Jorge Eduardo Arellano
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Desde hace meses he venido observando en la páginas del END una constante y sistemática publicidad del Gobierno, a través del Procurador General de la República, en la que exhorta a los ciudadanos a no comprar bienes inmuebles, situados en las costas de los mares, lagos, lagunas, ríos, islas del lago Cocibolca, aduciendo que de conformidad con la Ley Agraria de 1917, todos esos bienes inmuebles son propiedad del Estado.

Antes que asumiera el Gobierno de Daniel Ortega, el país experimentaba un flujo importante de compra-venta de bienes inmuebles, en especial en lugares con potencial turístico. Por ejemplo, la ciudad de Granada experimentó un sustancial incremento de venta de bienes, en el casco urbano, por parte de extranjeros de todas las nacionalidades, quienes compraban casas de vieja data, en su mayoría en ruinas, las que luego eran transformadas en bellas y elegantes viviendas. Otros extranjeros compraron islas en Lago de Nicaragua. Estos islotes no tenía nada, los adquirentes invertían mucho dinero hasta convertirlas en palacios flotantes en el lago. En el Pacífico, en Tola, Rivas, muchos extranjeros adquirieron propiedades para construir hoteles con fines turísticos. Algunos de los adquirentes hacían estas adquisiciones con el fin de ofrecerlas en el extranjero a través de internet. Con esta actividad, los inmuebles subieron de valor, se generó mucha inversión, trabajo en mano de obra, pago de impuestos para el Estado y otros beneficios.

El tráfico de bienes inmuebles en la ciudad de Granada y en el resto del país se desplomó en los últimos meses. Se puede decir que la actividad de bienes raíces en todo el país es prácticamente nula, los compradores se han ido de Nicaragua, posiblemente para comprar en otros países, donde les brinden garantías y seguridad jurídica.

Uno de los factores que ha incidido en la caída de esta actividad, se cree que fue el escándalo de propiedad en el municipio de Tola-Rivas, en el cual el Gobierno se vio parcializado en perjuicio de los intereses de los inversionistas.

El otro factor que incidió en el fenómeno es la campaña negativa que ha impulsado el Gobierno, por medio del procurador Hernán Estrada, contra los derechos de propiedad de bienes inmuebles que tienen nuestros ciudadanos desde hace muchos años, derechos que están amparados en títulos de propiedad debidamente inscritos en los Registros de la Propiedad.

Los inmuebles están situados en las costas de mares, lagos, lagunas, ríos, e islas del Lago de Nicaragua, y muchos de estos propietarios adquirieron bienes por donación del Estado, mas ahora no pueden hacer transacciones con ellos, porque la propaganda del Gobierno dice que todos esos bienes inmuebles pertenecen al Estado. De manera que si alguien compra uno de ellos, para poder inscribir su derecho, tiene que buscar un aval del procurador Hernán Estrada, para que el Registrador de la Propiedad inscriba la escritura. Ese aval es completamente ilegal de acuerdo con nuestra Constitución, que dice que ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que la que le confiere la constitución y las leyes (Arto. 183 Cn.).

En este problema de la “propiedad”, el gobierno y la Procuraduría ha confundido lo que es un Estado de Derecho Social, que es el que rige a todos los nicaragüenses, con un Estado Socialista, en el cual no existe la propiedad privada, donde el Estado es dueño de todo y a los ciudadanos les está proscrito todo derecho de enajenación. En el Estado Socialista, los ciudadanos no pueden ni tienen derecho de enajenar derechos de dominio sobre bienes inmuebles, y lo único que pueden hacer es permutar.

Nuestra Constitución Política tiene como principios fundamentales, la libertad, la justicia, la dignidad a la persona, el pluralismo político y el reconocimiento a las distintas formas de propiedad (Arto. 5 Cn.). El Arto. 44 de nuestra Constitución dispone: “Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles... En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes.

Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo con la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización. Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pago e intereses que se reconozcan en concepto de indemnización. Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.

De los preceptos constitucionales enumerados, se desprende que la Ley Agraria de 1917 (Ley ordinaria) es inconstitucional, pues sus disposiciones atentan contra los derechos de propiedad privada consignados en la Constitución Política de 1987. Es un absurdo jurídico que la referida ley diga que después de ochocientos y dos mil metros de las costas, el Estado es dueño de esa franja de terreno, cuando los estados modernos han dejado dicha franja en veinte y treinta metros a lo sumo. Nuestra Carta Magna en el Arto. 182, prescribe: “La Constitución Política es la carta fundamental de la república, las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposición que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

En la Constitución Política se encuentran las causales de expropiación de bienes inmuebles, dicha figura sólo opera en casos de utilidad pública o por reforma agraria, y para expropiar previamente se debe indemnizar al afectado.

El Gobierno a través de la Procuraduría, en anuncios publicados en END, señala que todos los bienes situados en las costas de mares, lagos, lagunas, ríos, y en las islas en el Gran Lago de Nicaragua, son propiedad del Estado. Dicha declaración es una confiscación, lo que constituye una abierta y flagrante violación a la Constitución Política, ya que nuestra Carta Magna, tiene proscrita la confiscación.

Anacrónicamente, el gobierno funda su actuación en la anticonstitucional disposición del Código Civil, que data del siglo XIX, la cual dice que los derechos del Estado son imprescriptibles, principio que las corrientes modernas del derecho en el mundo entero han superado, y han dejado sin efecto, porque el Estado es una ficción jurídica, que en la realidad no existe, ya que es un invento del hombre.

El Estado fue creado para que una clase social pueda reprimir a otra clase social. Amén, el Estado lo integran tres sectores: a la cabeza está el Pueblo, luego el territorio y por último el gobierno. De manera que el gobierno por sí solo no representa al Estado.

Todos los nicaragüenses afectados por esa confiscación de hecho, a sus derechos de propiedad, promovida por el Gobierno de la República, deben empezar a aplicar lo que dispone el Arto. 131 de la Constitución Política, que textualmente dice: “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor.

El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión”. “Los funcionarios y empelados públicos son personalmente responsables por la violación a la Constitución por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.

No hay que seguir permitiendo que el Gobierno, representado por el Procurador General de la República, señor Hernán Estrada, siga cometiendo atropellos a la Constitución Política, y, por ende, a los derechos de propiedad privada que tienen los nicaragüenses en este país.

Si es preciso, hay que entablar acciones judiciales contra dicho funcionario público, para que responda por los daños económicos que está ocasionando a los ciudadanos, con los escritos de marras que hacen publicar en los medios de comunicación social, diciendo que el Estado es dueño de los inmuebles situados en las costas de este país.


*Abogado y Notario Público