Camilo Bernúdez *
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Días atrás el Presidente de la nación, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Presupuesto General de la República 2008, tal como lo mandan los artículos 112, 113 y 150.5 Cns, el que mantiene una coherencia con el Programa Económico Financiero que los gobiernos anteriores habían venido desarrollando. Según ellos, se procura, en ese sentido, brindar la estabilidad macroeconómica requerida por lo organismo financieros internacionales.
Según la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, el Gobierno introduce al mismo políticas de austeridad, disciplina financiera, racionalidad y priorización del gasto público, términos que un simple lector lo miraría con “buenos ojos”, sin embargo, resulta ser, a la luz de la verdad, palabras cargado de más palabras.
El Presupuesto, por ejemplo, destina a la Presidencia de la República la suma de C$ 179.192,457 teniendo como gastos corrientes no personales, los siguientes: teléfonos - convencionales y celulares-, telex y telefax nacionales e internacionales C$ 7.421,950; mantenimiento y reparación de edificios y locales C$ 1,255,326; y energía eléctrica C$ 9.225,624. Se preguntarán los lectores ¿qué es lo malo de esto? Estamos pagando de nuestros bolsillos los gastos corrientes de la Secretaría del FSLN, del partido de gobierno. ¿Dónde despacha el Presidente de la República? ¿No es acaso en la Secretaría Nacional del FSLN?
Para el Consejo Supremo Electoral se destina la cantidad de C$ 635.135,000 de los cuales C$ 156.862,902 se aplicarán para actividades centrales. Para cedulación ciudadana C$ 48.501,655; C$ 11.105,911 para Registro Central del Estado Civil de las Personas (Rcecp), entre otros. Me preguntarán otra vez, ¿qué es lo malo de esto? El personal del Rcecp en los últimos nueve meses ha estado en huelga no menos de siete veces. Los Magistrados del CSE aunque ciertamente se reúnen cada semana para “trabajar”, es la fecha y no han publicado el diez por ciento del resultado final de las elecciones generales 2006. Y por lo que hace a cedulación ciudadana, ¡por favor! De cada ciento seis solicitudes de cédula de identidad sólo se emite una. Don Roberto Rivas quiere C$ 50.000,000 más ¡Dios me libre, con Dios me salve!
Al Programa Productivo Alimentario se le asignan C$ 395.889,000 de los cuales C$ 134, 355, 756 son para gastos corrientes. Estamos hablando que para este programa social un poco menos del cuarenta por ciento del total asignado está destinado para gastos corrientes y si le añadimos que son los representantes del Poder Ciudadano los encargados de conceder el crédito a los beneficiarios, lo menos que puedo pensar es que de este programa se están desviando fondos para pagarles a los representantes de los CPC, que a su vez son los Secretarios Políticos departamentales y municipales del FSLN.
De las Universidades y Centros de Educación Superior que reciben el 6% qué se puede decir. Se establece un total de C$ 1,717.086, 374. Sin pretender comparar, qué es más importante la educación superior o la seguridad ciudadana –incluyendo Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Migración y Extranjería- instituciones que se han destacado por su beligerancia en la prevención de delitos, salvaguardar y protegernos ante riesgos y la implementación de prácticas de seguridad nacional en materia de migración. El Ministerio de Gobernación, institución rectora de las tres anteriores, recibe la cantidad de C$ 1,329.252,349. Por si poco fuera mucho, las transferencias a los municipios será de C$ 1,705.800,002.

Estamos hablando de que las ocho instituciones de educación superior que reciben el seis por ciento “constitucional” están absorbiendo un poco más del presupuesto que les corresponde a las ciento cincuenta y dos alcaldías del país. Lo más triste de eso es que el seis por ciento de la ayuda a los damnificados del huracán “Félix” lo absorberán esas instituciones de educación superior.
El Gobierno destinó la suma C$ 4,565.726,897 al Ministerio de Salud, la institución más beneficiada de todas. Lamentablemente los usuarios de los hospitales públicos sólo tendrán derecho a recetas gratuitas, no así a sus medicinas. Por lo que el incremento salarial del nueve por ciento a los trabajadores de la salud no deja de ser más que un eufemismo, pues el incremento en mención en la práctica es de un tres por ciento, habiendo deducido el costo progresivo que tendrá la canasta básica el año próximo.
Lo cierto es que el proyecto del Presupuesto General de la República fue diseñado por un gobierno de “izquierda”, el mismo que criticó a los gobiernos anteriores que eran de derecha. Lamentablemente esta iniciativa no deja de ser un sainete más de este gobierno que canta a grito partido: ¡Vivan los pobres del mundo!, agregándole más pobres son los pendejos que le creen.

(*) camilo@lawyer.com