Augusto Zamora R.*
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II de III Entregas

El paralelo 15 se va a convertir en la zona marítima más conflictiva del país. Los barcos de la MGS empiezan a capturar pesqueros de distintas banderas, la mayor parte hondureños, dando lugar a las primeras notas de protesta de Tegucigalpa. Los incidentes se multiplican, pues el litigio marítimo se confunde con la creciente guerra de agresión que lanza la administración Reaggan contra Nicaragua. Como recoge la CIJ en el parágrafo 58 de su sentencia, “numerosos incidentes tuvieron lugar en torno al paralelo 15” entre los años 80 y 90. Los más duros eran los ataques con aviones F-5, proporcionados por EU a Honduras. Las modestas patrulleras nicaragüenses debían enfrentarlos sin efectividad, pues no poseía Nicaragua aviones de guerra que pudieran brindarles apoyo. Mucho podría contarse del heroísmo de nuestros marinos que, pese a la enorme desventaja militar, defendieron incluso con su vida los derechos que, desde Cancillería, sostenía el gobierno sandinista. Si Nicaragua fuera un país que reconociera el mérito de sus hijos, tendría ahora la ocasión de hacerlo, pues resultó decisivo el papel de nuestra MGS en el juicio ganado este año 2007 en la Corte Mundial de La Haya.

Por demás, debe señalarse aquí que la firma del tratado limítrofe entre Honduras y Colombia, en 1986, agrava profundamente las relaciones con Honduras. Este tratado pretendía imponerle a Nicaragua las fronteras marítimas con Colombia en el meridiano 82 y con Honduras, en el paralelo 15. Un reparto tan descarado como contrario a derecho, como dirá la CIJ en 2007. No obstante, era imposible obviar su significado político, pues evidenciaba la alianza entre Honduras y Colombia para despojar a  Nicaragua de sus dominios marítimos en insulares en el Mar Caribe. Tumbar la idea del paralelo 15 como frontera tradicional era, más que nunca, un objetivo prioritario.

No sería en vano el sacrificio y esfuerzo de la MGS. El intercambio de notas diplomáticas entre las Cancillerías de Honduras y Nicaragua se iba a revelar esencial en el juicio en la CIJ, por distintas razones. En primer lugar, para demostrar en los hechos que Nicaragua no reconocía ninguna frontera tradicional y sí, en cambio, que existía una frontera en disputa. Por otra, que la perseverancia de Nicaragua negando la existencia de tal frontera tradicional iba a terminar minando la línea argumental de Honduras.
Cada  nota de Honduras afirmando que el paralelo 15 era la frontera tradicional aceptada por Nicaragua, era respondida por Nicaragua sosteniendo que “no existe ni ha existido jamás una frontera jurídicamente delimitada”. El pertinaz estribillo se vio, finalmente, recompensado. Por nota 254 DSM de 3 de mayo de 1982, el entonces canciller Edgardo Paz Barnica, expresaba: “Coincido con Vuestra Excelencia en que la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua no ha sido jurídicamente delimitada” y que “podría pensarse en el establecimiento temporal de una línea o zona… que sirva como indicador momentáneo de sus respectivos ámbitos de jurisdicción”. La nota de 3 de mayo de 1982 marcará un antes y un después en el destino del diferendo.

La nota era un error de Honduras, pues contenía, nada más y nada menos, que la admisión oficial y formal, por parte hondureña, de que, como afirmaba Nicaragua desde 1980, no existía ninguna frontera tradicional entre los dos países. Honduras, por tanto, enterraba de un golpe su tesis sobre la frontera tradicional en el paralelo 15. Hubo una amplia y comprensible satisfacción en la Cancillería, pues sabíamos el valor jurídico que tenía la admisión por Honduras de la tesis de Nicaragua. Lo que había ganado con las concesiones petroleras de la época de la dictadura se diluía, ante el reconocimiento oficial de que no existía ninguna frontera válidamente aceptada por los dos países.

La importancia definitiva y definitoria del intercambio de notas diplomáticas, así como de los incidentes marítimos que las habían motivado, ha quedado recogida de forma amplia en la sentencia de la CIJ, que hace referencia continua a dichas notas. No obstante, el lugar central lo ocupa el intercambio de notas que llevó a Honduras a enviar la nota 254 de 3 de mayo de 1982, que la CIJ cita esta nota en los parágrafos 52, 53, 54, 131, 252 y 257 de su sentencia. El Tribunal cita esta nota como la prueba definitiva de que no existía, como sostenía Honduras, la frontera tradicional con Nicaragua.

Destaca, entre todos esos parágrafos, el número 257, que expresa literalmente: “La Corte observa que la nota del ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, de fecha 3 de mayo de 1982, revela algunas incertidumbres en cuanto a la existencia de una frontera reconocida a lo largo del paralelo 15”. Sobre los incidentes armados, la Corte expresa que “se puede decir que la controversia se ha ‘cristalizado’ a través de los distintos incidentes que han originado la nota precitada del 3 de mayo de 1982”. La Corte, finalmente, indica: “El reconocimiento de que no existía entonces una frontera jurídica ‘no era una proposición o… una concesión hecha en el curso de unas negociaciones, sino… el enunciado de hechos [respecto de los cuales] no se [había] expresado ninguna reserva’”. Tal [reconocimiento] debería ser considerado ‘como la prueba de las opiniones oficiales [de Honduras] en esta época’”. En el lenguaje de la CIJ, ésta quiere decir que la nota de 3 de mayo de 1982 era la mejor prueba de que ni la misma Honduras creía en la existencia de una frontera tradicional. A confesión de parte, relevo de prueba, que se dice en Derecho. La CIJ daba, de esa forma, y una vez más, la razón a la estrategia desarrollada por la Cancillería sandinista durante los años 80.

Confirmado que no había existido nunca una frontera tradicional en el paralelo 15, la Corte traza la bisectriz divisoria en dirección noroeste, hacia el banco Rosalinda. La bisectriz dejaba jurídicamente muerto el tratado de límites entre Colombia y Honduras de 1986. Se había alcanzado, por tanto, otro objetivo principal de Nicaragua.

*Ex Director de Asuntos Territoriales del Ministerio del Exterior, entre 1979 y 1990 y autor del libro Intereses Territoriales De Nicaragua, 2ª edición 2001. Actualmente es embajador de Nicaragua en España y profesor honorario de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid