Jorge Eduardo Arellano
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Por su labor en la defensa de los intereses de nuestra nación, el doctor Mauricio Herdocia (León, agosto, 1958) recibió el doctorado Honoris Causa en el American College. En efecto, ha sido notoria y notable su participación como principal asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante más de veinte años, en asuntos de política exterior. En particular para los juicios de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, comenzando con el iniciado por nuestro pequeño país contra la potencia imperial de los Estados Unidos en La Haya.

Como es sabido, dicho juicio lo ganó Nicaragua con la excepcional sentencia del 27 de junio de 1986, después de haber sido perjudicada en 20 de 24 conflictos internacionales, no sólo por la sentencia de La Haya en 1960 a favor del Estado vecino de Honduras, sino por otros más alejados y poderosos (Gran Bretaña en 1841, 1843, 1848 y 1895; Francia en 1874-80, España en 1876-77 y Alemania en 1876-78). Pero se ha asumido el triunfo en La Haya (uno de los más importantes de los casos conocidos por este tribunal desde su fundación y el más significativo de los que ha resuelto) no desde el sentido de la nación y el Estado, sino desde la apoteosis triunfalista de un gobierno o, peor aun, desde la militancia partidaria.

Y esto es un error, ya que de los 16 puntos resolutivos de la sentencia –-condenando sin vacilación alguna a los Estados Unidos--, la mayoría se sustentó en la violación --por parte de la superpotencia-- de sus obligaciones derivadas del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito en Managua el 21 de enero de 1956. ¿Y quién gobernaba entonces nuestro país? Sin comentario.

Este sentido de nación es lo que ha caracterizado la constante labor desplegada por Herdocia en la defensa del patrimonio territorial de Nicaragua, especialmente de sus espacios marítimos. Así, en la disertación que pronunció con motivo de su reconocimiento, Mauricio explicó la estrategia nicaragüense, iniciada con el Tratado Marco de Seguridad Democrática (1993), cuya redacción le correspondió a Nicaragua, planteando dos ideas fundamentales: 1): incluir en dicho tratado el concepto de Patrimonio Territorial de Centroamérica para contraponerlo a la devastación de los Tratados Fernández-Facio (entre Costa Rica y Colombia de 1977) y Ramírez-López (entre Honduras y Colombia de 1986); y 2): crear un mecanismo de acceso directo a la Corte Centroamericana de Justicia, en caso de violación. Ese concepto implicaba la obligación jurídica de realizar la defensa común y solidaria de las aguas territoriales de la región ante terceros Estados, léase Colombia.

De esta forma, en 1995 se dejaba el camino preparado para que, en caso de eventual ratificación de Costa Rica y Honduras de sus respectivos tratados de delimitación con Colombia, Nicaragua pudiera acudir a la Corte Regional bajo el concepto de Patrimonio Territorial Centroamericano, y defenderlo solidariamente. La ocasión se presentó en noviembre de 1999, en el caso del Tratado Ramírez-López.

Posteriormente, laboró en los diferendos con Honduras y Colombia en La Haya aplicando esa estrategia, cuyo resultado favorable en Nicaragua se concretó en la sentencia emitida el 13 de diciembre de 2007, que aclaró definitivamente la inexistencia del límite marítimo reclamado desde hace 80 años por Colombia: el paralelo 82. De ahí que Nicaragua posee derecho pleno de asumir su soberanía sobre los territorios del mar Caribe al oriente del meridiano 82, conforme al derecho del mar: las 200 millas náuticas de su plataforma continental.

El doctor Mauricio Herdocia abordó también el fallo precedente que resolvió el diferendo marítimo de Nicaragua con Honduras. Dicho fallo rompió el muro que pretendía delimitar a Nicaragua en el paralelo 15 al noreste y en el 82 al este. Proyectando nuestros derechos rumbo al paralelo 16 y al meridiano 80, habiendo ganado Nicaragua más de 18,000 kilómetros cuadrados de territorio. En consecuencia, la Corte manifestó que no podía delimitar la frontera marítima y establecer que se extiende más allá del meridiano 82 sin afectar los derechos de terceros Estados.

Esa línea divisoria “es el corazón de la disputa –-sostuvo Mauricio, revelando una vez más su eficacia o excelencia como jurista experto en Derecho Internacional--, pues lo que Nicaragua reclama no es tan sólo 44 kilómetros de islas, sino más de 100,000 mil kilómetros de Zona Económica Exclusiva (ZEE) y de Plataforma Continental, a los que deben agregarse otros territorios emergentes”. Y mientras la Corte determina tal línea, Nicaragua –-a través de su actual gobierno-- tiene la facultad constitucional de defender la soberanía nacional con la presencia de su Fuerza Naval en el Caribe.

Herdocia señaló que los triunfos que significaron ambas sentencias para la nación (ya podemos hablar de la otra Nicaragua del mar) se debieron a la perseverante obra de sucesivas administraciones, estableciendo “que en las últimas décadas supieron agregar un pedazo de tela al tejido intangible de la patria, para hilar una historia distinta, sin rupturas institucionales innecesarias que debe preservarse y fortalecerse, pues aún queda mucho y peligroso camino por recorrer”. Quien habla es un especialista, un espécimen laborioso que ya los griegos llamaban un técnico, poseedor de una carrera diplomática de primer orden; un buen hijo de Nicaragua honrado por el American College.