Jorge Eduardo Arellano
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La huelga de transporte puso en evidencia que el esquema de ayuda de Venezuela por medio de Albanisa no funciona; y ha puesto en evidencia mayor, que el presidente Ortega funciona menos aún.

La economía de Nicaragua es de las más dependientes del petróleo de toda Latinoamérica (las importaciones de petróleo, que en 2007 representaron el 13.4 % del PIB, por simple evolución del precio, pueden alcanzar este año más del 25 % del PIB). Este país tiene uno de los índices más alto de intensidad energética por unidad de Producto Interno Bruto (3.9 BEP por 1,000 dólares del PIB). En consecuencia, su economía es de las más ineficientes en términos energéticos, lo que se corresponde, por desgracia, con que sea la economía capitalista menos desarrollada, con menos tecnología y menos productividad; y con que a escala mundial, Nicaragua sea --no por casualidad-- uno de los países que tienen la distribución más desigual de la riqueza.

A este respecto, habría que reflexionar la razón que lleva Confucio en lo que sabiamente decía hace 2,500 años: “Si el Estado es gobernado por los dictados de la razón, la pobreza y la miseria, son motivo de vergüenza. Si el Estado no es gobernado por los dictados de la razón, la riqueza y los honores, son motivo de vergüenza”.

En estas condiciones estructurales de atraso en el sistema productivo, el país enfrenta, sin una dirección consecuente al frente del Estado, tres elementos exógenos adversos simultáneos: el alza incontenible del precio del petróleo (que ha llegado a 126 $/B), el alza del precio de los alimentos, y la desaceleración de la economía mundial (con rasgos de recesión de la economía norteamericana, que es nuestro principal mercado de exportación, y la principal fuente de ingresos sin condicionantes por el envío de las remesas familiares).

Un proverbio hindú dice que es preferible un listo al frente de cien tontos, que un tonto al frente de cien listos. En una situación de crisis como la que enfrentamos, este aforismo sobre el valor de la conducción es más que pertinente para los trabajadores nicaragüenses, a fin de exigir e implementar una estrategia nacional de sobrevivencia colectiva, en lugar de simples frases hueras sobre la fe y la confianza de que todo será mejor.

Tanto así, que no es el momento de permitir la falta de estrategia, ni la ineptitud y el despilfarro de los recursos, ni el secretismo, ni la independencia del gobierno para adoptar decisiones unilaterales con los escasos recursos del país.

Ante la crisis alimentaria y energética que nos amenaza, la palabra de orden del día que se debe imponer es: ¡eficiencia productiva!, o resignarse a la bancarrota nacional y a la muerte por hambre. Es en este contexto estratégico, de ahorro y de eficiencia, que se debe analizar el problema del transporte, y evaluar, con prioridad, la capacidad gerencial del señor Ortega; para que los trabajadores puedan tomar acciones correctivas en uno y otro caso.

Con base al acuerdo firmado por Ortega con Venezuela, la nación asume íntegramente el alza del combustible, que impacta plenamente en el precio del transporte y en el precio de la energía eléctrica (servicios básicos que, a su vez, transfieren indirectamente el alza del petróleo al costo del resto de bienes y servicios). Mientras, Albanisa, con el mismo fenómeno alcista del petróleo, ve crecer el monto del capital que maneja discrecionalmente Ortega (50 % de la creciente factura petrolera).

De forma tal, que los intereses de Ortega y de Albanisa resultan diametralmente opuestos a los intereses de los trabajadores y de la nación. En consecuencia, sin más dilación, se debe revertir con energía este esquema de uso privado del flujo de recursos estatales, de modo que la ayuda venezolana se someta al control de una única estrategia integral coherente, máxime cuando esta ayuda no aporta un flujo de capitales externos a la economía nacional, sino, únicamente, la posibilidad de desacelerar el hundimiento progresivo de los términos de intercambio de nuestra economía.

Políticamente se debe frenar la bancarrota inminente del país. En primer lugar, en las cumbres del ALBA y en los foros internacionales, se le debe exigir a Chávez, como una demanda estratégica de vida o muerte, que detenga la hemorragia de los recursos escasos de los países pobres que los países productores succionan por medio del precio del petróleo.

El “comercio justo” que se debe reclamar a Chávez es que congele en un tope de 30 US $/BB, o menos, el precio del petróleo para los 43 Países Pobres Muy Endeudados del mundo (PPME); y que compre nuestros productos agropecuarios por encima del precio internacional, reconociendo en dicho precio el costo del deterioro ambiental de nuestros recursos naturales que implica abastecer su demanda.

Si el presidente Ortega no es en grado de servir de portavoz de esta demanda de los trabajadores en los foros internacionales, que renuncie.

En segundo lugar, toda crisis grave hace que la estrategia de lucha se abra camino desde el poder. Por ello, es prioritario para los trabajadores evaluar las características y la capacidad del equipo en el gobierno, y sustituirlo si es necesario para hacerle frente a la crisis. En la cadena nacional de radio y televisión del 14 de mayo, Ortega se tomó más de media hora en convencernos que hay una crisis mundial por el alza de los alimentos; pero no fue capaz de demostrar que tenía una estrategia para enfrentarla, ni siquiera se percató, que en estas circunstancias, debía señalar el rumbo a seguir en este país, o hacerse a un lado.

Para colmo, el presidente Ortega parece no advertir que ha confesado en la cadena de televisión que el problema del transporte lo ha venido generando él mismo, desde que estaba en la oposición, al privatizar el transporte público urbano e interurbano, para fomentar el desarrollo de cooperativas de partidarios suyos. Y que él mismo reconoce que ahora hay una crisis inevitable en el transporte selectivo, porque la oferta supera cuatro veces la demanda, ya que él solicitó 12 mil placas de taxis cuando el mercado se abastece con 3 mil.

El paro ha concluido con un subsidio al transporte, que puede significar 90 millones de dólares anuales. Este monto de subsidio se habrá evaporado cuando el petróleo (actualmente en 126 US $/BB) alcance el precio de 149 US $/BB. ¿Habrá, entonces, otro paro, y otro desembolso de 90 millones de dólares adicionales? De Albanisa, supuestamente, Ortega ha tomado 20 millones de dólares para cubrir parte del subsidio. Pero, con este acuerdo, Ortega oculta de dónde toma los US $ 70 millones restantes. Sin embargo, como el precio del combustible no está regulado en este país, es fácil intuir que seguramente se incrementará, en secreto, 1.2 córdobas el litro de gasolina y 0.4 córdobas el litro de diesel, para obtener el subsidio faltante, con un mayor costo del combustible consumido por los vehículos particulares. Ortega, al encontrar este camino (de cargar el subsidio a los ciudadanos), subió su oferta de 0.5 US $ a 1.3 US $, muy por encima de lo que pedían los transportistas, a fin de comprarles, por un tiempo, la paz… y su apoyo político tradicional. De pronto, las demanda y la lucha de los transportistas se tornaron justas, para Ortega.

Sin una reducción efectiva de costes, la peor respuesta es mantener a flote la rentabilidad del transporte privado de estos pequeños empresarios, subsidiando su consumo ineficiente de combustible.

La única solución, acorde con el ahorro y la eficiencia, que un gobierno de trabajadores podría implementar, es: estatizar nuevamente el transporte público a fin de abastecer el flujo horario de pasajeros con un despacho económico óptimo de las unidades, por criterio de rendimiento decreciente (km/gln); diferenciar los horarios laborales de la población (con el objetivo de aplanar los picos de demanda, eliminar las chatarras al reducir el número de las unidades en circulación, e incrementar el factor de carga de pasajeros de cada una de ellas); darles un empleo asalariado a los pequeños transportistas en el transporte público; emplear a los taxistas en el manejo de vehículos vinculados a la producción agrícola; destinar calles para la movilización exclusiva de bicicletas y motocicletas, como alternativa masiva de transporte particular; y cortar el subsidio del combustible a todos los funcionarios públicos, comenzando con la presidencia de la República.

*Ingeniero eléctrico