Jorge Eduardo Arellano
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A finales de 1988, el paso del huracán “Juana” dejó a este país, en ese tiempo en guerra, severamente dañado. Corn Island, Bluefields, El Rama, Chontales y comunidades aledañas, así como las zonas rurales de Granada, Rivas y hasta Managua, sufrieron daños a causa del meteoro que entró por el Caribe y atravesó Nicaragua para salir por el Pacífico, ya degradado.

Corn Island fue arrasada. Bluefields recuerda con dolor aún la brutal destrucción del fenómeno, que no dejó tabla sobre tabla, aunque la cifra de fallecidos fue ínfima, gracias a las oportunas evacuaciones que en ese tiempo hizo el gobierno sandinista.

Sin embargo, la terrible devastación no detuvo el inminente proceso electoral que iniciaría sólo dos meses después, en 1989, bajo presiones internacionales y por la guerra, y que adelantaría los comicios para el 25 de febrero de 1990, con los resultados ya conocidos.

La diferencia entre 1988 y 2007, cuando la Costa Caribe una vez más fue azotada por un huracán, en este caso “Félix”, no es sustancial y da la casualidad que de nuevo estamos siendo gobernados por el FSLN, aunque ya no hay guerra.

Es posible que este último poderoso soplido de la naturaleza haya sido menos devastador que el “Juana”, puesto que hubo más afectaciones en bosques que en ciudades o comunidades, a juzgar por la destrucción forestal mostrada ampliamente en los últimos meses y que ha sido motivo de discusiones inútiles sobre el destino de la madera tumbada.

Pero en este 2,008, seis meses después del paso de “Félix”, el presidente Daniel Ortega está obstinado en suspender las elecciones municipales en Bilwi, Waspam y Prinzapolka, arguyendo que la población, en noviembre de este año, cuando se cumpliría poco más de un año del huracán, aún estaría demasiado afectada como para poder elegir a sus autoridades locales.

Que es una zona expuesta al desastre, que se necesita atender las necesidades básicas de los afectados, que es más piadoso evitarles el problema de acudir a las urnas… cualquier argumento que diga Ortega se contrapone a la Ley Electoral y con la lógica, por cuanto la Costa Caribe y toda Nicaragua siempre han sido castigadas por desastres naturales.

De ser cierto lo que el mandatario dice, entonces la democracia nunca hubiese marchado en Nicaragua. Ni el término funcionaría, puesto que eternamente tendríamos que aplazar los comicios, ante un terremoto, lluvias copiosas, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas y más, de lo que todos los nicaragüenses somos testigos.

Como siempre, el presidente hace uso de su “maquinaria” y sus repetidoras, en esta ocasión hasta el ex líder contrarrevolucionario miskito, Brooklyn Rivera, hoy aliado del FSLN, tratan de convencer de que la desgracia marcó de tal manera a nuestros hermanos costeños de dichas localidades, que serían incapaces e inmerecedores de participar en las elecciones, pese a que la Ley Electoral les favorece como nicaragüenses que son.

Y sus seguidores salieron a la calle, en Bilwi, a enfrentarse con cualquier ciudadano, para demostrar que NO quieren elecciones. Algo difícil de creer, en un país en “democracia”, por cuanto los “damnificados” no calzan en ese perfil de agitador que sigue al pie de la letra lo que dice su líder, en este caso Ortega.

El resultado de esa agitación antielecciones: Destrucción, amenazas, temor en la ciudadanía y hasta en los periodista que acudieron a dar cobertura a los hechos violentos del viernes pasado.

Quitar la voluntad que por derecho ejerce el pueblo es antidemocrático. En todo caso, si las elecciones no convocan a los ciudadanos que residen en Bilwi, en Prinzapolka o en Waspam, será un bajo porcentaje el que acuda a las urnas, y el fenómeno que tanto argumenta Ortega quedará al descubierto en el conteo de los votos.

De otra manera, habría que revisar qué razones políticas y personales tendría el presidente para prohibir que estos nicaragüenses de tres localidades caribeñas participen de las votaciones.