Jorge Eduardo Arellano
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A raíz de la adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), hoy en día cobran mayor importancia los tratados de cooperación económica, tanto para el desarrollo del país, como en el quehacer diario de los nicaragüenses. A pesar de las declaraciones presidenciales, los beneficios aún no son palpables; en tal caso, ¿cómo medir el impacto de estas decisiones gubernamentales? ¿Cómo se evalúan y controlan estos acuerdos internacionales?
La situación del país es grave, aunque muchos no la quieran ver, y tampoco deberíamos obviar que de una u otra forma gira entorno al petróleo; entonces, ¿de qué han servido los acuerdos de Nicaragua con Venezuela?
Sobre el particular, Nicaragua ha suscrito: Adhesión a la Declaración firmada en La Habana el 14 de diciembre de 2004 (Decreto A.N. 5110), Convenio Marco (Decreto A.N. 5111), Acuerdo de cooperación del sector energético (Decreto A.N. 5115), Acuerdo Petrocaribe (Decreto A.N. 5117), y el Acuerdo energético suscrito el 29 de abril de 2007, fundamentado en el Tratado Energético del ALBA de la misma fecha, y firmado por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, los cuales aún no han sido ratificados por la Asamblea Nacional.

Cabe mencionar, que en el mismo mes de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial (abril 2007) de los acuerdos ya ratificados por la Asamblea Nacional, el Presidente de la República estaba firmando otros sobre la misma materia, lo cual permite deducir que no se está evaluando el costo-beneficio de tales acuerdos, y su impacto real en la economía nacional.

Las autoridades competentes deberían pensar en la firma de un acuerdo básico, y no en la suscripción sucesiva de convenios dispersos. Nicaragua ya tiene experiencia en anarquías legislativas, y la historia ha demostrado que no da buenos frutos. Todo esto ha de considerarse en coordinación con la Ley General de Deuda Pública (Ley No. 477) y la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario (Ley No. 550).

Nuestro ordenamiento jurídico no estipula términos para que el Presidente de la República remita los tratados o acuerdos firmados con otras naciones, ni existen mecanismos legales que exijan su remisión a la Asamblea Nacional en un tiempo determinado, entidad que tampoco tiene plazo para dictaminar la ratificación del instrumento internacional.

Sin embargo, la Constitución Política estableció hasta el año 2004 un término de 15 días para que el Presidente presentara el acuerdo, y de 60 días para que el Poder Legislativo lo aprobara; tales plazos fueron eliminados mediante la reforma constitucional de la Ley No. 490.

No está demás mencionar, que mientras los acuerdos económicos --aún los de cooperación-- no cumplan con el procedimiento constitucional, no gozarán de vigencia o aplicabilidad; cualquier puesta en práctica de facto estaría en abierta violación de la Carta Magna.

Legislaciones de países amigos actualmente cuentan con mecanismos de evaluación y control dentro de sus ordenamientos. México, por ejemplo, en 2004 dictó la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, la cual establece los procedimientos e instancias para la suscripción y ratificación de este tipo de tratados. Elemento valioso es que incluye audiencias para que los ciudadanos y organizaciones empresariales emitan sus opiniones o sugerencias de forma oral o escrita.

Lamentablemente en nuestro país no contamos con una herramienta similar, porque no ha existido voluntad política; ¡Sí, voluntad política!, porque en 2007 se presentaron ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley en mayo y julio, respectivamente. El primero, específico para el caso del ALBA, y el segundo para préstamos y donaciones en general. Sin embargo, lo que se necesita es una disposición jurídica que regule la suscripción, procedimientos y mecanismos obligatorios de evaluación y consulta de los tratados económicos en general (porque hoy es el ALBA, pero mañana no sabemos), pues comprometen los recursos de la nación a largo plazo, y sobretodo cuando las bondades después de un año no han sido claramente cuantificadas ni analizadas. Y no es que el ALBA sea perjudicial, por el contrario, sus proyectos están diseñados para impulsar el desarrollo de las comunidades; pero Nicaragua sólo va a alcanzar el progreso cuando los recursos sean administrados de forma transparente.