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En la historia política de nuestro país, no hay precedente de la actividad defensora de los derechos de las personas ni de la defensa  de la legalidad institucional, de lo que hacen hoy los organismos civiles, entre los que se destaca el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), y en éste, su fundadora –una admirable mujer— la doctora Vilma Núñez de Escorcia. No lo digo porque su actividad sea desconocida, sino porque, recordándolo, nos permite cotejar su constante y valiente crítica al gobierno por su violación de las leyes, con la pasividad –cuando no  la complicidad—  de los partidos ante esas violaciones. Esto de la buena y la mala defensa de las leyes se puede parodiar como “lo bello y lo bestia” de la política nacional.

La última y lamentable muestra de este contraste, lo reveló la doctora Núñez, con respecto a la ilegalidad de la boleta única, determinada por el incansable obturador de los mecanismos legales de la Ley Electoral, el Consejo Supremo Electoral que, por encargo  de Daniel Ortega, cuando criticó  a la pasividad de los partidos en torno a este caso.  Entre tanto la doctora Núñez de Escorcia vive alerta y alertando ante las maniobras contra la transparencia electoral, los líderes de los partidos se limitan a la crítica ocasional y ligera, sin pasar a más. Son incapaces de activar a las masas convocadas a sus mítines en   defensa de la transparencia electoral.  Sólo las convocan para que les oigan sus manidas promesas, manteniéndolas al margen y, lo peor, pasivas, como esperando un milagro que detenga las ilegalidades del  candidato del oficialismo.

Esta actitud no es casual, corresponde a una estructura mental, a una cultura  política arribista tradicional, la cual no ha variado nada de su  esencia desde tiempos de los liberales y conservadores, sino en la forma de hacer publicidad que le proporciona la nueva tecnología. En el presente, la composición política de la oposición –con muy pocas excepciones— padece de y practica este tradicionalismo cultural de hacer política con muchos factores  extras de oportunismo y de concepciones reaccionarias. Para ver eso, solo hay que pensar en el comportamiento de la representación de los partidos en la Asamblea Nacional, cuyos integrantes son también líderes de sus partidos.

Aparte de tratarse de un comportamiento similar o peor que el de las etapas precedentes, los diputados actuales los han refinado, coincidentes con el arranque de las pretensiones de Ortega de reelegirse. Los diputados, con señaladas excepciones, tienen una sucesión de actos oportunistas, donde han negociado  los proyectos de ley del orteguismo, incluso, han sido lenitivos con la violación del Artículo Cn. constitucional y los decretos ilegales con los cuales ha prolongado las funciones de los magistrados del CSE y de la CSJ, y le ha robado sus facultades.

Ninguno de esos diputados –del PLC y de ALN—  ignoró nunca que toda esa ilegalidad estaba orientada a permitir la reelección de Ortega. No pasaron de hacer algunos discursos anodinos sobre esos  decretos, pero a la hora de votar se alineaban al oficialismo, se ausentaban o se abstenían –que son otros modos de cooperar con el oficialismo—  y todo lo cual acusó vulgares negociaciones de votos por dinero. ¿Alguien duda cuál es la causa de que los votos que el orteguismo ha conseguido más allá de sus 38 diputados?

Los magistrados del PLC en el CSE pasaron a ser descarados colaboracionistas del orteguismo, y uno de ellos hizo una mueca de dignidad, rechazando el decreto ilegal de Ortega, pero a los pocos días regresó a ocupar el cargo, humilde, humillado y sin vergüenza, argumentando que “la calle está dura”. Ese botón de muestra de indignidad simboliza la degeneración de la política nacional.

En el otro Poder del Estado bajo control de Ortega, la “Corte Suprema de Justicia”, los magistrados arnoldistas dieron demostraciones vergonzosas de indignidad –con la excepción de un difunto y de Sergio Cuarezma— pues hicieron lo mismo que  los del CSE. Al inicio, reaccionaron molestos en contra de la imposición de Ortega, y luego retornaron al cargo para continuar recibiendo los privilegios de que gozan en esa institución, y también a recibir humillaciones –bien merecidas, además— impuestas por los orteguistas y aceptando todo lo que éstos determinan.  

Toda una tragicomedia de las más ejemplares en inmoralidad que se han conocido de la politiquería. Diputados que, además, aspiran a la reelección como auto premio a sus actitudes cómplices con las ventajas que Ortega ha obtenido para su reelección, y también de la degradación del ejercicio político. He aquí la abyecta fórmula para hacer dinero con la politiquería, y de su permisibilidad con la dictadura neomonárquica orteguista en construcción: gobernar por decreto contra la Constitución Política a cambio de conseguir votos mercenarios.

Y, frente a tanta desvergüenza e indignidad es que emerge honrosa la actividad de los organismos civiles pro derechos humanos, los cuales, al parecer, en su labor humanitaria y por el respeto de los derechos políticos, también tienen que cargar con el trabajo que corresponde a los partidos. Pero ni el esfuerzo, ni la vergüenza ajena que estos organismos asumen por patriotismo y por respeto por el pueblo  nicaragüense, caerán en saco roto. Lenta y de modo  imperceptible, se hará sentir la reacción popular  contra tanta ignominia, y los sectores políticos con nuevas actitudes que hacen la excepción entre tanta decadencia, sepan recoger  las ansias de libertad y democracia latentes en sus seguidores.

Desde luego, nada de eso podría siquiera vislumbrarse como una posibilidad, marginándose de uno de los eventos que, por una característica o necesidad histórica de nuestro país –como es el proceso electoral—, al menos para luchar por que el voto popular sea respetado y, sobre todo, para hacerlo respetar. Con la nariz tapada y consciente de que ninguna elección representa la solución definitiva, es uno de los medios por los cuales se le puede buscan soluciones a problemas de orden político.