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La educación en la región latinoamericana es uno de los principales sectores en los que se debe privilegiar la inversión pública de vocación social.

La educación rinde importantísimos frutos en términos de desarrollo para las naciones que emprenden acciones decisivas y bien fundamentadas en favor del desarrollo de los sistemas educativos, principalmente los subsistemas de educación primaria y el primer ciclo de la educación secundaria. Este tipo de inversión es el mejor camino para reducir las fisuras que la desigualdad ha creado en las sociedades latinoamericanas.

Según un estudio sobre el panorama social de la región latinoamericana para el año 2007 realizado por la Cepal se ha constatado un franco progreso en muchos países de la región en lo concerniente a la ampliación de la cobertura y acceso a la educación; principalmente la educación primaria.

Sin embargo, y como lo refleja dicho estudio, algunos países ya están expandiendo la cobertura y la obligatoriedad de la educación hasta el primer ciclo de la educación secundaria, es decir, la baja secundaria.

En la mayoría de los países latinoamericanos ya es obligatoria la educación hasta el primer ciclo de secundaria, mismos que pueden ser al menos dos años, y en algunos casos, como Chile, llegar a cuatro años.

Los únicos países que aún no logran elevar la obligatoriedad de la educación a ese nivel en nuestra región son Honduras y Nicaragua.

Estos dos países están quedándose rezagados en relación al resto de la región, ya que, tal y como lo refiere el mencionado estudio, los países latinoamericanos han ampliado el horizonte de la meta en educación dentro de la iniciativa conocida como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecía que para el año 2015, los niños y niñas puedan terminar el ciclo de educación primaria. A este primer objetivo se le han añadido tres metas más: universalización progresiva de la educación preescolar, misma que ya es obligatoria en países como México; conclusión universal de la baja secundaria y erradicación gradual del analfabetismo en la población adulta.

Los progresos constatados en el ámbito de la cobertura educativa en nuestra región son alentadores. No quiere esto decir que el problema allí termina. Cobertura universal es un buen paso, pero se requiere aún invertir cuantiosos recursos en la consolidación y mejora constante de la calidad de la educación pública que se dispensa.

Favorecer el acceso a la educación no sirve de mucho si no se lucha contra el otro gran problema que aqueja a los sistemas de educación pública de nuestra región: la repetición y la deserción escolar.

Se estima que para el año 2000 la repetición y la deserción escolar representó un porcentaje significativo del PIB en algunos países, tales como Brasil, con el 0.7% de su PIB, Colombia, Panamá, Uruguay, Jamaica y Perú, con el 2%. Por este concepto la región desperdició recursos hasta por un monto de 12 mil millones de dólares.

La situación de pobreza en la que viven muchos niños atenta contra la continuidad y progresión dentro del sistema de educación pública. Ambos problemas requieren una respuesta casi simultánea, o al menos, estrategias de lucha integradas para evitar que la pobreza barra con los progresos que se van haciendo en materia de educación.

El caso de Nicaragua. Nuestro país invierte de manera poco coherente los recursos públicos destinados a la educación. Mientras unas cuantas universidades se agencian un monstruoso presupuesto que representa el 6% del ingreso nacional, los demás subsistemas son vilmente marginados en la asignación financiera por parte del estado.

Año con año el ministerio de Educación recibe una asignación presupuestaria muy limitada con la que tiene que atender a tres subsistemas educativos que son cruciales para el desarrollo social del país, como lo son la educación preescolar, primaria y secundaria; mientras tanto unas cuantas universidades se llevan todos los años una mega tajada del presupuesto que equivale al 6% de los ingresos del país para atender únicamente a una reducida población estudiantil que, eso sí, es muy beligerante y reactiva a la hora de exigir el cumplimiento de semejante absurdo legal del sistema jurídico nicaragüense.

Es lamentable este derroche de recursos en una educación universitaria que es ineficiente, centralizada y que no llega a todos los rincones del país. Contrario al mismo modelo cubano que tanto emulan los dirigentes de la educación terciaria en nuestro país y que es mucho más austero y que con menos recursos ha desarrollado un sistema de cobertura que la CEPAL reconoce como muy exitoso y cuya base está en el aprovechamiento de las competencias y oportunidades locales en cada municipalidad. Un modelo de gran cobertura con pocos medios que ha logrado incluir al 60% de la población; un nivel solo comparable con los países desarrollados.

Para cimentar el desarrollo educativo debemos invertir la pirámide. Es necesario invertir más recursos en los subsistemas de primaria y secundaria para después avanzar hacia la educación terciaria. Continuar en la actual lógica de repartición de recursos es profundizar en la desigualdad dentro de los sistemas de educación pública.

Nicaragua se está quedando atrás en relación con los indicadores de desarrollo educativo latinoamericanos junto con Honduras. Los políticos deben poner atención a esto. Deben asumir el reto de romper con este círculo vicioso. El problema no es fácil de abordar porque el CNU, como cualquier otro clan privilegiado, no quiere ceder. Es necesaria una visión de Estado para poner orden y encausar al país por el buen camino.

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