Jorge Eduardo Arellano
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Un artículo de opinión suscrito por dos funcionarios de la empresa Gran Pacífica, Adiak Barahona y Michael Cobb (El Nuevo Diario, 19 de mayo, y Confidencial, 18-24 de mayo, 2008), trató infructuosamente de responder a las críticas de que ha sido objeto esa compañía por sus ilegales pretensiones de desviar impuestos nacionales hacia obras de propiedad privada. En el escrito enumeran las bondades de su proyecto turístico --que por cierto nadie ha cuestionado aún--, pero extrañamente se les olvidó demostrar la legalidad del uso del dinero de los contribuyentes para realizar dichas inversiones. Desde hace más de cinco años estos amigos insisten bajo múltiples artificios en recibir gratuitamente y de manera inconstitucional, nada menos que 200 millones de córdobas del Estado, con el estribillo de la “generación de empleos, infraestructura, filantropía, etc.”. Pero como el fin no justifica los medios, ahí está el detalle que martillaremos a continuación.


1. Miedo al debate y a la transparencia
Si la obsesión por recibir este regalo fiscal del Gobierno tuviera el debido fundamento moral y jurídico, ¿por qué temen los señores de Gran Pacífica debatir con altura técnica y el consabido respeto? Si esto fuera un asunto privado, tendrían pleno derecho de hacer lo que les dé la gana con sus propios haberes. No obstante, se trata de fondos públicos que ellos piensan convertir en capital de trabajo sin decir ni pío. Los dueños de ese patrimonio, que somos todos los nicaragüenses, tenemos el derecho constitucional de hacer críticas constructivas al poder público, así como de emplazar a los abusadores --llámense Gobierno, Gran Pacífica o quien sea--, y eso es lo que parece molestar a los inversionistas en cuestión. ¿O ya se les olvidó que fue Gran Pacífica la primera en demandar un foro público ante la nación, con fecha y todo cuento, y también la primera en incumplir?: “En el foro debate nacional del próximo 5 de septiembre de 2005 [organizado por Gran Pacífica], participará gente del sector privado, expertos independientes, Intur, Ministerio de Hacienda…” (La Prensa, 25 de agosto de 2005).

2. Doble discurso, doble moral
Si alrededor de temas esenciales una persona hoy dice algo y mañana plantea lo contrario, nunca será respetada, y su credibilidad se viene al suelo. Veamos si Gran Pacífica pasa la prueba de la seriedad de su palabra: a partir de 2003 esa compañía impulsó una frenética batalla mediática para lograr el financiamiento de su proyecto con fondos estatales, a través de un alambique técnico llamado Bonos de Inversión Turística (BIT), que afortunadamente hoy descansan en paz, circunstancia que determinó una campaña paralela de furibundos ataques a los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) --los cuales consistían en que el 70% del IR de ciertas empresas no ingresaría a la DGI, para incorporarse en efectivo a obras turísticas--; todo con el infaltable apoyo de altos dirigentes gremiales, y hasta de ministros de don Enrique Bolaños.

Escuchemos a Gran Pacífica y sus corifeos arremetiendo en ese entonces contra los CCF: “El mecanismo de los CCF es un atentado a las finanzas públicas” (La Prensa, 31 de agosto 2005). “Estamos en la obligación de reconocer que [los CCF] afectan las recaudaciones inmediatas de impuestos del Estado” (La Prensa, 3 de mayo 2006). Después de repasar este curioso antecedente, ¿cómo es posible que hoy los apreciados amigos de Gran Pacífica vengan tranquilamente a decir, bajo la extraña gestión oficiosa del Ministro de Turismo, que los CCF son una maravilla, y que el Estado se los debe obsequiar de inmediato hasta por la suma de 10 millones de dólares? ¿No es raro que luego de 5 años de completo silencio resuciten ahora los satanizados CCF?
3. ¿Qué firmaron Gran Pacífica y la administración Bolaños?
En el citado artículo aduce esta empresa algo extraordinariamente insólito: “Nuestro contrato con Intur ratifica que Gran Pacífica puede utilizar el mecanismo de los CCF en tres períodos fiscales ($3.3 millones por período fiscal)”. En primer lugar, dicho contrato no podría “ratificar” nada, pues lo único emitido antes por Intur a favor de Gran Pacífica es la Resolución No. 138 del año 2003 (La Gaceta No. 87, 13 de mayo 2003) en la que se aprobó el Plan Global de Inversión, y donde no consta autorización alguna de CCF. En segundo lugar, es absolutamente ilegal que algún funcionario público se comprometa a otorgar CCF a una empresa que no sea el beneficiario directo de los Certificados, es decir, que no sea el contribuyente del IR. Insistamos nuevamente: El otorgamiento de CCF en ningún momento implica obligación del Estado con los proyectos turísticos, en el sentido de asignarles Certificados equivalentes al valor total o parcial de la inversión. Semejante despropósito no aparece en ninguna ley vigente en Nicaragua.

En tercer lugar --y aquí reside lo más grave de semejante atropello al erario, con probables efectos penales incluso--, si algún funcionario de la administración de don Enrique Bolaños se comprometió con Gran Pacífica a entregar esa millonada de dólares en CCF (demoledores estudios esperan ansiosos que asome la cabeza el famoso contrato), precisamente cuando el artículo 133 de la Ley de Equidad Fiscal, ¡vigente desde 2003 y que en todo caso antecedió a la firma del contrato!, advertía expresamente que: “La emisión de Certificados de Crédito Fiscal anualmente no superará los 50 millones de córdobas”, entonces no queda otra alternativa que sugerirle a este abusivo funcionario estudiar el artículo 131 de la Constitución Política: “… Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución…”.

4. El presidente Ortega no tiene otra salida
Sin perjuicio de que es obligación de todo nicaragüense mantener a raya a quienes se atreven a herir el tesoro público, evitemos sí caer en la trampa del “dime que te diré” entre académicos independientes y un inversionista, a quien deseamos el mayor de los éxitos (no olvidemos que Gran Pacífica goza en la actualidad de todas las exoneraciones tributarias reconocidas en el país a un proyecto de tal naturaleza). Más bien, es imprescindible orientar la mira hacia lo más importante del asunto: si el Gobierno dice ¡no! a esta anomalía, que lejos de fortalecer al turismo lo desacredita y desgasta, todo habría terminado. Sería una posición fundada, por ejemplo, en el criterio del representante de Nicaragua ante el BCIE, que hace días en forma categórica denunció este asunto de los CCF de Gran Pacífica como “una barbaridad, un regalo”, para luego ampliar con lujo de detalle: “Gran Pacífica asegura que todos los ministros de Hacienda le han firmado prórrogas y extensiones de ese derecho (…), si se los ampliaron, en mi opinión, les están dando un beneficio al que no tiene derecho, y es una aberración desde su nacimiento. Que mejor les den infraestructura, confianza, en vez de regalarles la inversión” (Confidencial, 27 de abril al 3 de mayo 2008). También se habría respaldado esa correcta decisión gubernamental con la opinión del representante del FMI en Nicaragua, cuando a propósito de la campaña de los BIT --antecedente enmascarado de los CCF--, advertía que de legalizarse esos Bonos “ya no va a haber DGI, porque usted no cobrará impuestos” (El Nuevo Diario, 23 de noviembre 2006, y Confidencial, 3-9 de septiembre 2006); o mediante la palabra del ministro de Hacienda, consignada en su dictamen que decidió la improcedencia de los BIT el 14 de marzo de 2007: “[Con este mecanismo] se tiende a un sistema más complejo y oneroso en su administración, regresivo y con menos equidad”.

En cambio, si el presidente Daniel Ortega se rinde por razones ajenas a la legalidad, ya no sería el estadista desinformado y sorprendido por su gabinete económico, pues si en verdad a él le interesa defender la justicia tributaria, puede disponer de abundantes bases jurídicas y técnicas en el momento que lo desee. El señor Presidente de la República no tiene otra alternativa que el camino del Estado de Derecho, de la decencia y del decoro nacional, o en caso contrario se convertiría en el culpable número uno del triste y vergonzoso capítulo de un asalto consentido en perjuicio de la nación.