Jorge Eduardo Arellano
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En los últimos días, diputados de la Asamblea Nacional han desatado una feroz campaña contra los organismos no gubernamentales, conocidos como ONG. Los legisladores oficialista (FSLN) han manifestado que los dirigentes de las ONG se dedican ha criticar todo lo que hace el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, arguyendo que esa actitud no la tuvieron con los gobiernos anteriores, lo que constituye (según los diputados pactistas) una invasión al campo político, cuyo tema es de uso exclusivo de los partidos políticos. El Honorable diputado Wálmaro Gutiérrez, en un medio de comunicación televisivo expresó, que si las ONG quieren hacer política, que se organicen en Partidos para que puedan entrar al debate político.

Los diputados del FSLN y del PLC están amenazando a las ONG con revisarlas en cuanto a su personería jurídica, usando como instrumento represivo al Ministerio de Gobernación. El tono intimidatorio utilizado busca poner un alto a las críticas de las ONG contra el actual gobierno. Esta situación tiene su origen por las declaraciones que dio el embajador de los EU, Paul Trivelli, quien expresó que la agencia Usaid está apoyando en capacitación a las ONG, de cara a los comicios municipales del mes de noviembre del corriente año. El gobierno, en la voz de los diputados, tiene temor de que ayuda norteamericana sea canalizada en forma directa a los organismos de la sociedad civil, pues el Poder Ejecutivo considera erróneamente que el único que debe tener relaciones y recibir ayuda de los gringos es el gobierno, y nadie más.

Considero de suma importancia aclararle a los diputados de la Asamblea Nacional, algunos conceptos sobre si es lícito o ilícito que los ONG, como organización de la sociedad civil, pueden esgrimir críticas al gobierno de la República; si para poder esgrimir señalamientos sea necesario hacerlas desde un partido político; si por el contrario los ciudadanos pueden en forma individual o colectiva ejercer el derecho a la crítica sin mayores requisitos.

Es necesario determinar si la actuación de las ONG constituyen una violación a la Ley que norma y regula la existencia de los organismos no gubernamentales.

La Ley No. 147, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de marzo de 1992, es la fuente de derecho de las Asociaciones sin Fines de Lucro. La Ley contiene 29 artículos, en ninguna parte consta como proscripción que las Asociaciones no puedan hacer críticas a las políticas gubernamentales. Lo que la Ley establece es que este tipo Asociaciones tienen que ser sin fines de lucro. Cuando se viole ese principio es cuando una ONG puede perder su personería jurídica. Mas en todo el cuerpo legal, no aparece ningún impedimento para hacer señalamientos al gobierno de turno. Existe un principio constitucional que dice: “Nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe (Arto. 32 Cn.)”.

Ahora bien, quizás la “confusión” de nuestros legisladores puede ser el acta constitutiva de las Asociaciones, donde se consigna que el organismo es apolítico, apartidista y no religiosa. Sin embargo, tal disposición nada tiene que ver con terceras personas que no son parte del contrato (los diputados); ese principio es de carácter interno, ya que los miembros que integran la organización son personas con diferentes credos político y religioso. En todo caso, a quien corresponde llamar la atención a los dirigentes de la ONG, por su supuesta y reiterada crítica al gobierno, es a los afiliados de cada Asociación. De manera que la alharaca de los diputados contra las ONG no tiene ningún fundamento legal.

Es menester destacar que la Ley No. 147 no sólo rige a las Asociaciones civiles, sino que también a la Iglesia Católica y las Evangélicas, quienes están sujetas a las disposiciones de esa ley. Todos sabemos que en este país los jerarcas de Iglesia Católica (sacerdotes y obispos) son las personas que más participan en asuntos políticos y de gobierno. Con frecuencia escuchamos por los medios de comunicación social cómo dirigentes de la Iglesia Católica y Evangélica, opinan y practican una política partidista, se involucran temas de gobierno y Poderes del Estado. Sin embargo, sobre esa excesiva participación política de las ONG religiosa, los diputados se hacen los ciegos y sordos. A estas ONG no le formulan la más mínima crítica, ni los amenazan con echarle al Ministerio de Gobernación.

En todo este asunto se observa la hipocresía y la doble moral que tienen los diputados del FSLN y del PLC, ya que ese valor que tienen contra los organismos no gubernamentales de la sociedad civil, cobardemente lo escoden ante las ONG del sector religioso. Nunca nuestros diputados se han fajado los pantalones para criticar a sacerdotes, obispos y pastores de la Iglesia Evangélica por su extrema y excesiva participación en los asuntos políticos de este país.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, como mensajero del gobierno, se exhibe en sus declaraciones contra las ONG, acusándolas de participar en asuntos políticos, en un claro y manifiesto desconocimiento a los derechos constitucionales que tienen los nicaragüenses. Les dice a las ONG que se organicen en partidos para tener derecho de opinar en temas políticos.

Sugiero al legislador que lea el Arto. 48 Cn., que dice: “Que es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses, y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.

Si ese precepto constitucional no es suficiente, le propongo que analice el Arto. 52 de la carta magna, el cual dispone: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva a los Poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuestas y de que se le comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

Cualquier organización de la sociedad civil, sea sindicato, cooperativa, organizaciones populares, empresarial y asociaciones sin fines de lucro, están constitucionalmente facultadas para hacer críticas al gobierno y a cualquier Poder del Estado. La Constitución Política de Nicaragua, por ninguna parte establece que sea una condición estar constituido en Partido Político para formular críticas al gobierno.

Los Partidos Políticos en este país, desde hace mucho tiempo están desprestigiados ante el pueblo de Nicaragua. Los diputados de la Asamblea Nacional no representan los intereses de la población, ya que los legisladores a quienes representan es a los caudillos de sus partidos políticos. La ciudadanía frustrada de los políticos, han encontrado en las ONG una válvula de escape. Éstas se han constituido en una trinchera de lucha por medio de la cual expresan su sentir y malestar, contra un modelo que está plagado de corrupción política. Los diputados con su ataque a las ONG quieren callar esa alternativa de lucha que el pueblo ha encontrado en las ONG. Los diputados, con su reacción, quieren despejar el camino para que sólo los partidos políticos tradicionales tengan el monopolio en la actividad política, sin que nadie haga competencia a las embrionarias paralelas históricas en que pretenden constituirse los partidos FSLN y PLC.


*Abogado y notario público.