Enrique Wheelock Martínez
  • |
  • |

Las deplorables condiciones en que se atiende al público en los juzgados capitalinos y la gran desorganización que ha provocado el nuevo y apresurado “sistema de gestión de causas y despacho judicial” (exigido por los cheles que mantienen al Supremo Tribunal), es un grave atentado contra la ley y los principios clásicos del derecho, al imponerse sobre la publicidad de los expedientes la celeridad de las causas o la economía procesal… una simple normativa de reordenamiento. A pesar del caos y desorden laberíntico nunca antes visto, los jueces, secretarios de actuaciones y demás trabajadores judiciales están reclamando mayores beneficios, nuevos convenios colectivos y mejores salarios… que no desquitan con sus despatarrados y ociosos comportamientos.

Semejante desmedro judicial ha ocurrido casualmente en el cambio de gobierno, generando razonable protesta e inconformidad indescriptibles por parte de algunos sectores que esperaban alguna mejoría en todos los campos de la administración pública. Las enormes deficiencias del sistema y la falta de un ordenamiento jurídico coherente son los primeros defectos que afloran en nuestra engorrosa –por no decir bochornosa- forma de administrar justicia.

El nuevo sistema pretende aislar al usuario del despacho del juez y secretaría, para evitar “supuestos contactos” por debajo de la mesa y simplificar el proceso mediante ventanillas únicas de recepción. Pero como pura pantalla cosmética, porque basta mencionar que desde hace más de tres años se acabaron para siempre los formatos de Cédulas de Notificación; por lo que las partes interesadas tienen que costear la fotocopia de ese formato con la providencia o auto integrado a la misma para facilitarle el trabajo a los secretarios de actuaciones que ya tienen ese resabio como estatuto forense. Y para colmo del detalle, ya ni los autos de mero trámite pueden caminar, pues si el interesado no comparece, las acciones duermen engavetadas hasta morir.

La retardación de la Justicia, por la que nuestro procedimiento civil admite un recurso de Queja ante el superior jerárquico, ha caído en desuso por su inutilidad y encubrimiento de los mismos funcionarios tocados por la solidaridad profesional, o por el temor de los litigantes de quedar marcados como quejosos y acarrearse ulteriores represalias en las respectivas judicaturas. Al final se impone la costumbre de "meter astillas" a los juicios a través de coimas que impulsan los procesos, ya que los términos para proveer nunca se cumplen al pie de la letra y si de emitir una resolución se trata, la misma ley deja ventana abierta a los plazos para extenderse indefinidamente según la complejidad de las causas, que a la postre todas resultan complicadas.

A veces es tan evidente la desigualdad ante la ley que damos al traste con una serie de principios nunca tomados en cuenta por nadie, contrario a la ética jurídica que se vuelve mera ficción en una aparente Democracia enarbolada como punta de lanza por los que se creen forjadores de un "Estado de Derecho". A ello se suman los vicios de parcialidad y tráfico de influencias, tan generalizados como inducidos por la costumbre, porque son los pudientes los verdaderos dueños de la justicia, que se ensaña y luce contra los desposeídos.

El Poder Judicial no escapa a la corrupción institucional, manifiesta en variados matices y formas de expresión en la máxima jerarquía y demás entidades a su cargo. Un escándalo provocado por la ilícita distribución o fuga del botín incautado a reos condenados por narcoactividad, lavado de dinero, o de extorsión, por ejemplo, si se tiene la suerte de descubrirse, quizá no sea el único caso confabulado en los despachos y oficinas públicas, ya que la mayoría pasan desapercibidos, se hace mutis, o se esfuman con el tiempo hasta causar el tedio en los medios de comunicación que se muestran impotentes de llegar al fondo del asunto.

Aparte de estas enormes deficiencias, sólo nacidas de la desidia, el desconocimiento o la falta de principios, el problema asciende a niveles más estructurales ante la ruptura del equilibrio de poderes, las maniobras burocráticas e injerencias políticas... que generan conflictos contrarios al espíritu de la ley, la declaración de derechos humanos y al “sistema democrático" que hoy está caducando en sus más importantes postulados.

Pero en el fondo el gran problema es una legislación inadecuada en la que es dable diferenciar las leyes viejas y obsoletas que esperan tristemente salir de las cavernas del siglo pasado, en comparación con las pocas normas innovadoras que tratan de avanzar en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí se legisla tan torpemente que los diputados no hacen más que aprobar los anteproyectos malogrados que les llegan, sin tener el mínimo recato de que son el calco o trasunto fiel de leyes extranjeras inaplicables a nuestro contexto, a lo que sólo la previsión legislativa podría evitar tantos defectos e incongruencias que no vienen más que a crear instituciones deficitarias de adorno y jurisprudencia trastornada.

Algunos tachan la justicia nicaragüense por la simple partidización de los poderes del Estado como consecuencia de acuerdos políticos denominados pactos, por lo que tratan febrilmente de despolitizarlos. Pero el meollo del asunto no es la "cultura política" nicaragüense, que prioriza el plano de la negociación partidaria ante todo para resolver cualquier tipo de problema, ya que existe la diversidad ideológica de la que nadie puede mantenerse al margen. Otros tratan de encontrar una explicación en la falta de preparación de los funcionarios, lo que viene a terminar en el mismo cauce: la crisis de un sistema inveterado, que tiende irremediablemente a colapsar en sus endebles coyunturas. Así que, no existiría tal neutralidad en la justicia, más que en los votos razonados y las abstenciones al momento de emitir fallos.

Nicaragua está pasando por una etapa de hondas transformaciones en todo el orden político institucional que sólo puede lograrse teniendo profunda conciencia de esa necesidad de cambio. El Estado de Derecho, la Democracia representativa, la participación ciudadana... no son más que los ensueños de un sistema en decadencia que se está desmoronando, y en el que la justicia no es más que otro de sus antiguos compartimentos, ya sin vigencia en sus más nobles enunciados. No es pasando simplemente de un sistema a otro. El problema de la justicia tiene su origen en el Parlamento, en la creación misma de la ley que no se ajusta a nuestra realidad sociopolítica. Es necesario otorgarle a la ciudadanía verdaderos instrumentos de poder, a través de leyes altamente coercitivas a favor del pueblo, para ejercer sus derechos o recursos justamente, en contra de servidores públicos arbitrarios e inoperantes.

¿Es posible crear una instancia distinta y superior a la Asamblea Nacional o la Corte Suprema de Justicia para garantizar una adecuada legislación y correcta aplicación de la ley? De alguna manera debe concretarse la aspiración de hacer temblar a las altas estructuras del Estado para facilitar el acceso al litigante o ciudadano agraviado a una entidad punitiva, que castigue sin piedad y no solamente investigue, a los altos funcionarios públicos. Sólo así la Justicia estaría en manos de quienes verdaderamente la reclaman: el pueblo, la gente, el ciudadano común. De otra forma, estaríamos siempre navegando en la pura miel-cal del undécimo mundo.