Jorge Eduardo Arellano
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¿Desde cuándo los nicaragüenses venimos siendo víctimas de estafa, sin que los gobiernos de turno se hayan preocupado por salvaguardar los derechos de cada uno de nosotros?
A lo largo de 16 años caímos en la impotencia y a merced de una mafia con diferentes rostros de aparente legalidad, lo que cada día nos hace ver la gran necesidad de un Estado protector con mano dura, para aquellos que han visto a Nicaragua como la tierra de la impunidad.

Por no decir todas, varias de las grandes empresas que controlan los servicios de primera necesidad obtienen jugosas ganancias por diversas vías. EL NUEVO DIARIO destaca en su edición del lunes 26 de mayo, las acciones del INE sobre gasolineras que, quién sabe por cuánto tiempo, venían estafando al suministrar menos combustible que lo pagado por los usuarios. Con esto el INE no está descubriendo el agua y, por el contrario, deja entrever que el negocio se ha estado realizando ante sus propias narices; claro, se ha puesto un poco el dedo sobre la yaga, a sabiendas que por donde se apriete saldrá más pus.

Todos somos testigos de lo ocurrido con el gas casero: producto adulterado para que rinda menos, o bien con menor contenido que el ya establecido y regulado. Aún así, se continúa permitiendo que los responsables sigan operando como si nada ha pasado, todo a cambio de multas que no dejan de ser simbólicas si las comparamos con las ganancias que se obtienen producto del robo.

Sin duda alguna, la mejor parte del pastel está en la energía eléctrica, en donde (si a la mayoría nos sirve de consuelo) todos somos iguales ante los ojos de Unión FENOSA. Ricos o pobres, servicio domiciliar o comercial; si hay o no alumbrado público, hay que pagarlo con una fuerte dosis de servicio adulterado que deja a los usuarios con sus bolsillos al revés. Aparentemente los medidores registran lo correcto, pero los usuarios decimos lo contrario, y es difícil que nos amparen, pues no siempre nos dan la razón y por lo general dejan el medidor adulterado para seguir con el rosario de reclamos.

Hace algunos meses el actual Vicepresidente de la República se mostró contrario a cierto servicio de telefonía celular: en el de prepago, si no se consume lo estipulado en determinado tiempo, simplemente se pierde el dinero. ¿Es o no estafa? En el servicio de telefonía fija, igual que en las prestaciones de otras empresas, se paga un mínimo que jamás consumimos.

Claro que hay leyes que regulan todo esto, pero adolecen de controles que permitan al consumidor hacer valer sus derechos, que nos hagan sentir a todos que por muy poderosas que sean las empresas de servicios, no van a salirse con la suya. De parte nuestra, de la población, el problema es peor, porque no contamos con mecanismos de defensa adecuados y efectivos para enfrentar estas arbitrariedades. Por parte de los organismos defensores de los consumidores la cosa es igual, y cuenta peor: si el Estado da el primer paso, seguramente nosotros haremos el resto.

*Grupo Cesos, Matagalpa.

Cesos_matagalpa@yahoo.es