Carlos Fonseca Terán
  • |
  • |

La oligarquía nicaragüense y sus hijos de casa se la han pasado todos estos años diciendo que el principal problema de Nicaragua es la partidización de las instituciones, mientras el FSLN ha planteado reiteradamente que la prioridad en el debate político nacional debe ser la agenda socioeconómica, debido a la pobreza reinante en un país con grandes recursos y riquezas; y que mientras no se priorice el problema socioeconómico, los problemas políticos no podrán resolverse.

Pero eso no significa que el FSLN no tenga una propuesta para la transformación política del país, reiteradamente expuesta desde hace más de diez años y que tiene dos componentes: el Poder Ciudadano y la instauración de un régimen parlamentario. De modo que ahora, desde el Gobierno, el sandinismo impulsa lo que sencillamente ha sido un planteamiento político sistemático y consistente del FSLN, impulsado públicamente por el Comandante Daniel Ortega desde el 19 de julio de 1995, no sin antes echar a andar sus políticas fundamentales en el ámbito socioeconómico.

Al hacer el FSLN su propuesta de instaurar un régimen parlamentario en Nicaragua, de pronto la oligarquía y sus apéndices descubren que los principales problemas del país son socioeconómicos, y se rasgan las vestiduras porque se está hablando de parlamentarismo en medio de desastres naturales y epidemiológicos ante los cuales las mayores contribuciones de estos señores han sido una marcha contra el Poder Ciudadano en pleno huracán Félix, y luego la instrumentalización de personas hambrientas a causa del neoliberalismo y no del huracán, reclamando se les entregue a ellos la provisión destinada a los damnificados de las comunidades rurales. Aunque en realidad, los que más han hablado del parlamentarismo han sido sus detractores.

Los voceros oficiales y oficiosos de la oligarquía califican como inoportuno hablar ahora de política porque acaban de descubrir que hay hambre y miseria, aunque es precisamente de política que han pasado hablando ellos todos estos años que no han sido precisamente de abundancia. Pero por otra parte, piden que se haga un referéndum para que la población se pronuncie sobre el cambio de régimen político; entonces, ¿en qué quedamos? Ellos dicen que no debe hablarse de política porque hay cosas más importantes, pero proponen hacer un referéndum aunque el marco jurídico del país no obligue a ello y habiéndose hecho una elección nacional hace apenas un año; o sea que proponen todo un proceso electoral con todos los gastos que ello conlleva, y que podrían ser utilizados para mitigar los efectos de los desastres por los que tanto dicen preocuparse.

Estos señores ya olvidaron que cuando muchos de ellos mismos hicieron en 1995 la reforma más profunda que se ha hecho a nuestra Constitución en el más radical traspaso de facultades del Poder Ejecutivo al Legislativo del que se tenga noticia en nuestra historia, ninguno de ellos se acordó de hacer Referéndum, y poco les importó ser representantes de una pequeñísima fracción del electorado, en vista de que en su mayor parte eran diputados pertenecientes a partidos minúsculos, que aprovecharon el momento para hacer aquella reforma a la medida de su insignificancia política. Ese fenómeno de una Asamblea Nacional dominada por pequeñas fuerzas políticas se debió a que la mayor parte de los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN, y los diputados del PLC habían sido electos antes de que este partido se convirtiera en la fuerza política que ya era cuando se hicieron esas reformas.

En cambio, y debido al requisito del voto calificado, una reforma constitucional en la actualidad sólo podría hacerse con el concurso de fuerzas políticas que sumaran la inmensa mayoría del electorado nacional, cuyo respaldo recibieron en un sufragio cuyos resultados son recientes; una razón más para considerar innecesario el famoso referéndum. Pero si la propuesta del régimen parlamentario, en lugar de estar siendo negociada entre el FSLN y el PLC, lo estuviera siendo entre el PLC y el ALN, para los analistas políticos ya no sería un Pacto entre caudillos, funesto para los intereses de la nación, sino un Acuerdo patriótico entre las fuerzas democráticas del país para bien de los nicaragüenses.

En esencia, el Parlamentarismo consiste en hacer política dialogando; es un régimen político que obliga a las partes a buscar consenso, y es idóneo en un sistema democrático basado en la potestad decisoria de una ciudadanía activa y deliberante, no pasiva y delegataria de su soberanía como ha ocurrido hasta ahora debido a las limitaciones de nuestro sistema político democrático representativo, en el que los ciudadanos solamente eligen, pero no deciden. El parlamentarismo permite el mayor y más estable espacio político institucional posible para todas fuerzas vivas de la nación, en aras de la búsqueda sistemática del consenso, en que el predominio de la mayoría no significa la anulación de la minoría.

La polémica sobre el contenido de la reforma constitucional se ha centrado, sin embargo, en aspectos superficiales de la misma, tales como la reelección o los cargos vitalicios. Se ha dicho, por ejemplo, que la reelección es incubadora de dictaduras; nada más falso: el esquema actual de reelección no continua fue lo que funcionó durante la dinastía somocista, y no la reelección continua que condenan quienes se muestran preocupados por la supuesta tendencia dictatorial de tal precepto, que es por cierto el que rige en los Estados Unidos, donde es costumbre que los Presidentes se postulen para un segundo período, único permitido.

La única reelección consecutiva durante los cuarenta y dos años que duró la dinastía somocista fue frustrada por el ajusticiamiento del primer Somoza a manos del poeta y patriota leonés Rigoberto López Pérez. Durante la mayor parte del tiempo que duró el somocismo, la reelección continua estuvo prohibida por la Constitución. Para burlar esa inhibición jurídica, los Somoza hicieron uso de diversos testaferros como René Schick en los años sesenta y el Triunvirato liberoconservador del kupia kumi a inicios de los setenta.

Contrario a lo que ahora afirman los expertos en demagogia y manipulaciones, jamás en su historia el FSLN se pronunció contra la reelección presidencial como parte del marco jurídico político del país; por eso la Constitución antes de 1995 no prohibía la reelección. Por lo demás, la lucha del FSLN durante el somocismo no fue nunca contra una simple dictadura, sino contra el sistema capitalista cuya manifestación concreta, ciertamente, era esa dictadura impuesta por el imperialismo norteamericano.

A fin de cuentas, la no reelección es antidemocrática por despojar al pueblo de su derecho a pronunciarse acerca de si quiere o no que siga siendo Presidente quien se encuentre ejerciendo dicho cargo al momento de una elección. Los malos gobernantes difícilmente podrían superar esta prueba, y el pueblo tiene derecho a que, si es esa su voluntad, los buenos gobernantes continúen ejerciendo sus cargos públicos para bien de la nación. Por otra parte, la no reelección pierde toda razón de ser cuando se trata de aplicar a un Presidente con muchos menos poderes que los ejercidos tradicionalmente por quienes han ostentado dicho cargo, o a un Primer Ministro que está sujeto a su revocación por el Parlamento. Con más razón aún si se establece, como se debería, la revocabilidad de todos los cargos públicos de elección popular, tal como ocurre en Cuba y Venezuela, países paradójicamente acusados de antidemocráticos por los autoproclamados dueños postmodernos de la verdad, la moral y hasta el buen gusto.

La no reelección, pues, no es garantía de que no habrá dictadura, ni crea condiciones propicias para evitarlo; y la reelección no tiene por qué ser motivo para la instauración de una dictadura, pues ésta no se define por la cantidad de tiempo que alguien permanece al frente del Estado o el Gobierno, sino por la forma en que ha llegado al cargo que ostenta y por el funcionamiento de la vida política en una sociedad dada.

Otro tema polémico ha sido el de las magistraturas y diputaciones vitalicias, en este último caso para los ex Presidentes. Lo cierto es que la mejor garantía para la tan cacareada despartidización del Poder Judicial es que quienes lo dirigen no estén preocupados por quedar bien con tal o cual partido para que lo vuelva a proponer al mismo cargo una y otra vez, y las magistraturas vitalicias resuelven eso. En cuanto a las diputaciones vitalicias para ex Presidentes, al menos es mejor eso que la pensión a ellos otorgada hasta ahora, pues como Diputados recibirían sus ingresos por trabajar.

Un argumento malinchista y fuera de toda realidad es que el parlamentarismo sólo trae estabilidad cuando es aplicado en países con una cultura política mucho más civilizada y tolerante que la nuestra; sin embargo, este régimen político se instauró en Europa cuando ésta no era el continente pacífico que se conoce hoy, sino precisamente el escenario de las más terribles guerras que ha conocido la humanidad.

Ni el presidencialismo ni el parlamentarismo son garantía de la democracia, pero el parlamentarismo ofrece mejores condiciones para ella, sobre todo si lo que se quiere es la construcción de una ciudadanía activa y beligerante, que como consecuencia debe ser también deliberante como nuevo actor social y político.