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El derecho a participar en las elecciones mediante el ejercicio de sufragio está garantizado por nuestra Constitución Política para todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que hayan cumplido 16 años. Concurriendo a las urnas electorales para depositar su voto es que el pueblo nicaragüense ejerce el poder político y elige libremente a sus gobernantes.

Votar en las elecciones es un derecho ciudadano y también un deber cívico. Todo ciudadano o ciudadana responsable, que ame a su país y le preocupe su futuro, está en el ineludible deber cívico de concurrir a su respectiva Junta Receptora de Votos, plenamente consciente de que su voto vale, y, por lo mismo, decide sobre el rumbo del país.

Debemos asumir este reto con responsabilidad participando con madurez en el proceso electoral, convencidos de que el abstencionismo o la anulación del voto no conduce a ninguna parte.  Es simplemente una  posición negativa, que nos margina de la decisión colectiva. Anular el voto es una tontería, porque equivale a abstenerse, significa echar el voto a la basura. Además, es una forma de favorecer al adversario, que en este caso es el orteguismo.

En el sector independiente, es decir, de ciudadanos y de ciudadanas que no pertenecen ni se identifican con ningún partido político, y que desde el punto de vista electoral representan un 40% de los posibles votantes, suele plantearse, y con justa razón, la pregunta de si vale o no la pena participar en la contienda electoral.

El cuestionamiento surge ante las dudas que tiene la ciudadanía sobre la legitimidad de las elecciones previstas para el próximo 6 de noviembre, dadas las circunstancias que lo rodean. En efecto, existe un criterio generalizado, con muy buen fundamento jurídico, acerca de la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la candidatura presidencial del actual mandatario Daniel Ortega, dado el doble candado que el Artículo 147 de la Constitución Política de la República impone a sus aspiraciones continuistas. Este proceso electoral ha sido convocado, y está siendo administrado, por un Consejo Supremo Electoral de facto, ya que a todos los magistrados --propietarios y suplentes-- que lo integran se les venció el período para el que fueron electos. Además, está plagado de una serie de irregularidades.

Ante esta situación, muchos se preguntan si participar en el proceso electoral significa legitimar la candidatura inconstitucional de Ortega y aceptar la usurpación de funciones en que están incurriendo los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral.

Nuestra opinión es que, ante semejante panorama, la peor decisión que podemos tomar es abstenernos o anular el voto bajo el pretexto de depositar un “voto de protesta”.

Adoptar el camino de la abstención electoral o de la anulación del voto sería trágico para la democracia en nuestro país, pues es dejar a Ortega el campo libre, y facilitarle el logro de su propósito continuista. Es abdicar de nuestra condición de ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con nuestra nación. Con abstenernos o anular el voto no ganamos nada y lo perdemos todo, porque a Ortega no le importa la abstención. Él va a seguir adelante con su proyecto autoritario.

La decisión correcta que el momento y el patriotismo nos imponen, pese que tenemos plena conciencia de las condiciones adversas en que vamos a participar, y de la ilegitimidad que estigmatiza al actual proceso electoral, es asumir resueltamente nuestra condición de ciudadanos y de ciudadanas nicaragüenses, y disponernos a hacer de nuestro voto la mejor arma cívica, con lo que podemos derrotar al orteguismo; proponernos transformar el voto en el ariete que nos permita derribar los obstáculos, siempre que concurramos masivamente en apoyo de una fórmula presidencial legal, decente, auténticamente democrática y no pactista, y de un programa de gobierno convincente. Este es el camino a seguir para que triunfe la voluntad soberana del pueblo nicaragüense.

Será, entonces, el voto masivo del pueblo nicaragüense lo que  legitimará la elección del candidato legal y constitucional que resulte electo, pese a las irregularidades del proceso electoral. En cambio, una candidatura ilegal e inconstitucional, como la de Ortega, no podrá legitimarse jamás por más votos que se le asignen, porque está viciada de ilegitimidad en su propio origen, al ser absolutamente contraria a la Constitución Política de la República.