Jorge Eduardo Arellano
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Cuando se analiza la problemática del subregistro de nacimientos en países como el nuestro, se citan los alarmantes datos porcentuales de personas no inscritas y, aparejadamente, suelen mencionarse aspectos causales tan obvios como el nivel de empobrecimiento de la población, la escasa cobertura de la red pública en general o la lejanía geográfica (e institucional) que existe entre las oficinas municipales de Registro Civil y muchas comunidades rurales.

No obstante, subsisten causas de tipo estructural que deben ser dimensionadas con objetividad a fin de poder acercarnos al planteamiento de alternativas para la solución efectiva del problema. Trataré de repasar las principales causas estructurales.

Para empezar, el enfoque estatal que siempre se le ha dado al asunto carece de una perspectiva social. A mí me resulta indignante que en Nicaragua las autoridades involucradas muestren un interés por esta temática exclusivamente cuando se acerca un proceso electoral, en el que los partidos políticos pretenden conquistar a los/as ciudadanos/as que tienen capacidad legal para votar.

Con esa lógica coyuntural es que hoy se promueve en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Identificación Ciudadana (Ley No. 152) que, aunque incluye aspectos de agilización de trámites relacionados a la inscripción y reposición de partidas de nacimiento, al final del día vendrá a ser un parche más que se agregará al disperso marco legal que rige la materia, el que de manera urgente requiere de una reforma jurídica integral.

Ahora bien, cuando hablamos de una perspectiva social de la problemática nos referimos en concreto al hecho de otorgarle al tema la atención que merece en virtud de tratarse del acceso al derecho a la identidad, el que a su vez es la garantía base del goce y el ejercicio del resto de derechos. Se trata, en suma, de un derecho humano trascendental, reconocido por nuestra Constitución Política y las leyes ordinarias, amén de una copiosa serie de instrumentos internacionales.

Otro factor negativo es la escasa coordinación interinstitucional que se observa en torno al tema del subregistro. Claro está que no es tarea fácil crear espacios de coordinación cuando nunca han existido prácticas conjuntas de colaboración, pero creemos que se debería empezar al menos por un acuerdo general de intenciones mínimas. La novedosa Ley de Responsabilidad Paterna y Materna (Ley No. 623) ha puesto en evidencia la ausencia de voluntad de coordinación entre una buena parte de los ministerios e instituciones que son responsables de su aplicación, aunque debemos reconocer que únicamente el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MiFamilia) y, en alguna medida, el Ministerio de Salud (Minsa) han dado muestras de apoyo mutuo con algunas municipalidades del país.

En el contexto latinoamericano, Venezuela es de los pocos estados que lidera la lucha contra el subregistro de nacimientos y lo hace a través del exitoso Programa Nacional de Identidad “Yo soy”, cuya implementación ha contado con el respaldo decidido de Unicef. La experiencia venezolana es muy significativa si se le valora como un modelo estatal que, precisamente, ha propulsado la superación de obstáculos estructurales muy similares a los que hemos mencionado para el caso nicaragüense.

En primer lugar, Venezuela sustituyó el nefasto enfoque inmediatista con que se intervenía antes en el tema del registro de nacimientos, por un novedoso plan nacional de promoción del derecho a la identidad. En segundo lugar, se promovió una reforma legal drástica que instituyó, entre muchos aspectos más, la desjudicialización definitiva de los trámites de reposición de partidas de nacimientos, la simplificación y gratuidad de todos los trámites de inscripción y restitución en las oficinas de Registro, la ejecución de planes permanentes de acercamiento del Registro Civil a la población (jornadas itinerantes de inscripción, colocación de ventanillas en puestos de salud, etc.), el desarrollo de campañas públicas de difusión y la automatización en el manejo de datos de los Registros.

Además de lo ya apuntado, en Venezuela se ha avanzado en la puesta en marcha de la estrategia integral “Trío por la vida”, la que busca el cumplimiento de tres garantías básicas: lactancia materna, vacunación y Registro Civil de nacimientos.

El “Trío por la vida” ahorra sustancialmente recursos para el Estado, y --lo más importante--, es fruto de una verdadera coordinación interinstitucional que propicia una movilización social en la que se implican responsables de Registro Civil, autoridades de salud (sector público y privado), organizaciones comunitarias, el sistema de educación pública y las expresiones organizadas de la sociedad civil que deseen asumir los esfuerzos.

Pero, en fin, mientras el Estado de Nicaragua no rectifique ese enfoque coyuntural que lo ha caracterizado frente a la problemática del subregistro, la crisis social que esto representa continuará empeorando. Acaso, ¿puede un Estado diseñar una adecuada estrategia de acción contra un problema social que ni siquiera es concebido socialmente por el propio Estado? La respuesta es NO, en mayúsculas, puesto que --en cualquier parte del mundo-- la voluntad estatal para la solución de problemáticas sociales sólo puede derivarse del ejercicio de una auténtica conciencia revolucionaria por parte de todas las autoridades públicas dentro de los distintos procesos de toma de decisión.

*Abogado y Notario Público
Bufete Popular “Boris Vega” (Masaya)
www.bufetepopular.blogspot.com