Jorge Eduardo Arellano
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Las elecciones son como el juguete más estimado, publicitado y bonito de la democracia. Pero lo es sólo cuando a los grupos dominantes se les permite jugar con él a su modo, y cuando más les beneficia. Los sectores políticos de abajo tendrán acceso al juguete como los parientes pobres a una fiesta cívica, cuya presencia es condicionada por los ricos anfitriones. Nadie sabe cuándo ni cómo la fiesta puede ser cancelada y el juguete escondido. Pero las elecciones también son, gusten o no, parte de los derechos constitucionales, y no valen pretextos para evadirlas, menos si quien se da esta potestad es jefe de un gobierno.

Bien sabemos que las elecciones no resuelven nada muy esencial, y difícilmente van más allá de las prebendas para la clientela de los grupos dominantes. Pero las promociones electorales abren tantas expectativas a todo el mundo, que algunos llegan a convertirlas en una cuestión de vida o muerte. En este aspecto, se puede decir que las elecciones son como una medicina; para ciertos pacientes puede resultar algo inocuo, como para otros un veneno.

Los curanderos de este gobierno comenzaron a tratar muy mal a los pacientes de Bilwi, Waspam y Prinzapolka. Ya hicieron que algunos vertieran su sangre y otros perdieran hasta las esperanzas en que alguna elección pueda servirles aunque sea como calmante de algún dolor social. En su interés por sacar los mayores beneficios, el orteguismo --altanero y autoritario-- decidió no inscribir candidatos para ningún cargo municipal ni regional, muy seguro de que en el momento oportuno su Consejo Supremo Electoral refrendaría su decisión de suspender las elecciones. Su pretexto son las consecuencias del huracán Félix, pero han sido muy rápidos en aprovecharlas en términos políticos y demasiado lentos para eliminarlas económica y socialmente.

Pero antes de que el gobernante hiciera obvia su demostración de arrogancia y voluntarismo, y el CSE de su obediencia, ambos habían fallado al deber fundamental de consultar la opinión de las comunidades que serán afectadas por la suspensión de las elecciones. Con esta práctica, nada democrática, se hace evidente el menosprecio a la voluntad popular, por cuanto recurren a las comunidades con sus planteamientos demagógicos, con objetivos de manipulación política, pero son las primeras olvidadas cuando van a tomar medidas que les van a afectar a ellas.

En torno a este conflicto creado con la suspensión arbitraria de las elecciones en tres comunidades del Caribe Norte, hay hechos colaterales muy particulares, entre ellos un gobernante cuya gestión política se supedita, además de a sus propios intereses, a las mezquindades de los caciques regionales con quienes mantiene una alianza política, al margen del significado que tiene su actividad respecto a las comunidades. Su antiguo adversario y ahora aliado, Brooklyn Rivera, tiene un nivel de ascendencia sobre aquellas comunidades que poco o nada corresponde su aporte al bienestar de las misma, y eso se sabe desde cuando fue delegado del primer gobierno de la derecha, después de 1990. La razón es que su alianza política se complementa con su interés económico en torno a las concesiones a empresas extranjeras, como la gringa Raya Ka Raya S.A.

Desde luego, este tipo de alianza económica no trasciende como su alianza política, pero se hizo obvia con dos hechos: uno, la visita por cuenta de esta empresa maderera a sus oficinas de Nueva York de dos miembros del Consejo Regional, entre ellos la Gobernadora, del partido Yatama de Brooklyn Rivera, quienes expresaron su voluntad de propiciar a esta empresa el aprovechamiento de la madera; dos, el director ejecutivo de Inafor dijo desconocer ese arreglo, pero supuso que estaría bien si se ajusta al “modelo de forestería comunitaria que hemos consensuado”, y que aprueba el presidente de la república.

Los aliados del sector derechista de Yatama, encabezado por Osorno Coleman, los diputados derechistas Enrique Quiñónez, Víctor Duarte y José Pallais, cuya presencia en Bilwi coincidió con los hechos sangrientos del viernes pasado, tal vez no sean tan inocentes como alegan respecto a los sucesos del viernes. Y no es raro que existan otros interesados en explotar el conflicto para su beneficio. Sin embargo, sería torpe pretender que los políticos opositores se mantengan al margen de este conflicto; en primer lugar, porque es su derecho y lo creen su deber, y en segundo lugar, porque la decisión del CSE –ordenada por el gobierno— es inconstitucional. Pero, independiente de eso, es una reacción propiciada por una medida a todas luces arbitraria, que afecta derechos esenciales de la ciudadanía. Una “invitación oficial” a participar en el conflicto.

Que la Policía investigue los sucesos de Bilwi para deslindar responsabilidades no ha de parecer mal a nadie. En necesario hacerlo. Pero cualquiera sea el resultado de esta investigación, sería un hecho secundario frente a la causa principal: la arbitrariedad del gobernante, la obsecuencia del CSE y, en general, una política culpable de actuar a espaldas de las leyes, y siempre poniendo por delante los intereses del grupo gobernante y de sus aliados.

Siempre habrá que lamentar que en nuestro país, sin desarrollo democrático pleno --ni medianamente aceptable para la mayoría--, se observe el caso de que hacer uso de un derecho, como es participar en las elecciones, se convierta en motivo o causa de un conflicto político sangriento. No es difícil enterarse de que la medida de nuestro atraso general es la medida exacta de nuestro atraso político, en particular nuestro selvático sistema electoral. Este mismo que funciona según el pulso del interés de los gobernantes, y nunca según los derechos de los ciudadanos.

Es elemental saber que a toda acción le corresponde una reacción, y la acción de un gobierno que se considere revolucionario debe ser en pro de algún tipo de progreso, nunca en contra. Pues bien, este gobierno actúa en contra de un derecho que refleja el avance cívico de las comunidades del Caribe, expresada en la Ley de Autonomía y la Constitución de la República. Está claro, entonces, que este gobierno está ejerciendo el poder con fines reaccionarios, contrarios al carácter progresista de una ley que promulgó un gobierno revolucionario de verdad. Esta contradicción revela la sin razón de suspender las elecciones.

Ortega actúa como si quisiera empeorarlo todo. Como ahora, cuando la sangre llegó al río y en cuya corriente, para mayor desgracia, la gente del pueblo es la que se baña más de una vez.