forma de gobernar en la que se toman medidas que empeoran su estatus sin que a los gobernantes se les ocurra preguntar o consultar al pueblo sobre el alcance de estas injustas decisiones.

La crisis, insisto, es de más calado de lo que pensamos. Afecta a una forma unilateral de interpretación de la democracia. Atiende a la esencia del gobierno democrático, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es obvio que la democracia representativa, tal y como se ha entendido últimamente, debido al dominio de la tecnoestructura de los partidos, no funciona convenientemente. La solución no viene, como algunos pretenden, de su superación por la democracia directa. No es cuestión de recetas, de métodos o de etiquetas. Se trata de que el gobierno sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que implica que la democracia representativa se entienda de manera plural y abierta, sin miedo a las formas de democracia directa que en cada caso sean menester. La indignación que reina en tantos millones de seres humanos debe servir para reflexionar y enderezar el rumbo hacia la centralidad del ser humano, hacia un nuevo orden político y económico más humano que se base en la libertad solidaria.

*Catedrático de Derecho Administrativo