Jorge Eduardo Arellano
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Elegir y ser electo es un derecho constitucional y autonómico. El partido de Gobierno, junto a su aliado, y el PLC escogieron un camino altamente riesgoso, utilizando la polarización como una táctica para preservar los gobiernos municipales o ganar, en el caso del PLC, generando violencia.

No es la primera vez que estas fuerzas partidarias recurren a la crisis y la violencia para imponer sus intereses. En el conflicto de Bilwi prevaleció la arrogancia y el interés personal por encima de los sujetos de derechos de la autonomía, ganaron el FSLN, sus aliados y el PLC, pero la población puso los heridos.

La táctica de la polarización y del enfrentamiento no es una solución viable para nosotros los costeños, la solución radica en la garantía de poder elegir y ser electos, es obligación del Estado de Nicaragua y los magistrados garantizar los procesos electorales.

Desde el inicio de este conflicto nunca se escucharon las voces de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, solicitarle al Estado recursos humanos y económicos para solventar las carencias técnicas que dicen tienen estos municipios en la RAAN. El problema no son las elecciones, el problema es que el Estado de Nicaragua no ha garantizado el derecho constitucional y autonómico de elegir y ser electos, contrariamente, violenta el derecho de elegir y ser electo, y además decide por la población de estos municipios.

Pero esto sólo es posible con la complicidad de líderes locales que obedecen las órdenes de Managua, y está probado hasta la saciedad que un liderazgo local obediente y separado de los intereses de los sujetos de la autonomía son un riesgo para la misma.

Nuevamente reitero que la violencia solamente favorece la polarización al FSLN y al PLC, y esto se contrapone a la tolerancia, a la pluralidad y a la multietnicidad. La autonomía es diversidad y sujetos de derechos, la población que habita en estos territorios tiene derecho a decidir quiénes los gobiernan. Decidir es autonomía.