Sergio Simpson *
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El matrimonio presidencial nicaragüense, compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo, pospuso finalmente la reunión con la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), luego de varios meses de no sentarse y dirimir los reclamos de comunicadores desempleados e inconformes con la política de comunicación gubernamental.
Este lunes 5 de noviembre los gobernantes convocaron para reunirse a las doce del medio día con los directivos, luego trasladaron la cita a las cinco de la tarde, y finalmente la suspendieron.
Después del primero de marzo, día del periodista nicaragüense, y firma de actas, el presidente Ortega y su esposa no reciben a la junta, incumpliendo con el compromiso de revisar acuerdos una vez al mes.
Principalmente, los comunicadores demandan democratización del procedimiento para contratar espacios publicitarios en medios de comunicación pequeños y medianos. El gobierno y Estado, mayoritariamente, pautan publicidad con periodistas oficiales.
Los cortos publicitarios continúan manejados como un regalo, una ayuda, o el pago de un favor personal de campaña partidaria. No existe un procedimiento legal, una licitación con oferentes, para la ejecución.
El gobierno no ha respetado los procedimientos acordados con los directivos para la contratación de comunicadores ministeriales y de entes autónomos. No ha sido determinante la calificación profesional, pues no se hizo público el llamado para aplicar al cargo de relaciones públicas.
Pero el Estado nicaragüense además incluye como cargo de confianza a un relacionista público, de una institución pública que administra dinero público. Contraviene el derecho de la sociedad a estar informada de la ejecución del presupuesto y fiscalizar, aportar, comunicar lo que piensa.
Los relacionistas públicos, a todas luces, son contratados para proyectar la imagen del ministro, director, presidente, alcalde, y no para establecer comunicación entre funcionario y sociedad, Estado y pueblo.
El CPN debe ser intransigente, exigir al Estado procedimientos transparentes en la contratación de empresas y personal que ofertan servicios de comunicación social. Debemos darle categoría profesional al periodismo, superar la oferta por cepillada o venado. La noticia no es lo mismo que el negocio.
El CPN, como cualquier otra organización social o gremial, debe reclamar a los funcionarios de Estado el respeto a los derechos del gremio, la eficiencia, eficacia y transparencia con la administración pública.
Los miembros del CPN debemos hacer sentir nuestra inconformidad por todos los medios que tenemos a mano. La JD del CPN debería enviar una carta al matrimonio presidencial, con copia a todos los periodistas nacionales y extranjeros, en Nicaragua y otros países, en donde le exponga la incomodidad y la agenda de negociación.
La experiencia debe enseñarnos. Durante los últimos años, los presidentes, ministros, diputados, magistrados, directores, alcaldes, han exacerbado su imagen comercial con dinero público contratando a periodistas y medios del partido gobernante o muy afines.

Las exclusiones de siempre, para los periodistas vistos de menos por los políticos y funcionarios públicos que sacan limosna del bolsillo y pagan servicios publicitarios.
El pueblo tiene derecho a estar informado, y mientras menos periodistas no oficiales existan, más rico resultará el intercambio de información, más libertad de pensar, hablar y escribir.
La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua tiene en sus manos la oportunidad de iniciar una nueva etapa del periodismo nacional, una nueva relación con los políticos y el Estado, de respeto y consideración profesional.

* Centro de comunicaciones y estudios sociales (Cesos)
http://sergiosimpson.ysublog.com