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Alguna vez, un escritor calificó a Nicaragua como un “pequeño país en broma”. Y aunque la calificación no es nada honrosa, a veces pareciera que la merecemos por la forma en que actúan nuestras máximas autoridades. Nuestro presidente de la República contribuye a tal calificación cuando dicta decretos para prorrogar los períodos constitucionales de los magistrados de los poderes del estado sin estar facultado para ello; cuando decide presentarse a la reelección, pese a la doble prohibición que le impone el Artículo 147 de la Constitución Política, que juró respetar al asumir su cargo; cuando prorroga el nombramiento de la Primera Comisionada de la Policía, contraviniendo la Ley que regula  esta institución, etc, etc… Nuestra Corte Suprema de Justicia se luce declarando inconstitucional, y por lo mismo inaplicable, un artículo de la propia Constitución; la Contraloría General de la República la integran contralores de facto; lo mismo sucede con los seis magistrados del Consejo Supremo Electoral, con tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador y Subprocurador de los Derechos Humanos.

Cabe entonces preguntarse: ¿Dónde están el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática? A lo anterior podemos agregar la “modernización” sui géneris que para el presente proceso electoral viene promoviendo el Consejo Supremo Electoral. La Constitución Política de la República otorga al CSE iniciativa legislativa en materias propias de su competencia. Por lo tanto, si los magistrados del CSE consideraban que era necesario reformar la Ley Electoral para “modernizarla”, lo correcto hubiera sido presentar una iniciativa de reforma a dicha ley. Pero no ha sido así. El CSE, por si y ante sí, y con un proceso electoral ya en marcha, ha tomado varias decisiones, diz que para “modernizarlo”, violando la Ley Electoral, que son los primeros en estar obligados a respetarla, tal como lo dispone el inciso primero del artículo 173 Cn, cuando dice que el CSE tiene la atribución de “Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos y referendos que se convoquen de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley”. La facultad reglamentaria, que le confiere el inciso 6 del mismo artículo, debe ejercerla “de conformidad con la ley”, y no a su gusto y antojo, señala la Constitución.

Pero sucede que el CSE ha emitido reglamentos, adoptado decisiones y hecho cambios de última hora en el actual proceso bajo el pretexto de “modernizarlo”, según dijo a “El Nuevo Diario” el presidente de facto del Consejo (END, 4 de octubre de 2011). Es decir, el árbitro del proceso electoral se reserva el derecho de cambiar las reglas del juego, bajo la excusa de la “modernización”.

Es así como asegura el presidente de facto que el término “acompañamiento” es “más envolvente que observador, más integral”, lo cual no es cierto según las definiciones que de estos términos nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española. Aún así, si al CSE le gusta o le conviene usar este término, debió promover una reforma a la Ley Electoral, ya que esta, en su artículo 10 inciso 8, lo que establece es que las facultades del CSE se limitan a “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”. En ningún lugar de la Ley Electoral aparece el término “acompañante”, que al presidente de facto le parece más moderno.

Igual sucede con la decisión de imponer la boleta única, en vez de las cuatro que prevee la Ley Electoral. Y aunque el magistrado presidente de facto diga que él “garantiza” que no hay violación a la Ley Electoral, lo cierto es que el texto legal dice lo contrario. Así, el artículo 115 dice lo siguiente: “En cada Junta Receptora de Votos habrá urnas electorales para cada elección de autoridad, de acuerdo con el reglamento que dicte el Consejo Supremo Electoral”. Es evidente que el reglamento no puede modificar lo dispuesto en este artículo. Y el artículo 116, en su inciso 5, para que no quede duda dice: “El votante marcará en cada boleta electoral con una “X” o cualquier otro signo en el círculo de su preferencia y la introducirá debidamente doblada en la urna electoral correspondiente”.

Como puede verse, la “garantía” ofrecida por el presidente de facto del CSE se cae frente al texto legal. Por lo anterior, y por otras muchas irregularidades que han sido denunciadas por los partidos políticos y la sociedad civil, podemos calificar la supuesta “modernización” del CSE como contraria a la Ley Electoral. Además, la boleta única va a crear confusiones al momento del escrutinio y facilita la anulación arbitraria de los votos.

Sin embargo, pese a todas estas irregularidades, la ciudadanía debe acudir masivamente a las urnas el próximo 6 de noviembre para poner fin a tanta violación del Estado de Derecho y depositar su voto por un candidato que cumpla con los requisitos constitucionales y prometa seriamente restablecer la institucionalidad democrática, ahora en bancarrota. De este modo, Nicaragua volverá a ser un país digno del respeto de la opinión pública internacional por la seriedad y fortaleza de sus instituciones y la vigencia del Estado de Derecho, condición indispensable para propiciar el desarrollo del país y combatir la pobreza.