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El pasado mes de julio tuve la fortuna de visitar una casa muy especial en Managua. Me  encontraba en Nicaragua como miembro de una delegación de Amnistía Internacional.  Había muchas niñas y algunas mujeres. Recuerdo a una pequeña que bailaba disfrazada  de princesa, y a otra ya adolescente que me enseñó las uñas pintadas de color morado  fantasía, mientras una tercera me recitaba, orgullosa, un poema sobre la libertad que  había escrito en su diario. Todo era alegría y bullicio. Esa era la parte visible.

La invisible es que todas estas mujeres habían sido objeto de abusos sexuales y  violaciones a manos de familiares u otras personas que se habían valido de su posición  de poder sobre ellas. Los hogares en Nicaragua, nos dijeron, son con frecuencia lugares  peligrosos para las niñas, ya que cuando sufren abusos sexuales a manos de sus  familiares se ven además presionadas para guardar silencio. Uno podía sentir una  tristeza adulta en las palabras de Estefany, violada pistola en mano y con un hijo  diminuto entre sus rodillas, cuando nos relataba que su agresor seguía libre, cerca.

En Nicaragua se ha dado un retroceso desde 2008 en la protección de los derechos  humanos de las mujeres, al no permitir el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera  cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando una niña sufre una violación y queda embarazada.

Según la Policía, entre 1998 y 2008 se denunciaron en Nicaragua -un país con apenas 6  millones de habitantes- más de 14.000 casos de abuso sexual. Según la Comisaría de la   Mujer y la Niñez, entre enero y agosto de 2010 se denunciaron 1.259 casos de  violación. En dos terceras partes de estos casos las víctimas eran menores de 17 años.  También en 2010 se registraron un total de 3.778 denuncias de abusos sexuales, y 39  mujeres y niñas fueron asesinadas. A pesar de ello, muchos perpetradores quedan en la  impunidad.

Las mujeres y niñas que sacan fuerzas para denunciar la violación o los abusos sexuales  se encuentran a menudo con fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e  internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual.

Durante nuestra visita, la Corte Suprema de Justicia hizo pública una sentencia que  desafía al sentido común y a los derechos humanos, y así se lo manifestamos a uno de  sus ponentes y a la presidenta de la Corte. Se trataba del caso de Fátima Hernández, una  mujer muy joven que, después de ser violada por su compañero, pasó varios días  ingresada en un hospital y tuvo que permanecer un tiempo en silla de ruedas. La Corte  redujo la sentencia contra su violador, argumentando que a causa de la ingesta de  alcohol, “no pudo controlarse”.

Nos entrevistamos también con cuatro de los cinco candidatos a la presidencia de la   República que se presentan a las elecciones del 6 de noviembre. Solo Daniel Ortega no  nos recibió, aunque mantuvimos reuniones con representantes del Frente Sandinista. A  todos les preguntamos si estarían dispuestos a hacer una declaración pública de  tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres, y a eliminar del Código Penal la  prohibición absoluta del aborto, al menos en caso de violación y peligro de muerte de la madre. Algunos hicieron la declaración allí mismo, frente a decenas de periodistas,  otros dijeron que la harían, todos se comprometieron a trabajar contra la violencia hacia  las mujeres pero, salvo alguna excepción, nadie se comprometió a permitir que las niñas  violadas que conocimos en Managua puedan elegir si quieren o no dar a luz. El plan  más reciente para combatir la violencia sexual se elaboró en 2001 y finalizó en 2006.  Desde entonces, nada.

Ante las próximas elecciones, muchos temas serán objeto de debate en Nicaragua.  Desde Amnistía Internacional nos hemos empeñado en que también se oigan voces  como la de Estefany, porque la política debería ser ante todo una forma práctica de  conseguir avances en derechos humanos. “Lo peor, que padre, sacerdote, familia,  llegaron a decirme que mejor me arreglara, mejor así porque no querían escándalo;  estaba afectando a mi familia y nadie me creyó. Toda mi familia se volvió en contra de  mí, salvo mi madre”. Señores candidatos, ¡escuchen!, tienen ustedes la oportunidad de  evitar que Nicaragua sea conocido en el mundo como un país donde las niñas violadas  no merecen la protección del Estado.

*Director de Amnistía Internacional España