Guillermo Areas Cabrera*
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La manera más simple de definir un estado de derecho sería que es un estado en el cual existe un respeto generalizado de la ley de parte de los ciudadanos y del estado mismo. En Nicaragua, por nuestra falta de cultura, estamos lejos de llegar a un estado de derecho.

Durante su historia Nicaragua ha cambiado muy poco en lo que se refiere al respeto al ordenamiento jurídico de parte del ciudadano común y del Estado mismo. Aun impera la voluntad del Estado y la voluntad del más fuerte, por encima de la ley.

Por ejemplo, la DGI niega el número RUC a  las sociedades que tienen como representante a un extranjero. Lo anterior lo basan  en el Arto. 2º del Reglamento de Organización del RUC, que dice “Corresponde a la DGI todo lo concerniente con la aplicación de las normas legales y reglamentarias del RUC”, y la Normativa Técnica No. 13-2003 de la DGI ,que establece que  para solicitar el número RUC de una sociedad constituida en Nicaragua ,el Presidente de la sociedad tiene que acompañar su Cédula de Identidad o su Cédula de Residente.  Según  ellos, el extranjero residente en el exterior, aunque sea el Presidente y mandatario de la sociedad necesita su cédula de residencia para identificarse.

Esto según la DGI como un  medio  de defensa contra los incumplimientos tributarios de sociedades que tienen presidentes de nacionalidad extranjera, pues un día estos desaparecen y no hay a quien hacer responsable.

Lo anterior suena lógico, pero  no podemos combatir las violaciones de las leyes tributarias violando otras leyes. Promulguemos las leyes que nos protejan de los desmanes de los extranjeros, pero mientras no tengamos esas leyes tenemos que someternos a las existentes si queremos hablar de estado de derecho.

Se viola  la ley al negarle el RUC a una sociedad nicaragüense en la que un socio extranjero es su representante, pues los extranjeros  que pertenecen a uno de los estados que firmaron el Código de Bustamante gozan en el territorio de los otros estados de los mismos derechos civiles que se conceden en ellos a sus nacionales.

No conozco de ninguna ley (Mercantil,Civil o de Inversión) que limite a un extranjero su derecho  a ser Presidente de una sociedad en Nicaragua y ejercer su representación. Por tanto  no se puede penar a esta sociedad negándole número RUC, porque su Presidente sea un extranjero.

El arto. 27 de nuestra Constitución Política establece el derecho de igualdad y derecho de protección ante la ley sin discriminación por motivo de nacimiento o nacionalidad y el artículo 4 del ya mencionado Código de Bustamante establece que los preceptos constitucionales son de orden público internacional, gozando así los extranjeros de las mismas garantías constitucionales que gozan los Nicaragüenses en territorio nacional, salvo las limitaciones establecidas por la misma Constitución y las leyes y no conozco de ninguna en este caso.

La Pirámide de Kelsen nos hace comprender el orden de prelación de los dispositivos legales situando la Constitución en el pico de la Pirámide y en la base de la misma las Normativas  que son emitidas por los Órganos Administrativos.

El Reglamento de Organización del RUC, (Decreto del Ministerio de Hacienda) y la Disposición Normativa que alega la DGI no pueden estar nunca por encima de una ley supra-nacional, como el Código de Bustamante,  la Constitución de la República o las leyes de la Asamblea Nacional .No puede un Reglamento o una disposición Normativa de la DGI restringir los alcances y la aplicación de la Constitución y las leyes dictadas por la Asamblea Nacional.

Tampoco olvidemos que  ningún  cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes ( Arto. 130 Cn) y ningún cargo o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República (Arto. 183 Cn). No conozco de ninguna facultad de la DGI o su Director para dictar leyes, sí sé que pueden dictar Normativas Administrativas y Disposiciones Técnicas.

De acuerdo con lo expuesto,  sinceramente opino que la DGI no tiene, en el sentido estricto de la palabra, facultad para legislar. Lo que sí puede hacer es dictar Disposiciones Administrativas y Circulares Técnicas, las cuales no tienen la capacidad de llenar los vacíos legales, pues esto sólo corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al dictar sentencias  o al legislador mismo cuando interpreta una ley  en aras a su correcta aplicación.

No olvidemos que los Decretos Ministeriales  por lo general tienen un contenido reglamentario y las normativas son dictadas por organismos o instituciones para regular su propio funcionamiento y/o situaciones operativas. Es un error tratar de convertir  las normativas en leyes y pretender que éstas funcionen como tal.

Lamentablemente ésa es una realidad jurídica que vive Nicaragua desde los ochenta  hasta nuestros días y que nos aleja día a día del estado de derecho y nos acerca a un estado regido por  normativas y circulares técnicas donde lo único que nos hace falta es crear una Facultad de Normativas y Circulares Técnicas y suprimir las Facultades de  Derecho.

No entiendo por qué la DGI desea  promover el uso de testaferros en las sociedades.

*Abogado y  notario.  
gareas@cablenet.com.ni