Jorge Eduardo Arellano
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Frente a la crisis financiera e inmobiliaria (debido a la debacle de las hipotecas subprime y el alto número de remates de viviendas por incumplimiento de pagos hipotecarios), los grandes fondos de inversión especulativa trasladaron millonarias sumas para controlar los productos agrícolas. Estos fondos controlan el 60 por ciento del trigo y de otros granos básicos. La mayor parte de las cosechas están compradas a “futuro”, es decir, ha habido una creciente actividad de inversionistas especulativos en los mercados financieros relacionados con los alimentos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde marzo de 2007 a marzo de 2008, el precio del trigo se incrementó en 130 por ciento, la soja en 87 por ciento, el arroz en 74 por ciento y el maíz en 53 por ciento. Por lo tanto, pueden darse conflictos sociales en la región centroamericana, por los precios de los alimentos. La crisis alimentaria amenaza con destruir la gobernabilidad por la consecuencia del empobrecimiento de la población y la destrucción del aparato productivo agropecuario nacional.

Los programas de ajuste del FMI obligan a los países pobres a abandonar las políticas que protegen a sus agricultores, su producción y sus mercados. Las políticas neoliberales socavaron las producciones nacionales de alimentos y obligaron a los campesinos a producir cultivos para las empresas trasnacionales; redujeron los aranceles a la importación y aceptaron productos extranjeros subsidiados. La eliminación de aranceles en algunos alimentos simplemente desalienta la producción local, colocando a los países pobres aún más a la merced de los mercados internacionales sobre los que no tienen ningún control. Es decir, deja a los países pobres más dependientes de las importaciones de alimentos y sin defensa ante los aumentos de precios en el mercado internacional. Nuestro país se volvió adicto a las importaciones de alimentos de los Estados Unidos.

El problema principal de la crisis es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, debido a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos a las importaciones, favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro.

De acuerdo a la FAO, la comida representa hasta el 60 y 80 por ciento del gasto de los consumidores pobres. Un brusco aumento de los precios condenará a las grandes mayorías empobrecidas al hambre. Los pobres se enfrentan a una crisis alimentaria de grandes proporciones. Detrás del hambre se encuentra el fracaso del neoliberalismo. La tijera entre pobres y ricos se ha abierto más aún; al mismo tiempo, las ganancias de los ricos crecieron y la clase media se ha estancado.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calificó la actual crisis alimentaria como: un “tsumani alimentario silencioso” que sumirá en el hambre a millones de personas en Centro América, debido a que la alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre, y de los altos precios de los alimentos. La única manera de contrarrestar el hambre en Centroamérica es ayudando a los agricultores pobres a producir más alimentos, y evitar, de esa manera, que millones de personas caigan en el hambre.

Hemos observado, a nivel internacional, que cuando el precio de los alimentos ha subido, la ayuda alimentaria de los países desarrollados se frena. La proporción de la ayuda extranjera destinada a la agricultura ha caído a un 3 por ciento, desde el 17 por ciento en 1980. Por ejemplo, en pleno agravamiento de la crisis alimentaria, varios miembros de la Unión Europea (UE), encabezados por Francia e Italia, se resisten a fijar un calendario para cumplir sus compromisos de ayuda al desarrollo para los países pobres. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los créditos baratos de la UE son vitales para muchos países pobres. En 2007, los fondos aportados por la Unión Europea descendieron por primera vez a 46.087 millones de euros (0.38% del PIB) frente a los 47.676 millones de euros (0.41%) del año anterior. Por su lado, los Estados Unidos tendría que aprender que la única salida humana para retener la ola de pobres que va inundando su país desde Centroamérica, es invirtiendo en esos países, creando nuevas fuentes de trabajo.

Los precios de los alimentos seguirán altos por varios años, hasta 2015. La situación es preocupante a causa del constante incremento del gasto en las importaciones de alimentos. La cesta anual de alimentos importados podría costar cuatro veces más que en el año 2000. Esta crisis alimentaria amenaza con romper la disciplina macroeconómica y disparar la inflación, lo que puede derivar en un grave problema social que pueda poner en jaque al gobierno.

Los grandes ganadores de la crisis alimentaria son las trasnacionales, que acaparan el comercio nacional e internacional de cereales; las empresas productoras de semillas certificadas; y los fabricantes de los agro-tóxicos. El costo de los fertilizantes se ha elevado hasta seis veces respecto al nivel que tenían en 2006. Con los precios que han alcanzado los fertilizantes, las semillas y los agroquímicos, los pequeños agricultores quedan fuera de la posibilidad de adquirirlos. El alza de los precios es ahora un gran problema para el campo.

El neoliberalismo ha permitido que los alimentos pasen a ser una mercancía más, expuesta a la especulación internacional y al juego del mercado. El mercado de valores no da de comer a los hambrientos, sino que los condena a muerte. El Fondo Monetario Internacional señaló que los altos precios del petróleo y los alimentos, podrían estancar el crecimiento económico de la región centroamericana.

El incremento de los precios de los alimentos pone en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la región centroamericana. En las condiciones actuales (altos precios del petróleo y de los alimentos) no hay que reducir el gasto social, hay que aumentarlo. Los precios crecientes de los alimentos van a empeorar el nivel de privación alimentaria a millones de personas. Enfrentamos el riesgo que el número de desnutridos se incremente en los próximos años, ya que la comida ha dejado de ser el producto barato de antaño.

La falta de inversión en el campo ha significado pérdida significativa en el empleo, en la producción agrícola, y aumento de la pobreza rural. El encarecimiento en el precio de los alimentos va a significar mayor pobreza en la región centroamericana. Los países que no cuenten con una política que impulse el sector agropecuario, no puede proteger a su población de la agroinflación actual, ni del hambre, ni del incremento de la pobreza. Para amortiguar los efectos negativos de la crisis alimentaria es necesario subsidiar la producción agrícola, reducir los impuestos y los aranceles a los alimentos de producción nacional, y aumentar los apoyos a los sectores de la pequeña y mediana producción.

En este escenario actual de precios altos de alimentos, yo veo una gran oportunidad para el campo nicaragüense. Existen los factores que garantizarían una mayor productividad: capacidad, gente, tierras, clima y trabajo. Para elevar la productividad se deben canalizar mayores recursos, y en este sentido, la coyuntura actual sería una oportunidad, siempre y cuando fluyan rápidamente mayores apoyos económicos para el campo y se ejerza a cabalidad el Presupuesto para el sector; de lo contrario esta circunstancia amenaza con convertirse en una “tragedia”.

El asistencialismo --de inequívocos tintes electoreros y de control-- es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones. Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios.

El mejor “antídoto” para enfrentar la crisis alimentaria es incentivar la productividad, y eso no se puede hacer con las manos vacías; se requieren créditos, subsidios a la producción --especialmente de cultivos estratégicos--, infraestructura, apertura de nuevos programas para el campo, establecer una reserva de granos, castigar a los intermediarios y especuladores que han encarecido los insumos. No son los subsidios directos a los consumidores los que ayudarán a remediar el problema, sino el incentivo a los productores. Se requiere poner fin a la política de apostar a las importaciones, y canalizar recursos para fomentar la producción.