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Abuso sexual es TODO contacto con intencionalidad sexual hacia una niña, niño o adolescente (0 a 18 años), que tiene origen en la relación de poder y que se produce a través de seducción, chantaje, amenaza o engaño; produciendo secuelas traumáticas severas. En la mayoría de los casos se produce en los lugares considerados “más seguros” y es cometido por personas cercanas.

Este concepto de abuso sexual difiere mucho del que contempla el Código Penal nicaragüense, en lo que a delitos sexuales se refiere y que ahora me lleva reflexionar, a partir de la información aparecida en EL NUEVO DIARIO, el día 26 de septiembre del corriente.

Se refiere a una denuncia presentada en la delegación policial de Jalapa, Nueva Segovia, en la que una adolescente de 14 años fue abusada sexualmente, en un aula de clases, por un muchacho de 19, con iniciales FACD; presentando pruebas que determinaban la ocurrencia del delito. A pesar de esto, la fiscal Celia María Quezada Larios desestimó la denuncia, aduciendo que “fue la muchacha quien provocó al joven con conqueteos sensuales dentro del aula. Tales circunstancias nos indican que no hubo uso de fuerza, violencia o intimidación por parte de FADC para acceder carnalmente a la supuesta víctima”.

Expresiones como ésta son muy frecuentes cuando se trata de abuso sexual en niñas, niños; siendo aun más frecuentes cuando se trata de chavalas adolescentes.

Son expresiones que denotan la no credibilidad en las chavalas/os cuando dicen que han sido abusadas/os sexualmente y que en el ámbito judicial, también son reafirmados por las/os operadores judiciales; respaldando el mito de la provocación que deja en la impunidad el delito y a las niñas, niños y adolescentes en una condición de mayor afectación e inseguridad.

Así lo deja ver el padre de esta adolescente en Jalapa, que dice: “mientras mi hija, para no exponerse al escarnio y a las burlas, desistió continuar sus estudios, y se ha quedado en la casa sufriendo la humillación, además, revictimizada por la Fiscalía”.

La teoría de la “provocación” sigue siendo la más utilizada para justificar y proteger a los abusadores, señalando a las chavalas de “coquetas”, “provocadoras” y “ofrecidas”. De esta forma, se culpabiliza a las niñas/os y adolescentes por el abuso vivido. Tener 14 años es un factor que reafirma el mito, pues socialmente se asume que “la chavala ya está lista” “la chavala ya quiere”; como esta muchacha de Jalapa, a quien la Fiscalía dejó sin la protección debida.

La fiscal de Jalapa, en ningún momento ha considerado que, aunque esta chavala haya “coqueteado”, esto no le otorgaba a FACD ningún permiso de abusar de ella. Él es quien tiene los 19 años y por lo tanto la responsabilidad y el poder para mantener los límites con ella. Si no lo hizo, entonces él abusó de esta adolescente. Abusó de su poder.

En este aspecto, siempre pienso en lo que socialmente se asume, más allá de lo que especifica la ley: “Si ella provocó, es porque quería”; sin considerar que está chavala pudo decir No, o rehusarse al contacto sexual cuando estaban en el aula de clase. Es precisamente lo que ocurrió cuando la fiscal desestimó la causa.

Si ella dijo no y FACD consideró que eso significaba que “ella quería”, entonces FACD abusó sexualmente de esta chavala. Es muy importante dejar claro que no solamente es falsa la teoría de la provocación, sino que igualmente se debe reconocer la expresión de esta chavala cuando dice NO en el momento del contacto sexual. Estas son bases muy importantes para reconocer que sí se cometió un delito.

Uno de los aspectos más rebatibles, de los expresados por la fiscal Quezada Larios, es que otros adolescentes “confirman” que esta chavala era la “provocadora”. Pero estos adolescentes no estaban cuando FACD metió en el aula de clases a está chavala, no estaban cuando él hizo contacto sexual; la única testigo en este momento fue ella y lo que dijo no ha sido creído por la Fiscalía. La misma ley específica que la testigo principal es quien ha vivido el abuso, sin embargo esto tampoco fue tomado en cuenta por la fiscal, para admitir la denuncia.

Situaciones como estas siguen dejando a niñas/os y adolescentes en total desprotección, promueven que la población no se atreva a denunciar el abuso sexual y lo más grave es que los abusadores sexuales continúan quedando en la impunidad y se siguen sintiendo con el permiso abusar cada vez más.

La Fiscalía, como representante de niñas/os y adolescentes; debe considerar su papel de protección a las víctimas y desarrollar procesos que le lleven a desmitificar el abuso sexual, a cambiar la visión sobre este tema, para no continuar culpabilizando o revictimizando quienes han vivido abuso sexual.

Es necesario que asuma su responsabilidad a partir del reconocimiento de los derechos humanos de niñas/os y adolescentes que han vivido abuso sexual, que valoren la posibilidad de construir estrategias jurídicas que faciliten el acceso a la justicia y que eviten que los abusadores sexuales sigan asumiendo que tienen libertad para continuar abusando.

*Psicóloga
hablemosde.abusosexual@gmail.com
Movimiento contra el abuso sexual