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La seguridad del pueblo
es la ley primera.
Refrán romano

 

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, abundan exhortaciones interesadas para que los ciudadanos salgan a votar por el mal menor. Una lógica simple, en una sociedad formada con reglas de gamonales que se imponen a los intentos esporádicos de crear un orden jurídico civilizado, hace que sea convincente, aún para personas de cierta cultura, el argumento del mal menor. En este caso, para que se vote sin convicción, en un proceso electoral viciado que violenta la Constitución.

Probablemente, la experiencia de la mayoría de la población no va más allá de pasar la vida capeando males mayores, en un rodeo fatal, en el que a diario les embiste con cuernos afilados la miseria, sin casta ni nobleza alguna, con mordiscos y patadas a traición. De manera que sin tradición intelectual en escuelas de pensamiento filosófico, la política criolla no pretende debatir estrategias coherentes con alguna teoría social, sino que se arrastra al acecho, en la sombra, con los colmillos agudos y curvos del oportunismo.

En este contexto, la lógica simplista de las clases medias ante un fenómeno complejo, se vuelve absurda, se rebela contra sí misma. Los candidatos opositores participan en la contienda electoral -que consideran viciada e ilegítima por las violaciones constitucionales de Ortega-, bajo la tesis del mal menor, para inducir a votar por un candidato cualquiera que pueda vencer a Ortega. Pero, cuando prevalecen consideraciones prácticas, sin principios, que cubren las violaciones a la ley, para la población empobrecida, la dictadura de Ortega –eje central de las denuncias opositoras-  resulta, entonces, un mal menor, en el mercado de ofertas sociales donde se vende a menudeo la conciencia.  

Si por la lógica del mal menor disminuyen la abstención electoral y el sentido de dignidad, y la conciencia de rechazo a la dictadura, más bien, se favorece a Ortega, que es, seguramente, en un terreno sin principios, el mal menor.

En tal situación, las leyes racionales, sin embargo, no se prestan a sutilezas parciales caprichosas. Sin percatarse en lo más mínimo que plantea una contradicción lógica y jurídica evidente, el Doctor Carlos Tünnermann (ex Rector Magnífico de la Universidad Nacional), en un artículo de opinión publicado en EL NUEVO DIARIO, el 28 de septiembre, escribe, a propósito del posible resultado de las elecciones viciadas: “El voto masivo del pueblo nicaragüense, lo que legitimará es la elección del candidato legal y constitucional que resulte electo. En cambio, una candidatura ilegal e inconstitucional, como la de Ortega, no podrá legitimarse jamás por más votos que se le asignen”.

Con lo cual, a priori, la voluntad popular podría no tener valor alguno, según la apreciación del Doctor Tünnermann. Lo que es un sinsentido, incluso, jurídico, ya que soporta una tesis dictatorial a la inversa (desprecia la decisión cívica de los ciudadanos, que él mismo ha inducido a manifestarse en el proceso viciado).

La lógica indica que no es la votación de los ciudadanos por Ortega, sino, el proceso electoral en su totalidad el que sería ilegítimo e inaceptable, si se presta a que el pueblo pueda votar “correctamente” por una candidatura ilegal e inconstitucional.

A partir de allí, el resto del artículo del Doctor Tünnermann, incluso, desde el título mismo (“Abstenerse o anular el voto es un error”), carece de justificación metodológica: es un claro sofisma, una falla lastimera en la argumentación lógica, del más respetado exponente intelectual  de la tesis del mal menor.

Una dictadura se combate como tal: con movilizaciones de masas. Cualquier tarima, incluso electoral, debe servir para que combatientes populares esbocen el camino claro de la lucha directa, en las calles, por derechos ciudadanos contra los planes dictatoriales.

La libertad se defiende, después de todo, para reclamar derechos con mejor organización y mayores probabilidades de victoria. No es sólo un ritual burocrático, por el cual un presidente abandona puntualmente el cargo (como aspira la conciencia de la señora Belli, según dice, en otro artículo de opinión, publicado en EL NUEVO DIARIO, el mismo 28 de septiembre).

Pensar que el pueblo no tiene, frente a la dictadura, más alternativa que seguir la propia estrategia de Ortega, nos lleva a girar la moneda acuñada por el absolutismo, para buscar en el envés otra efigie presidencial en la cual depositar la suerte de la nación. Estos candidatos electorales se ofrecen como dirigentes de pactos y de componendas mutuas (que ellos llaman con el nombre impropio… de política). La lucha política, en cambio, por transformaciones igualitarias profundas, es una alternativa que los excluye, y que ellos, a su vez, excluyen, porque temen un proceso de masas con el que no pueden pactar privilegio alguno.

La estrategia de los planes dictatoriales se expresa en una frase cínica que el consejero más humillante de la dictadura, por falta de acceso al oído presidencial, pronunciara en voz alta: “Mantendremos el poder a cualquier costo”. Igual, en cinismo, a la divisa con que se lanzó a la piñata, en los años ochenta, con las bolsas vacías: “Una cosa es ser propietario y otra poseer”.

Si en sueños Ortega perdiera las elecciones y en el mismo sueño no pudiera hacer  fraude, entonces, al despertar, haría una reforma constitucional propicia, e implantaría un régimen parlamentario, en los plazos que aprobaría disciplinadamente la Corte Suprema. Para que el mismo Ortega ocupe el cargo de Primer Ministro, resguardado por el Ejército y la Policía. O una variante igualmente desvergonzada, como corresponde al absolutismo arrogante que se corona a sí mismo.

Es falso que a Ortega no le preocupe la abstención electoral, ya que es un rechazo  consciente tanto al dictador como al sistema jurídico del orteguismo (que incluye a los partidos opositores). A partir de allí, se puede desarrollar una lucha consecuente que no siga la lógica del menor de los males, sino que recoja el anhelo de cambios radicales.

Lo que no le preocupa a Ortega –como buen dictador- es el resultado electoral. En estas elecciones corruptas, compartidas entre la dictadura y sus opositores, aplica, en el sentido de impunidad recíproca, el proverbio latino: Manus manum lavat (una mano lava la otra).