Enrique Wheelock Martínez
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Las deplorables condiciones en que se atiende al público en los juzgados capitalinos y la gran desorganización que ha provocado el nuevo y apresurado “sistema de gestión de  causas y despacho judicial”  (exigido por los cheles que mantienen al Supremo  Tribunal),  es un grave atentado contra la ley y los principios clásicos del derecho, al  imponerse sobre la publicidad de los expedientes la celeridad de las causas o la  economía procesal…  una simple normativa de reordenamiento.   A pesar del caos y  desorden laberíntico nunca antes visto, los jueces, secretarios de actuaciones y demás  trabajadores judiciales están reclamando mayores beneficios, nuevos convenios  colectivos y  mejores salarios… que no desquitan con sus despatarrados y ociosos  comportamientos.

Semejante desmedro judicial ha ocurrido casualmente en el cambio de gobierno, generando razonable protesta e inconformidad indescriptibles por parte de algunos sectores que esperaban alguna mejoría en todos los campos de la administración pública.  Las enormes deficiencias del sistema y la falta de un ordenamiento jurídico  coherente son los primeros defectos que afloran en nuestra engorrosa –por no decir  bochornosa- forma de administrar justicia.  

El nuevo sistema  pretende aislar al usuario del despacho del juez y secretaría, para  evitar “supuestos contactos” por debajo de la mesa y simplificar el proceso mediante  ventanillas únicas de recepción.  Pero como pura pantalla cosmética,  porque basta  mencionar que desde hace más de tres años se acabaron para siempre los formatos de  Cédulas de Notificación;  por lo que las partes interesadas tienen que costear la  fotocopia de ese formato con la providencia o auto integrado a la misma para facilitarle  el trabajo a los secretarios de actuaciones que ya tienen ese resabio como estatuto  forense. Y para colmo del detalle,  ya ni los autos de mero trámite pueden caminar,   pues  si el interesado no comparece,  las acciones duermen engavetadas hasta morir.

La retardación de la Justicia, por la que nuestro procedimiento civil admite un recurso  de Queja ante el superior jerárquico,  ha caído en desuso por su inutilidad y  encubrimiento de los mismos funcionarios tocados por la solidaridad profesional, o por  el temor de los litigantes de quedar marcados como quejosos y acarrearse ulteriores  represalias en las respectivas judicaturas. Al final se impone la costumbre de "meter  astillas" a los juicios a través de coimas que impulsan los procesos, ya que los términos  para proveer nunca se cumplen al pie de la letra y si de emitir una resolución se trata, la  misma ley deja ventana abierta a los plazos para extenderse indefinidamente según la  complejidad de las causas, que a la postre todas resultan complicadas.

A veces es tan evidente la desigualdad ante la ley que damos al traste con una serie de  principios nunca tomados en cuenta por nadie,  contrario a la ética jurídica que se  vuelve mera ficción en una aparente Democracia  enarbolada como punta de lanza por  los que se creen forjadores de un "Estado de Derecho".  A ello se suman los vicios de  parcialidad y  tráfico de influencias,  tan generalizados como inducidos por la  costumbre,  porque  son los pudientes los verdaderos dueños de la justicia,  que se  ensaña y luce contra los desposeídos.

El Poder Judicial no escapa a la corrupción institucional,  manifiesta en variados matices y formas de expresión en la máxima jerarquía y demás entidades a su cargo. Un  escándalo provocado por la ilícita distribución  o fuga del botín incautado a reos  condenados por narcoactividad,  lavado de dinero, o de extorsión, por ejemplo,  si se  tiene la suerte de descubrirse, quizá no sea el único caso confabulado en los despachos y  oficinas públicas, ya que la mayoría pasan desapercibidos, se hace mutis,  o se esfuman  con el tiempo hasta causar el tedio en los medios de comunicación que se muestran  impotentes de llegar al fondo del asunto.

Aparte de estas enormes deficiencias, sólo nacidas de la desidia, el desconocimiento o la  falta de principios, el problema asciende a niveles más estructurales ante la ruptura del  equilibrio de poderes, las maniobras burocráticas e injerencias políticas... que generan  conflictos contrarios al espíritu de la ley, la declaración de derechos humanos y al   “sistema democrático" que hoy está caducando en sus más importantes postulados.

Pero en el fondo el gran problema es una legislación inadecuada en la que es dable diferenciar las leyes viejas y obsoletas que esperan tristemente salir de las cavernas del  siglo pasado, en comparación con las pocas normas innovadoras que tratan de avanzar  en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico.  Aquí se legisla tan torpemente  que los diputados no hacen más que aprobar los anteproyectos malogrados  que les  llegan, sin tener el mínimo recato de que son el calco o trasunto fiel de leyes extranjeras  inaplicables a nuestro contexto, a lo que sólo la previsión legislativa podría evitar tantos  defectos e incongruencias que no vienen más que a crear instituciones deficitarias de  adorno y jurisprudencia trastornada.

Algunos tachan la justicia nicaragüense por la simple partidización de los poderes del  Estado como consecuencia de acuerdos políticos denominados pactos, por lo que tratan  febrilmente de despolitizarlos. Pero el meollo del asunto no es la "cultura política"  nicaragüense,  que prioriza el plano de la negociación partidaria ante todo para resolver  cualquier tipo de problema, ya que existe la diversidad ideológica de la que nadie puede  mantenerse al margen.  Otros tratan de encontrar una explicación en la falta de  preparación de los funcionarios, lo que viene a terminar en el mismo cauce: la crisis de  un sistema inveterado, que tiende irremediablemente a colapsar en sus endebles  coyunturas. Así que, no existiría tal neutralidad en la justicia, más que en los votos  razonados y las abstenciones al momento de emitir fallos.

Nicaragua está pasando por una etapa de hondas transformaciones en todo el orden político institucional que sólo puede lograrse teniendo profunda conciencia de esa  necesidad de cambio.  El Estado de Derecho, la Democracia representativa, la participación ciudadana...  no son más que los ensueños de un sistema en decadencia  que se está desmoronando, y  en el que la justicia no es más que otro de sus antiguos  compartimentos, ya sin vigencia en sus más nobles enunciados. No es pasando simplemente de un sistema a otro.  El problema de la justicia tiene su origen en el  Parlamento,  en la creación misma de la ley que no se ajusta a nuestra realidad   sociopolítica.  Es necesario otorgarle a la ciudadanía verdaderos instrumentos de poder,  a través de leyes altamente coercitivas a favor del pueblo, para ejercer sus derechos o  recursos justamente,  en contra de servidores públicos arbitrarios e inoperantes.

¿Es posible crear  una instancia distinta y superior a la Asamblea Nacional  o la Corte  Suprema de Justicia para garantizar una adecuada legislación y correcta aplicación de la  ley?  De alguna manera debe concretarse la aspiración de  hacer temblar a las altas  estructuras del Estado para facilitar el acceso al litigante o ciudadano agraviado a  una  entidad punitiva, que castigue sin piedad y no solamente investigue,  a los altos  funcionarios públicos.  Sólo así la Justicia estaría en manos de quienes verdaderamente  la reclaman: el pueblo, la gente, el ciudadano común.  De otra forma,  estaríamos  siempre navegando en la pura miel-cal del undécimo mundo.