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Las declaraciones del flamante Canciller de Costa Rica, Enrique Castillo Barrantes, el mismo día que tomó posesión de su cargo, el 14 de septiembre recién pasado, parecen anunciar negros presagios para las relaciones de ese país con Nicaragua, crispan los ánimos, aumentan las tensiones entre ambas naciones, y afectan negativamente la dinámica del enclenque Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.

Con sus afirmaciones, Castillo Barrantes está creando un ambiente poco o nada favorable para la ejecución de proyectos sub-regionales, en particular la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, apoyada por una treintena de países y organismos que se reunieron en Guatemala en junio pasado para la celebración de una Conferencia Internacional de Apoyo a la misma, que dejó a los países del istmo dos mil millones de dólares para enfrentar en mejores condiciones al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y la violencia juvenil en la subregión.

Más aún, esas tensiones podrían desbordar el ámbito subregional y extenderse al sistema interamericano, cuya institución rectora, la Organización de Estados Americanos vive, por cierto, una severa crisis de credibilidad política y un insoluto déficit financiero, circunstancias especialmente agravadas durante la gestión de José Miguel Insulza, su Secretario General.

Haciendo gala de un lenguaje guerrerista y pendenciero, Castillo Barrantes se estrenó como Canciller declarando en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, como antes ya lo había hecho ante la propia presidenta Laura Chinchilla, que el gobierno de Nicaragua continuaba siendo “el enemigo” de Costa Rica.

Dijo además que Costa Rica cometió un error al no defender militarmente la zona del diferendo con las fuerzas de seguridad que el gobierno de San José desplegó armadas con fusiles de guerra y ametralladoras ligeras (calibre 60), y que sólo se limitaron a quitar la bandera que las supuestas tropas invasoras de Nicaragua habían colocado, y en su lugar clavaron la de Costa Rica, pero que al retirarse la dejaron sola y sin protección. Su crítica puede resumirse diciendo que la Fuerza Pública no ejerció soberanía en el momento y en el lugar que debía hacerlo.

Es innegable que los gobiernos de San José y Managua tienen serias diferencias, y no sólo fronterizas, pero de eso a ser “enemigos” hay mucha distancia. Si eso lo hubiese dicho Daniel Ortega, quizás no habría causado sorpresa y se habría tomado como una más de sus bravuconadas, pero viniendo del jefe de la política exterior de un país que se precia y declara civilista, ciertamente que no luce y en nada abona a la estabilidad de la subregión centroamericana.

El diferendo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua está desde finales del año pasado en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en donde el gobierno de San José ya ha tenido dos tropiezos. El primero, que los togados no condenaron a Nicaragua, ni reconocieron la “invasión” nicaragüense, ni el presunto daño ecológico irreversible causado al humedal reclamado por San José, como pretendía Costa Rica,. Se limitaron a darle estatus de neutralidad al territorio disputado —Harbour Head para Nicaragua, Isla Calero para Costa Rica—, dejando para después el tema de fondo: la demarcación de la frontera entre ambos países. El segundo, la decisión de la Corte de no aceptar la tercería de Honduras y Colombia en el diferendo Costa Rica-Nicaragua.

Pero las declaraciones del canciller Castillo Barrantes son contradictorias, y eso es peligroso en política exterior y más cuando está de por medio un diferendo limítrofe y reclamos de soberanía nacional. El jefe de la diplomacia costarricense dice que fue un error no defender militarmente la zona en disputa. Sin embargo, al mismo tiempo asegura seguir creyendo que las mejores armas de su país “son el derecho internacional y no los militares”, añadiendo que “lo que Nicaragua hizo es acudir a las vías de hecho y Costa Rica no tiene recursos militares para impedir una acción por las vías de hecho”. ¿Cómo iba entonces su país a defender militarmente el suampo que reclama?

¿A qué debemos atenernos? Quizás doña Laura se equivocó al nombrarlo Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, más bien le hubiese designado jefe de la nueva “Policía de Fronteras”, destinada a defender militarmente la soberanía e integridad territorial de Costa Rica.

Es muy fácil borbotear cualquier cantidad de interpretaciones ex post facto, que rayen incluso en fanfarronadas. Pero, ¿es que acaso si el canciller Castillo Barrantes hubiese sido Ministro de Seguridad Pública o Presidente de la República en ese entonces habría sacrificado a sus policías o guardias civiles en un enfrentamiento desigual con las bien entrenadas y experimentadas tropas del Ejército de Nicaragua? ¿Sacrificarlos para qué? ¿Para victimizarse antes los costarricenses y la comunidad internacional más de lo que lo hicieron el entonces canciller René Castro y la misma presidenta Chinchilla?

Es claro que el Canciller Castillo Barrantes no tiene noción de la distancia que media, en términos estratégicos y operáticos, entre Diplomacia y Defensa militar, independientemente que ambas caminen de la mano en la defensa de la soberanía nacional de cualquier Estado. No es lo mismo acomodarse en un mullido sillón en la sede de la OEA en Washington, en donde él prestó servicio como representante de su país, que calarse el uniforme de fatiga y llevar a combate una tropa mal entrenada y sin experiencia militar.

Evidentemente que lo mejor que el señor Canciller debería hacer es dejar de jugar a la guerra en tiempo pasado, ya que de continuar haciéndolo el único beneficiado será Daniel Ortega, a quien le estará entregado más municiones para alimentar en Nicaragua un falso patriotismo y un nacionalismo de ocasión que aprovecharía para desviar la atención de los nicaragüenses y medio cubrir las desnudeces de su ilegal candidatura y de su peligrosa y agresiva inclinación autoritaria.

*Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática