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Muchos creen que en el afán de mantener ilegalmente en el cargo a la jefa de la Policía es  solo un capricho personal de Daniel Ortega, otros creen que es porque este no cree en la  democracia; si bien ambas razones son ciertas, hay una que lo es más y es el cálculo  político con que Daniel Ortega hace este acto ilegal.

Que la prórroga en el cargo sea ilegal, a Ortega le vale, porque él no cree en la   institucionalidad cuando esta no se acomoda a sus intereses, sino, bien pudo solicitar la  reforma del Art. 88 de la Ley 228, y con los votos de su socio Arnoldo Alemán y los  cinco diputados coimeros de ALN perfectamente conseguían el quórum y la aprobación,  pero para quienes conocemos la depravada estructura mental de Ortega sabemos que el  placer por hacer sentir su enfermizo afán de poder es una manera de *realización* que  en él no tiene precio, esa es la parte maniquea. Independientemente de las razones  personales que tuvo Aminta para esa actuación vergonzosa, la misma no está excenta de  eso que se conoce como “el sacacismo” en la política nicaragüense, círculo vicioso que  ha hecho de este país una finca rústica.

Lo peligroso del asunto es que como su cálculo es robarse las elecciones del 6 de  noviembre próximo, como sea, Daniel Ortega necesita de una persona como Aminta  Granera al mando de la institución represiva, sabe que esta vez no se podrá robar las  elecciones y necesitará de Aminta porque llena ciertos requisitos que les son de mucha  utilidad por el margen de credibilidad y respetabilidad que aún conserva, debido a que  la represión que tendrá  que ejercer es muy delicada y él espera (calcula) que no se  podrá justificar una reacción violenta de la población frente a la imagen de suavidad y delicadeza de una dama que ha venido “manejándose” intentando justificar lo injustificable (aunque se haga un colocho) para no ajustarse a la legalidad, o que  necesita recibir “una orden de arriba” para hacer lo que la ley manda, cuando las  juventud fascista del orteguismo sale a malmatar a quienes realizan su protesta cívica  frente a los abusos del gobierno.

Daniel Ortega sabe que cualquiera de los mandos que sustituya a Granera será alguien  que la población identifica con el orteguismo, porque así lo han demostrado en sus  mediocres actuaciones y ese elemento en sí es altamente volátil como para pegarle  fuego al llano ante una actuación ilegítima del CSE. En estas circunstancias pasa  Aminta entonces a ser un objeto utilitario en el juego político de Ortega y ella lo sabe,  porque confía que si ella realiza esa brutal tarea que se avecina, impedirá la salida del  Ejército a reprimir, cuyas consecuencias serían inimaginables y el costo político también. Esa justificación por muy falsa que sea “tranquiliza” la conciencia de Aminta,  se la vendió y se la tragó sin bastimento el Cosep, y en esa ingenuidad han caído el  arzobispo de Managua, la presidenta del Cenidh y muchos que están acostumbrados a  apostar por “el mal menor” y que creen que en este país las cosas seguirán tranquilas si  no se respeta la voluntad popular el próximo 6 de noviembre.

Si algo ha quedado claro a partir de ahora es que, independientemente quien esté al  frente de la Policía, las órdenes las da el propio Daniel Ortega. Los mandos intermedios  de la Policía deben estar muy claros de que “no hay obediencia debida en contra de la  Ley”; una acción ilegítima de la Policía o el Ejército vuelve legítima cualquier repuesta,  eso es lo que la doctrina jurídica internacional considera como el derecho a la  insurgencia en defensa de la institucionalidad democrática.

*floresjuanra@gmail.com