Jorge Eduardo Arellano
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Si hay un movimiento revolucionario acribillado ante la opinión pública por la industria mediática internacional al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas, ha sido el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), única guerrilla que sobrevive con las armas en la mano en América Latina, y un ejemplo de perseverancia y firmeza en la lucha revolucionaria que resulta intolerable para la reacción e incómodo para los revolucionarios de salón.

Colombia es un país en situación de terror permanente, pero no a causa de la guerrilla de las FARC, sino del genocidio sistemático y la represión más prolongados en la historia de América Latina, patrocinados por el Pentágono y las transnacionales, e invisibilizados por la maquinaria mundial de la desinformación.

Conocer ese contexto es indispensable para comprender las características que ha tenido la guerra que allí se libra y que se ha tratado de ocultar como una realidad ante el mundo entero. La guerrilla de las FARC es la más antigua organización campesina de resistencia armada frente a los atropellos y desmanes de la oligarquía terrateniente asociada con las transnacionales y el narcotráfico, que en determinado momento creó las temibles fuerzas paramilitares, tan sanguinarias y desprestigiadas que hasta los políticos de derecha han tenido que renegar de ellas.

En Colombia, sobre todo en las áreas rurales, ser sindicalista es una de las ocupaciones de más alto riesgo que existen: cuando la oligarquía gobernante no logra asesinar a los dirigentes sindicales, les montan juicios prefabricados acusándolos de ser miembros de las FARC y por tanto terroristas según la derecha colombiana, o simplemente los capturan en sus casas y luego son presentados como capturados en combate, y les imponen largas condenas a prisión.

De esos secuestrados por luchar en defensa de sus derechos más elementales, nadie habla; no hay campañas ni grandes despliegues publicitarios con sus imágenes languideciendo tras los barrotes de la prepotencia oligárquica, porque ellos son humildes campesinos, estudiantes, gente del pueblo que lucha con valentía por sus derechos y sus ideas, y no políticos de renombre que andan detrás de los cargos públicos dentro de un sistema opresor y decadente.

Las personas que se encuentran cautivas en la selva en manos de las FARC están divididas por la guerrilla en dos categorías: los prisioneros de guerra (alrededor de 500) y los rehenes canjeables (aproximadamente 40) precisamente a cambio de la entrega de esos dirigentes campesinos injustamente encarcelados y de algunos guerrilleros que han sido capturados. En eso consistiría el intercambio humanitario propuesto por las FARC, y que el gobierno de la ultraderecha colombiana se niega a aceptar; es decir, sólo las FARC ofrecen una salida justa para poner fin al drama de los secuestrados.

Todos los cautivos en manos de la guerrilla son militares y personalidades de la clase política colombiana; en el primer caso, por razones obvias: allí hay una guerra y los militares cautivos son prisioneros de guerra; en el segundo caso, la gran mayoría de quienes pertenecen a la clase política en Colombia son personas que sistemáticamente fingen demencia frente a la situación real del país, y con su participación en la vida política institucional haciéndose los suecos ante la tragedia humana que vive el campesinado colombiano desde la década de los cincuenta, se convierten en cómplices de esa situación, al legitimar el estado de cosas que impera en aquel país: pecan por omisión, al no denunciar lo que verdaderamente ocurre.

Por tanto, la única manera de hacer que asuman esa realidad que pretenden ignorar en el país por el que dicen ofrecerse a trabajar y por el que supuestamente se preocupan, es haciéndolos parte de ella; realidad ante la que habían actuado con gran indiferencia hasta que les tocó entrar en verdadero contacto con ella.

El terrorismo --tal como se le concibe en la actualidad al margen de toda politiquería-- es la práctica de acciones violentas con el objetivo de intimidar al adversario, sabiendo de antemano que habrá víctimas inocentes o ajenas al conflicto. Eso nada tiene que ver con el problema del secuestro en la guerra civil que vive Colombia desde hace más de medio siglo. Sí tiene que ver con el genocidio selectivo que cometen las transnacionales, los paramilitares y el Ejército colombiano contra los dirigentes campesinos en Colombia.

No existe, por tanto, razón alguna para considerar terrorista a la guerrilla de las FARC, ni para negarse a reconocer su estatus de fuerza beligerante.

También las FARC han sido acusadas de narcotráfico por el principal país consumidor de drogas en el mundo, los Estados Unidos. Nadie ha comprobado jamás nada que vincule a la guerrilla colombiana con la narcoactividad, e incluso ahora mismo en los Estados Unidos la derecha está pasando grandes apuros porque no ha habido manera de que puedan condenar por delitos vinculados al narcotráfico a los dirigentes de las FARC extraditados por el Gobierno colombiano.

Los revolucionarios nicaragüenses, los sandinistas, los militantes del FSLN, nos enorgullecemos de ser solidarios hasta las últimas consecuencias con los luchadores revolucionarios de Colombia, al brindar asilo político --derecho universalmente reconocido, por lo demás-- a dos guerrilleras de las FARC y al otorgar, hace pocos años, la “Orden Augusto C. Sandino” al guerrillero que más tiempo en la historia permaneció alzado en armas (sesenta años), el recientemente fallecido y legendario revolucionario colombiano, Comandante en Jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Actos como estos confirman con una claridad que ilumina a los perdidos en el camino y ciega a los que ya lo abandonaron, la identidad ideológica y el compromiso revolucionario del FSLN y en especial de su principal dirigente, el Comandante Daniel Ortega.