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La asunción de la Educación como un Derecho, en la educación nacional, encierra un conjunto de compromisos que abonan para que la educación pública sea tratada consistentemente con la filosofía integral que sustenta este Derecho.

En los últimos años, particularmente en la región latinoamericana y en Nicaragua, se ha logrado avanzar en el debate que plantea este Derecho. No obstante, se evidencia una pugna de sentidos y significados auténticos del mismo, habiéndose avanzado mucho más en el discurso que en realizaciones concretas por parte de los gobiernos. El país ha dado pasos relevantes al respecto, incluyendo en el Plan Nacional de Educación, la Ley General de Educación y las Políticas Educativas esta perspectiva del Derecho; no obstante, los niveles de claridad y compromiso que las instituciones educativas muestran al respecto, son endebles y confusos, lo que se expresa, consecuentemente, en la débil concreción que tienen en el financiamiento de este Derecho en todos sus ámbitos y matices.

Al desarrollo de este debate han aportado, de forma particular, los criterios  expuestos por Katarina Tomasevsky, Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación (2006). Este Derecho conlleva cuatro cualidades o dimensiones que son inherentes al quehacer de la educación como Derecho: Ésta debe ser Asequible, Accesible, Aceptable y Adaptable para todos los nicaragüenses. A tales cualidades se ha sumado la de Responsabilidad Social (Accountability). Atender a estas cinco dimensiones no es tarea fácil, en tanto es preciso denotar cuáles son los significados e implicaciones que conlleva cada una de ellas. En este y próximos artículos, expondremos los componentes de cada uno de estos ámbitos, con sus avances y deudas pendientes.

Que la educación sea Asequible o Disponible, demanda: Asegurar que existan instituciones educativas suficientes; recursos físicos, personal, programas educacionales suficientes, con las instalaciones necesarias para que la educación pueda funcional de forma apropiada en los núcleos habitacionales del país. Escuelas suficientes, estructuras físicas de los centros educativos adaptados para ambos sexos, agua potable, normas de riesgo; estado aceptable de la infraestructura y dotaciones escolares suficientes. Docentes capacitados suficientes, y sueldos adecuados a la relevancia de su profesión y calidad del desempeño. Materiales de enseñanza para los maestros y maestras, disponibilidad de bibliotecas e instalaciones de computadoras y tecnologías de la información.

Frente a estas exigencias es importante reconocer avances pero también amplios rezagos pendientes:
Aún con los avances en mejoras de planta física, en gran medida deuda acumulada de varias décadas, urge avanzar en mejorar el 52.6% de esta planta, proporcionar sistema de agua potable a más del 51% de las escuelas, y por tanto, incrementar las asignaciones presupuestarias para la mejora de estos centros. Unido a ello, aún buena parte de los centros educativos están asentados en propiedades que requieren asegurar su título de propiedad. Esta deuda de centros educativos y medios de enseñanza es aún mayor en las zonas rurales y Regiones de la Costa Atlántica. El déficit de centros y equipamiento de formación técnica es, aún muy grande, en proporción con la demanda de preparación técnica que requieren los adolescentes y jóvenes que necesitan incorporarse al medio laboral.

El despliegue alcanzado de nuevos programas educativos especiales aún resulta insuficiente, sobre todo tomando en cuenta las demandas que plantean la niñez y adolescencia trabajadora.

Los riesgos climatológicos, sísmicos y de violencia a que están sometidos, gran parte de los centros educativos del país, exige dedicar mayores esfuerzos en el cumplimiento de normas y protocolos de prevención de riesgos de diversos tipos, de manera que logremos que nuestras escuelas actuales y nuevas sean seguras.

La carencia de libros de texto es una deuda histórica de varias décadas, durante las cuales, miles de niños, niñas y adolescentes no han contado con libros de texto para poder estudiar con mayor eficacia. Unido a ello, los maestros no cuentan, aún, con material y medios didácticos adecuados y, en muchos casos, ellos mismos se ven obligados, por su sentido de responsabilidad, a comprarlos con su bajo salario.

El personal docente demanda una mayor atención a su calidad de vida y desempeño profesional, en tanto con su salario únicamente pueden cubrir, aproximadamente, el 47.3% de la canasta básica, incluyendo el bono solidario.

Unido a ello, el empirismo docente también se muestra como problema endémico, histórico y recurrente, no resuelto en ninguna de las administraciones educativas. Este empirismo promedio de los distintos niveles educativos oscila entre un 26 y 27%. Adicionalmente, es importante que se considere, en proporción con el crecimiento poblacional, superar el déficit de docentes en todos los niveles educativos. Aún son pocos los centros que cuentan con bibliotecas debidamente organizadas y actualizadas al servicio del profesorado y el alumnado. Lograr que los centros dispongan de este recurso actualizado, debería ser una meta fundamental, plataforma movilizadora que contribuirá a mejorar la comprensión y fluidez lectora de la niñez y adolescencia. No desarrollar esta capacidad desde el nivel primario, afectará profundamente la calidad de los aprendizajes en las distintas disciplinas.

Como puede verse, la asequibilidad o disponibilidad de centros, medios escolares, preparación y apoyo salarial al docente, representa, apenas, el primer escalón, de los cinco mencionados, para ascender al cumplimiento justo del Derecho a la Educación.