Jorge Eduardo Arellano
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Es inaudito que a estas alturas del campeonato, sigamos pensando y aceptando de forma pasiva que en términos de gobernanza, el fin justifique los medios. Si bien es cierto la base de la filosofía Maquiavélica ha tenido éxitos en muchas latitudes, incluyendo nuestro país, ningún gobernante sometido a las leyes y que pretenda desde su discurso consolidar un Estado de Derecho, puede darse el lujo de gobernar sobre la ley de la selva, sobre las decisiones arbitrarias, haciéndose el ciego ante la pujante corrupción de su gobierno; en resumen, gobernar a sangre y fuego sobre la base de la corrupción pura y dura, pero peor aún, con un descaro y una desfachatez que pretende hacer creer legal lo que es totalmente ilegal. Lo lamentable sigue siendo que son los seguidores incondicionales del Presidente quienes defienden semejantes barbaridades, y son sus propios asesores quienes dan la cara en los medios de comunicación haciendo el trabajo sucio de defender lo indefendible, y queriendo tapar semejante sol de irregularidades con un dedito de títere.

El tema de la corrupción a muchos les parecería algo retórico, a como me dijo hace algunos años un lector de estas páginas; en ese entonces le respondí lo que le digo de nuevo en estos momentos: la lucha contra la corrupción jamás será un tema retórico, debe ser un motivo de lucha para todos los sectores de la sociedad que verdaderamente pretendan defender a Nicaragua de los ladrones de cuello de tortuga, o de los nuevos camisas rojas sudamericanos.

Desde hace algunos días se viene describiendo con lujos de detalles las turbias circunstancias sobre las que se vienen construyendo un conjunto de viviendas, y en las cuales se están involucrando funcionarios del gobierno de los pobres del mundo. A inicios de su período también se hizo de todo para que el titular del Ejecutivo no nombrara a su cónyuge en un cargo público, y lejos de establecer la legalidad de esta prohibición expresa, salió un brillante Magistrado diciendo que lo que existía era un grado cero, una genial doctrina que todavía la están debatiendo en las principales escuelas de derecho del mundo; a lo mejor a este deslumbrante jurista le otorgan un Doctorado Honoris Causa por tan inteligente opinión.

El punto es que Nicaragua no tiene una crisis normativa, por el contrario, tenemos una abundante legislación en materia anticorrupción; somos suscriptores de todo instrumento internacional en este ámbito, desde la Convención Interamericana contra la Corrupción, diferentes tratados complementarios, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; todos estos instrumentos forzaron, porque no acepto que fue algo voluntario de nuestros legisladores, las reformas al Código Penal y el surgimiento de otras leyes en los aspectos de la tipificación de nuevos delitos, prohibiciones y demás disposiciones en la lucha contra este flagelo que hace más pobres a nuestros países.

Por todos estos referentes es que sostengo que somos un país muy rico en materia normativa anticorrupción; hasta se creó en el gobierno del reo feliz, Alemán, una oficina de ética pública. Hemos tenido miles de horas en seminarios nacionales e internacionales, toneladas de publicaciones sobre este tema, días de declaraciones a favor de esta lucha, en fin, bodegas llenas de papel en opiniones para tratar de acabar con este fenómeno de mucho gusto en su práctica en Nicaragua. Pero el problema no es ese. En este particular ocurre como las señales de tráfico: todo el mundo las ve y nadie las respeta, principalmente nuestros amigos transportistas. En el caso de las normas anticorrupción estatal son los principales funcionarios públicos quienes las violan, fomentan su violación o son cómplices de estas violaciones descaradas.

A como dije al inicio, pretender justificar el gobernar sobre la base de la corrupción con la excusa de beneficiar a los pobres, es la máxima de las crueldades en materia de gobierno; es como justificar las acciones del más nefasto asesino por el hecho de quitarle la vida a alguien que no gozaba de nuestra simpatía; es tan criminal matar a los inocentes de un tiro en la cabeza, como robarle los recursos económicos al pueblo que se dice proteger y representar.

Lo más vergonzoso es que los órganos encargados de combatir la corrupción como es la Contraloría General de la República, se queda amordazada como aquel que muerde la almohada por el temor a denunciar los abusos cometidos contra su persona. Aparte de una tímida declaración de algunos de sus contralores, la Institución como tal ha olvidado todas las normas que tienen como base para iniciar una investigación seria en este caso tan probado por los medios de comunicación. Si tan solo dejaran de planear como j…. a los opositores del régimen creo que en la historia hubiesen sido recordados con dignidad y no con desprecio frente a tanto servilismo. Ya nada queda del valiente defensor de los derechos humanos de los años ochenta, del que no le iba a quitar el colmillo al ex Presidente más corrupto hasta ahora superado solo por este gobierno, del señor con su peinadito de tin tin que aterrorizaba a los funcionarios del gobierno de Bolaños con sus feroces declaraciones. A ninguno de ellos se les conoce ahora la voz, solo bujan y de ahí no pasan, es la Contraloría de los sordo mudos, y con todo el respeto por la comparación para aquellas personas dignas y honradas que sufren esta discapacidad.

Ya nadie se acuerda de la famosa y mal aprovechada Ley de Servidores Públicos. Con solo esta base es suficiente para parar tanta corrupción galopante de este gobierno. Vehículos del Estado que son utilizados en actividades partidarias; funcionarios utilizando el tiempo de trabajo en actividades políticas, nombramientos de sus familiares y amigos en puestos públicos; cesión de contratos del Estado a quienes están inhibidos por su función dentro del gobierno. En el caso del nombramiento de la primera dama, el argumento jurídico en contra de esta barbaridad también está en esta ley, para muestra un botón: “Artículo 11.- De las inhabilidades. Son inhábiles para el ejercicio de la función pública:
a) El cónyuge o el acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el nombramiento o contratación, o de la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”.

Es más que clara esta prohibición, sin embargo, nadie ha dicho nada de forma sólida en contra de semejante degenere. Les debo aconsejar a los señores contralores un seminario sobre esta ley, con todo gusto me ofrezco de forma gratuita a capacitarlos sobre el tema.

Creo que podemos llenar páginas con suficientes argumentos para demostrar que muchas de las normativas anticorrupción están siendo violadas por este gobierno, que las Instituciones encargadas de luchar contra este flagelo están acomodadas y orientadas a no hacer nada beligerante ante pruebas tan contundentes de corrupción estatal, que con el cuento de beneficiar a los pobres se pasan por cualquier parte las leyes nacionales e instrumentos internacionales. Y lo peor es que con este cuentecito, los partidos políticos, diputados y organizaciones civiles opositoras al régimen, no salen de las luchas internas por sus propios intereses, o por salir de los rincones que los han puesto los otros Poderes del Estado fieles al tenebroso pacto. Mientras tanto en Nicaragua se seguirá gobernando con puño de hierro, y sobre la base de la corrupción más institucionalizada desde la época de la dictadura somocista, hasta que despertemos de semejante letargo producido por nuestras propias comodidades.