Jorge Eduardo Arellano
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Doce días de paro nacional del transporte, con un costo para el país de millones de dólares en pérdidas, se necesitaron para que el Presidente de la República anunciara, finalmente, las medidas que movieron a los transportistas a dar por finalizado el paro.

Sin embargo, el anuncio presidencial de la rebaja de 1.30 dólares por galón de combustible, más la promesa de importar 750 barras electrónicas para el transporte colectivo; 3,000 “kits” de transformadores de combustible líquido a gas para el transporte selectivo; 25 mil llantas y 5 mil baterías que podrán ser adquiridas en condiciones de pago favorables por los transportistas; dejó toda una serie de interrogantes, siendo la primera de ellas, conocer de dónde saldrá el dólar adicional a los 0.30 centavos de la propuesta original, que saldrían de los fondos del ALBA. Del Presupuesto, han dicho los expertos y los diputados, no es posible extraerlos, salvo que se intente tomarlos de otros programas sociales, lo que generaría nuevos problemas.

El Presidente, en su comparecencia del día viernes 16 de mayo, pretendió rendirle cuentas a la Nación sobre el uso de los fondos de la cooperación venezolana, enredándose en las cifras, ya que enumeró programas financiados con fondos del ALBA que suman 441 millones de dólares, y no los 520 millones de dólares que totalizó el Presidente. Y lo grave es que nuestro Presidente hizo una confesión pública de que está manejando discrecionalmente, sin que formen parte del Presupuesto de la República y sin control alguno, un monto de dólares superior al programa de inversiones públicas del país, y equivalente al total de la cooperación internacional que recibe Nicaragua. Además, varios de los programas que el Presidente admitió que reciben fondos del ALBA, se están manejando con criterios eminentemente partidarios y clientelistas: “Hambre Cero”, “Usura Cero”, “Calles para el pueblo”; al que se agrega ahora “Casas para el pueblo”, donde ya quienes lo manejan están advirtiendo a los interesados que anexen a sus solicitudes la recomendación de los CPC.

Frente a esta confesión presidencial, es a la Asamblea Nacional a la que le corresponde el deber ineludible de aprobar, cuanto antes, una ley que establezca mecanismos claros para el manejo de esos cuantiosos recursos, que pertenecen al pueblo de Nicaragua, que en última instancia tendrá que pagarlos, y representan cerca del 8% del PIB. Lo primero, y más importante, es que esos recursos formen parte del Presupuesto General de la República, se manejen con todos los controles del caso y puedan ser auditados por la Contraloría General de la República. De lo contrario, el Estado de Nicaragua no asume ninguna responsabilidad por tales recursos, y no constituirán deuda pública en ningún momento, aunque algunos sostienen que sí, ya que Petronic es una empresa del Estado. Si tales fondos ingresan al erario nacional no deben seguir manejándose con criterios partidarios, y la Asamblea Nacional debería dictar las medidas legales necesarias para que esto no siga ocurriendo. Mientras tanto, estamos frente a una situación en que nuestro gobierno prefiere actuar de facto, sin respetar el Estado de Derecho.

La conclusión del paro del transporte no debe conducirnos a olvidar otros graves problemas que continúan generando una situación de crisis nacional, entre los cuales sobresalen la parálisis en que se encuentra la Asamblea Nacional, donde su Presidente ha hecho prácticamente abandono de sus funciones; el incremento del desempleo, por el retiro de algunas empresas de zona franca, a lo cual el gobierno, absurdamente, ha contribuido con el despido de más de 8 mil funcionarios y empleados públicos por razones partidarias; el retiro de la cooperación de algunos países de la comunidad donante; la galopante inflación, que ya supero el 6%; la suspensión de las elecciones en tres municipios de la RAAN por decisión ilegal del Consejo Supremo Electoral; el grave daño a la imagen del país por el “asilo humanitario” otorgado a dos militantes de las FARC de Colombia, en una insólita operación en que la Presidencia de la República puso en riesgo el prestigio de nuestro Ejército, y engañó al gobierno de Colombia; las continuas amenazas a los medios de comunicación y a los organismos de la sociedad civil por denunciar los desmanes del gobierno; la entrada del invierno, sin que existan planes concretos de apoyo al sector agroproductivo, lo que puede generar una crisis alimentaria, etc.

El otro gran reto que tiene por delante la Asamblea Nacional es la próxima elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad civil organizada está exigiendo que se elijan profesionales del Derecho de reconocida honorabilidad, prestigio, trayectoria y experiencia. Frente a este justo reclamo de la ciudadanía consciente, el caudillo del PLC, sin vergüenza alguna, ya está predicando la necesidad de un nuevo pacto con el FSLN para, una vez más, repartirse las magistraturas como prebendas políticas.

Y sin embargo, el gobierno, si existiera voluntad política, podría cambiar la cultura de constante confrontación, que pareciera haber elegido, por una de consenso. En sus manos tiene un instrumento: el debate del “Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012”, documento que interesa y afecta a toda la sociedad nicaragüense. Ese debate, en el que tendrían que participar todas las fuerzas vivas de la nación, sin exclusión alguna, le permitiría tomar el camino del diálogo para buscar soluciones viables, justas y consensuadas a todos los problemas en que nos encontramos sumergidos.

Para que el consenso sustituya a la confrontación, el gobierno tiene que abandonar su inclinación al secretismo y al autismo.

Managua, mayo de 2008.