Jorge Eduardo Arellano
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A) Constitución Política y funcionalidad de la división de Poderes:
Nuestra Constitución Política, con suficiente claridad en lo que a estructura funcional de la organización estatal respecta, establece, sin dejar margen alguno para dudas, como principios generales cuya interpretación no necesita de especialistas, sino solamente de ciudadanía consciente por conocedora de los derechos y libertades fundamentales consagrados en el texto constitucional, lo siguiente:
Artículo 129.- “Los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente,..”

Independencia y coordinación armónica sin interferencias generadoras de conflictos artificiales, subordinación única a los intereses supremos de la nación, mismos que no pueden depender jamás de ningún grupo, son la esencia constitucional de lo normado funcionalmente para la división de poderes sobre la que se sustenta la construcción del Estado de Derecho nicaragüense.

B) Autonomía Regional, Municipal e institucionalidad:
Nuestra Ley de Leyes por lo que al tema autonómico regional y municipal se refiere, consagra la institucionalidad de la autonomía tanto Regional para el Atlántico Norte y Sur, como Municipal para los 153 Municipios del país, así:
Arto.89 Cn.- Párrafo segundo.- “Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de… dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.”

Lo anterior viene a ser reforzado complementariamente en otra parte del texto constitucional con idéntica claridad, así el Arto. 180 Cn.-“Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de….y la libre elección de sus autoridades y diputados.” Y continúa el Arto. 181 Cn.-“El Estado organizará, por medio de una Ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica…”

Por tanto, la existencia de una institucionalidad autonómica plena por mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía para el Atlántico resulta evidente y no debe ponerse en duda por veleidades interpretativas que sólo responden a la ignorancia del texto constitucional o, en el mejor de los casos, a una lectura deliberadamente sesgada de la realidad, tanto y más irresponsable cuando se hace desde el Pacífico sin conocer lo que acontece en el Atlántico nacional.

No menos importante en la institucionalidad que pretenden desconocer los exégetas de ocasión que le han salido a nuestra Constitución Política, resulta ser el principio constitucional de Autonomía municipal del Arto. 177, Cn, párrafo 1°): “Los Municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera.”

Si de respetar la institucionalidad vigente en el país partiendo del respeto a lo establecido en nuestra Constitución Política se trata, hay que comenzar por respetar lo solicitado al Consejo Supremo Electoral por las autoridades municipales y regionales de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), para las elecciones municipales en las circunscripciones de Bilwi, Prinzapolka y Waspam.

Desde finales del año pasado, tanto las Alcaldías de Bilwi como las de Prinzapolka y Waspam solicitaron la postergación de las elecciones locales en sus municipios ante las distorsiones en el censo electoral ocasionadas por el paso del huracán Félix, con los desplazamientos forzosos de población, en primer lugar, así como por los trastornos en la cartografía electoral que afectan directamente la ubicación y emplazamiento de las Juntas Receptoras de Votos en dichos territorios.

Desde la perspectiva de la técnica electoral mínimamente necesaria, para garantizar el ejercicio del derecho al voto en iguales condiciones que el resto del territorio nacional, no podrían celebrarse elecciones locales en los municipios citados durante la convocatoria de noviembre próximo. Tan es así que un organismo especializado en observar procesos electorales, como lo es el Grupo Cívico “Ética y Transparencia” se pronunció a favor de posponer los comicios en Bilwi, Prinzapolka y Waspam; y el mismísimo diputado Víctor Duarte apoyó la solicitud de las autoridades regionales y municipales cuando inicialmente la formularon ante el Consejo Supremo Electoral.

Es de conocimiento público el acuerdo favorable a dicha solicitud, tomado por el Consejo Supremo Electoral en su sesión extraordinaria del 4 de abril de 2008, postergando para el último domingo de abril de 2009 las elecciones de autoridades en Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam.

C) Elecciones locales, constitucionalidad y legalidad vigentes:
Nuestra Carta Magna literalmente garantiza las características mínimas necesarias para ejercer el derecho a votar en elecciones municipales:
Arto. 178 Cn.- “El Alcalde, el vicealcalde y los concejales serán elegidos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto”…
El texto constitucional se remite de manera expresa a la Ley Electoral para los efectos pertinentes a este tipo de comicios. Al respecto, el mandato constitucional posteriormente desarrollado por la Ley Electoral no admite dudas que justifiquen invocar presuntas interpretaciones auténticas.

Arto. 168. Cn- :“Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones….”

Para una mayor y mejor comprensión, cabe tener presentes las atribuciones que el Consejo Supremo Electoral tiene establecidas en el Arto. 173 Cn., para dirigir y organizar de forma exclusiva elecciones, además de la improcedencia de recurso alguno contra sus resoluciones en materia electoral.

Concluimos citando el artículo 4, Ley Electoral vigente, de rango constitucional, que textualmente disipa dudas dignas de mejor causa:
“El Consejo Supremo Electoral elaborará en consulta con las organizaciones políticas que gozan de personalidad jurídica un calendario electoral…el Consejo Supremo Electoral podrá modificar o reformar el calendario electoral por causas de caso fortuito o fuerza mayor, en consulta con las organizaciones políticas.”

Éste y ningún otro es el ámbito de Constitucionalidad plena que nutre la legalidad vigente en materia electoral.

Sustraerse por antojadiza ignorancia de su cumplimiento raya en la más flagrante y total de las irresponsabilidades, particularmente por parte de “legisladores autoproclamados demócratas”.

Me viene a la memoria entre tanta alharaca electoralista ejecutada por pingüinos y otras especies mediáticas, el recuerdo de mi maestro de Historia del Derecho, Francisco Tomás y Valiente, cuando en su obra póstuma “Constitución: Escritos de Introducción Histórica”, citando al primer Presidente del Tribunal Constitucional español, Manuel García Pelayo, a propósito de los orígenes de la Constitución:
“El de Constitución es uno de esos conceptos simbólicos y combativos que hallan su razón no en la voluntad de conocimiento, sino en su adecuación instrumental
para la controversia con el adversario”.

Tal afirmación me hace pensar en la historia que vivimos y escribimos en Nicaragua, y el riesgo que asumimos cotidianamente al olvidarnos de la importancia que la Constitución, su razón de ser y estar en el Constitucionalismo tienen para el Poder Ciudadano, así como lo aplicable que resulta cuando se quiere nombrar la realidad con un término ambiguo siempre, pero nunca neutro, sino cargado de significación política interesada.

En el Poder Ciudadano y desde el mismo a la hora de prepararnos para elegir, debemos estar plenamente comprometidos haciendo nuestros más que nunca los principios contenidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Política:
“La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación.”…
Por eso tenemos Constitución y para eso sirve: ¡Cumplámosla!
*Jurista y Docente Universitario
Especialista en Derecho Constitucional