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Recientemente, el Congreso Parlamentario en Guatemala aprobó un decreto legislativo que da paso a la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

El decreto contempla sanciones preventivas y penas de hasta 30 años de prisión contra quienes cometan violencia física, sexual, psicológica, moral y patrimonial contra la mujer; sucedan éstos en el ámbito público o privado.

Las legisladoras, organizaciones feministas y de derechos humanos celebran con gran satisfacción este logro histórico, porque cuentan ahora con una ley que pretende garantizar la vida, la dignidad, protección y la igualdad de todas las mujeres de ese país vecino y, sobre todo el derecho humano a una vida sin violencia.

La nueva Ley establece el concepto de Femicidio como el acto cometido por quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diera muerte a una mujer. Este tipo de crimen será sancionado con una pena que va entre los 25 y 50 años de prisión.

Mientras, a aquellos que por acción u omisión cometan violencia física o sexual contra una mujer serán condenados a una pena máxima de 12 años y una mínima de cinco años de prisión. Las normativas contemplan la creación de juzgados especiales en la atención a mujeres víctimas de violencia y brindar apoyo que incluye a los hijos/as en los casos correspondiente.

Éstos son algunos aspectos que se expresan en el reciente decreto que constituye además de un triunfo en materia legislativa un reconocimiento absoluto y humano en cuanto a la situación de VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, considerada todavía como un mito por algunos gobiernos y sociedades, pero que es una realidad tanto en Guatemala como en diversos países del mundo.

En Nicaragua, a través de informaciones publicadas en medios escritos se indica que en el año 2007 sucedieron al menos 52 asesinatos de mujeres y en lo que va del presente año alcanzamos un estimado de 15 mujeres muertas a manos de sus maridos, novios, ex-novios o vecinos. Se agregan a estas cifras, las más de 10 denuncias diarias de violencia intrafamiliar que se reportan en distintas instancias.

Más que una realidad, es una constante similar a una PANDEMIA que parece invisible para el Gobierno de turno, para los legisladores, para los grandes “hacedores de justicia” que dedican horas y horas a las estériles discusiones y pactos políticos. Quienes no dudaron en restringir el derecho humano a la vida de la mujer cuando penalizaron el aborto terapéutico. Los mismos que recientemente aprobaron un Código Penal donde no introdujeron ni tipificaron el delito de Femicidio.

El Femicidio, para las organizaciones de mujeres constituye la muerte violenta, que no se enmarca en el asesinato ni en el parricidio, sino que se comete cuando se mata por el hecho de ser mujer.

Considero que el ejemplo de los y las legisladoras guatemaltecas, en este caso, debería ser imitado en Nicaragua y otros países de Centroamérica.

Guatemala es un país muy cercano al nuestro, donde impera la violencia extrema, la inseguridad ciudadana, la corrupción, el hambre y la miseria, entre otros males. Y aún con toda esa dura realidad al aprobar la Ley contra el Femicidio ofrecen una esperanza de vida y justicia para las sobrevivientes de la violencia en sus distintas formas.

Las mujeres nicaragüenses saludamos la aprobación de dicha legislación; a las mujeres organizadas en Guatemala les queda ahora monitorear el cumplimiento de esa herramienta que nos inspira a continuar nuestra lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.


*Periodista

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